El país no puede seguir con impuestos ocasionales para financiar la guerra

Tras una gira por el Urabá antioqueño, el jefe de la cartera de Defensa, dijo en declaraciones radiales que "es mejor tener unas rentas previsibles y permanentes para financiar la seguridad democrática". Este programa es el plan bandera del Presidente Uribe que le ha permitido asestar duros golpes a los grupos al margen de la ley, y mantenerse en el poder durante dos períodos sucesivos, con posibilidades de uno tercero.

Santos aclaró que una propuesta de esta naturaleza no quiere decir que el impuesto "se va a mantener eternamente este impuesto al patrimonio que pagan los contribuyentes más prósperos". Actualmente afecta a los empresarios con capitales superiores a los $3.000 millones que son gravados con el 1,2%.

Los analistas recuerdan que en el país todo impuestos temporal se vuelve permanente, que cuesta desmontarlo, y si se hace más extensivo este tributo sin fecha de expiración, se quedará de por vida, como sucede actualmente con el cuatro por mil que ya se convirtió en necesario para el Ejecutivo que no encuentra otra forma de sustituir esos recursos.

El vigente impuesto al patrimonio que cancelan alrededor de 7.000 contribuyentes expira en 2010, y desde ya el Presidente Uribe está creando el ambiente para que una iniciativa de esta naturaleza tenga acogida en el Congreso cuando sea presentada.

Contradictores y defensores del Gobierno reconocen que los recursos recaudados con el impuesto al patrimonio han servido para fortalecer las fuerzas militares para enfrentar con éxito los embates de la subversión.

En el partido Liberal, principal opositor de la política de la administración Uribe no existe unanimidad para rechazar la creación de este tributo. Mientras voceros de la colectividad descalifican la posibilidad de que el Gobierno haga permanente el impuesto, el senador Camilo Sánchez se ha mostrado partidario de asegurar recursos que demanda el programa de la seguridad democrática.

Por su parte el senador conservador, afin al Gobierno, propuso que se imponga para capitales superiores a $5.000 millones y no se contempla hacerlo extensivo para todos los colombianos.