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El pasado 25 de noviembre fue la última fecha de los Juegos Nacionales del Eje Cafetero 2023. El Valle fue el departamento ganador, con un total de 489 medallas, pero, como ya es usual en este tipo de eventos deportivos, la organización no escapó de la polémica. En cabeza de la Procuraduría, funcionarios públicos denunciaron demoras en varios escenarios y posibles casos de corrupción que inevitablemente recuerdan lo sucedido en 2015. Las autoridades todavía están tras la pista de los responsables de un desfalco millonario de los Juegos Nacionales que se celebraron en Ibagué, donde, según un fallo de responsabilidad fiscal, se habrían embolatado $33.758 millones.
Un informe reservado de la Fiscalía, al que tuvo acceso este diario, revela que entre las personas involucradas en esta trama corrupta habría un viejo conocido de Emilio Tapia, el empresario condenado por el caso conocido como el carrusel de la contratación de Bogotá, hoy procesado por el escándalo de Centros Poblados. Se trata de Jalim de Jesús Rebaje, un cuestionado empresario de la costa atlántica. Su nombre ha sido mencionado en medio de las investigaciones por hechos de corrupción en un billonario contrato entre el Ministerio de las Telecomunicaciones (Mintic) y Centros Poblados y también por supuestamente haber agredido a una médica barranquillera.
El informe de la Fiscalía, elaborado en 2019 por funcionarios del CTI con base en documentos, chats, fotos y testimonios, señala que Rebaje y otros empresarios habrían pasado de agache en el escándalo del desfalco de los Juegos Nacionales en Ibagué. Además, según la Fiscalía, habrían obtenido contratos entregando millonarios sobornos, con el aparente aval del Grupo Ortiz, una multinacional española que sucedió a Odebrecht en el contrato de la Ruta el Sol 2. Como lo contó El Espectador en septiembre pasado, los españoles también están bajo el radar de las autoridades, pues su participación en la construcción de los escenarios deportivos en Ibagué tiene serios indicios de corrupción.
El Grupo Ortiz siempre ha negado cualquier participación en negocios turbios. Sin embargo, el documento de la Fiscalía, además de apuntar contra la cúpula de la firma europea, abre la posibilidad de la existencia de otros involucrados en esa red de corrupción en Ibagué, por la que ya existen algunas condenas y hay procesos en juicio. Entre ellos, el de Jorge Alexánder Pérez, más conocido como el Chatarrero, representante legal de uno de los consorcios que ganó un contrato para construir un escenario deportivo y que, a su vez, era controlado por el Grupo Ortiz. Pérez intentó, sin éxito, negociar con la Fiscalía en 2019, pero su colaboración quedó plasmada en el informe conocido por este diario.
En ese documento, Pérez dio información que salpica al Grupo Ortiz y a Rebaje. Según lo plasmado por la Fiscalía, Juan Carlos Pulido Cuevas, encargado de las relaciones públicas y comerciales del Grupo Ortiz en Colombia, junto con Rebaje y otros empresarios “se concertaron para amañar los pliegos de condiciones, definir el pago de coimas del contrato del parque deportivo en Ibagué. Contrato que representaba el 70 % del presupuesto que habían destinado Coldeportes y la nación para invertirlos en estos nuevos escenarios deportivos que nunca se hicieron, pero que fue cobrado en un 100 % del anticipo destinado para esta obra, alrededor de $16.000 millones”.
Además, dice el informe, “recibieron pagos por obras no ejecutadas y sobrevaloradas que no han sido recuperados a la fecha”. El documento elaborado por funcionarios del CTI asegura que el Chatarrero, Rebaje, Pulido Cuevas y otras personas planearon el amaño de los contratos en varias reuniones adelantadas en el hotel Estelar en Ibagué en 2014. A su vez, se encargaron “de una negociación en Barranquilla en cuanto a la consecución de los dineros de dudosa procedencia” que serían destinados a pagar el soborno. Este diario se contactó con Rebaje y Pulido Cuevas (quien ya no trabaja con el Grupo Ortiz) para conocer su versión de los hechos narrados en el informe.
