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Cuando torrenciales aguaceros generan avalanchas, destruyen casas, arrasan carreteras e inundan poblaciones, nos llegan noticias de toda Colombia que empiezan diciendo: “Dadas las fuertes lluvias…”. La noticia desinforma; debería decir: “Dada la falta de medidas de adaptación al cambio climático, los fuertes aguaceros…”.
El Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, por su sigla en inglés), creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y cuyo propósito es proveer información al mundo sobre la dinámica y los efectos provocados por el cambio climático, pronosticó desde hace más de 20 años, basado en evaluaciones científicas exhaustivas, que una de las expresiones del cambio climático serían los climas extremos caracterizados en las zonas tropicales por intensas sequías alternadas con la ocurrencia de fuertes lluvias.
Esto llevó a que los ambientalistas, a través del Consejo Nacional de Planeación y desde 2010 en sus recomendaciones para ajustar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), propusiéramos al Gobierno de Colombia que el eje del PND fuese: “La adaptación y mitigación al cambio climático”. Se insistió con esta propuesta sobre el PND 2014-2018 y se volvió a mencionar para el PND 2018-2022. Sin embargo, en ninguno de los tres casos fue acogida con la fuerza y el significado requeridos. Lo propuesto, para priorizar la inversión, no es fruto de la imaginación de los ambientalistas y menos una propuesta del ambientalismo extremo “en su pretensión de oponerse al desarrollo”. Es el resultado de la cuidadosa lectura del análisis y las recomendaciones del IPCC.
Todos sabemos que prevenir desastres evita costos sociales y económicos, y que atenderlos es muy costoso. Paradójicamente, el imperativo político es atender desastres y no evitar riesgos.
Prevenir no genera favorabilidad política, pues supone restricciones tales como no ubicar viviendas en lugares de riesgo por deslizamiento o reubicar las que allí se encuentren; no desecar ciénagas y otros reguladores naturales de las corrientes hídricas; no construir viviendas, ni cultivar en los bordes de cauces de agua o nacederos; proteger la vegetación natural o reforestar las riveras, para contribuir a la regulación hídrica y evitar que las aguas erosionen los bordes, generando deslizamientos y sedimentación.
Otras acciones exigen inversiones anticipadas, como aquellas relacionadas con las vías: es necesario ampliar cunetas, puentes y alcantarillas, y estabilizar taludes con pendientes y cobertura vegetal adecuadas que mitiguen el impacto de las lluvias torrenciales. Todo parece sentido común, pero todos desatendemos estas inversiones.
Los gobiernos dedican mucho más dinero a atender desastres que a prevenirlos, y el cambio climático nos pasa altas cuentas de cobro: vías importantes se encuentran bloqueadas, pueblos enteros y grandes extensiones están bajo el agua, y las torrenciales lluvias amenazan multiplicar los desastres. En este invierno hay más de 13.000 personas afectadas y más de 1.000 viviendas destruidas. Tenemos que aprender a ser previsivos, debemos realizar un enorme esfuerzo económico y político para disminuir nuestra vulnerabilidad ante los climas extremos. Hay múltiples y urgentes acciones que exigen reorientar el gasto público y modificar el comportamiento ciudadano. El primer paso: transmitir al público la noticia, incluyendo su verdadera causa: “Dado que no hemos tomado las medidas adecuadas, el cambio climático que se expresa en lluvias torrenciales está generando…”.
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