El primero dejó de responder cuando se le preguntó por su supuesto rol en la red de corrupción. El segundo negó tener participación alguna en hechos al margen de la ley y que el Chatarrero le mintió a la Fiscalía. “Durante el tiempo que trabajé con el Grupo Ortiz se mantuvieron con los más altos estándares de ética y principios morales. Debo aclarar que mis funciones y jerarquía no era los acercamientos con personas del Gobierno Nacional o regionales. Es bueno también comentar que durante los procesos licitatorios de los juegos de Ibagué yo pase la mayor parte del tiempo fuera del país, debido a mis ocupaciones profesionales, así que no participé en esas supuestas reuniones”, aseguró Pulido.
El vínculo con Emilio Tapia y el Grupo Ortiz
Desde 2021, cuando se conoció que el Ministerio de las TIC de Karen Abudinen entregó un millonario contrato para brindar internet a miles de escuelas rurales colombianas a personas cercanas al corrupto empresario Emilio Tapia, el nombre de Jalim Rebaje empezó a hacerse público cuando sus empresas aparecieron en la unión temporal que ganó la licitación y se quedó con un anticipo de $70.000 millones. Entre la compleja red aparece Omega Buildings (hoy en liquidación), una compañía considerada ficticia que estuvo en manos de Rebaje y otros empresarios cercanos a él, como Juan Carlos Jubiz Rivera y Juan Sebastián Vergara Ortega.
Este último, a su vez, sería el eslabón entre Rebaje y el Grupo Ortiz. Entre 2019 y 2020, la empresa española contrató a Omega Buildings, en ese momento controlada por Vergara Ortega, para apoyar en la construcción de una nueva calzada entre Remedios y Zaragoza, más el mejoramiento de la calzada actual del tramo Zaragoza y Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. Esa conexión entre Omega y el Grupo Ortiz también quedó reflejada en un reciente fallo en el que un extrabajador de Omega demandó a la empresa por no pagar su liquidación. En la sentencia, la firma colombiana y la española fueron condenadas y la justicia les ordenó pagar el dinero que se debe.
El Espectador se contactó con el Grupo Ortiz, que niega cualquier vínculo con Jalim de Jesús Rebaje e insistió en que ningún miembro de la compañía ha participado en hechos ilegales. El penalista Jaime Granados, abogado del Grupo Ortiz en Colombia, le dijo a este diario que la firma española “está en contra de cualquier tipo de actuar al margen de la ley que busque alterar el curso legal de los procesos de licitación y adjudicación de los contratos en los que participa. Pérez fue designado como representante legal del consorcio y en tal medida su actuar era independiente y autónomo, por demás, se aclara que en el interior de la entidad las decisiones se tomaban por unanimidad y no por mayoría”.
Sobre esas denuncias plasmadas en el informe secreto de la Fiscalía, aún no se sabe por qué la Fiscalía nunca intentó constatar si las acusaciones del Chatarrero eran reales o falsas. Incluso, en mayo pasado, en una audiencia en la que el juez que adelanta el juicio en contra del Chatarrero pidió explicaciones a la Fiscalía de por qué no se ha presentado para seguir adelante con el proceso. El fiscal Daniel Hernández intervino en el proceso para aclarar que no era el encargado de la investigación y que solo había sido parte del caso cuando el exfiscal general Martínez le encargó escuchar al Chatarrero.
“Las pruebas recolectadas eran importantes. Supremamente relevantes sobre casos de corrupción del nivel de Odebrecht”, expresó el fiscal durante la audiencia de hace tres meses, a la que tuvo acceso este diario. “La de Jorge Alexánder Pérez fue una colaboración importante. Fuerte”, concluyó Hernández. Lo cierto es que esas obras que estaban a cargo del Grupo Ortiz en Ibagué y sus socios nunca se concretaron y hoy, en manos de otros empresarios, siguen sin ser concluidas. Incluso, hay pleitos judiciales por el dinero que nunca apareció y se habría quedado en manos de empresarios corruptos.
Por David Escobar Moreno
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