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Jhonathan Cortés y Karo Cepeda no salen de su casa hace 115 días. Desde el 29 de octubre, en audiencia ante un juez de control de garantías se determinó que seguirían el proceso penal con detención domiciliaria. Pasaron de estar en una URI a estar bajo llave en su hogar. Extrañan la libertad, esa que perdieron, porque la Fiscalía los vinculó como coautores de tres hechos delictivos, pero dicen que, si ese es el precio por informar están dispuestos a pagarlo una vez más.
Tienen 21 y 19 años, respectivamente, y les imputaron seis delitos. Se habla de concierto para delinquir, perturbación al transporte público, pero los más graves son tentativa de homicidio y terrorismo. Pese a que el ente investigador asegura tener pruebas “contundente”, otra es la versión de ellos, porque con respaldo en mano justifican cada paso que dieron los días en los que ocurrieron los casos y por los que los quieren condenar.
Los cuatro meses que llevan en prisión domiciliaria les ha servido para reflexionar. No porque hayan cometido algún delito, dicen, sino para afianzar la idea de que existe represión social, estigmatización y criminalización a la libertad de expresión. Y como el tiempo libre es tanto cuando se está detenido, se han dedicado a estudiar cada papel que emite la Fiscalía y así han aprendido de derecho penal, que les ha permitido encontrar una que otra falla en el proceso.
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Llegar a donde están hoy pareciera que fue un episodio tan corto, que pasó en un parpadeo. Él, en el marco de la pandemia empezó a informar las problemáticas de hambre y falta de apoyos económicos que había en la localidad de Suba, por medio de un perfil en Instagram, que nombró @Z11Suba. Esta se convirtió en una forma alternativa de estar contando lo que ocurría. Ella, a finales de mayo de 2021, llegó a Bogotá, proveniente de Boyacá, a traer insumos para los jóvenes que por esa época estaban protestando.
Por los azares del destino y acercados por el estallido social del momento, se conectaron sentimentalmente y para junio ya sostenían una relación amorosa. La idea de informar y contar en primera persona cómo se vivían las manifestaciones tomó más fuerza, por lo que salieron a cubrir el paro. Celular en mano, casco y chaleco (para evitar ser heridos por la Fuerza Pública) empezaron a robarse las miradas, no solo de los curiosos que los veían “uniformados”, sino también de quienes resultaron perfilándolos para luego acusarlos de “ser terroristas”.
Ese vínculo, que se fundió al calor del paro nacional de 2021, terminó consumándose cuando los capturaron el 27 de octubre pasado frente a su casa por, supuestamente, quemar una patrulla de la Policía, retener a seis auxiliares de la institución y quemar un bus eléctrico del SITP. Para ese momento sus rostros, los cuales nunca protegieron porque lo que hacían era “informar y ser la voz de las organizaciones que protestaban”, ya eran noticia nacional. Varios medios los confundieron con voceros de las Primeras Líneas.
Ahora cada audiencia parece más lenta que la primera. Así vivieron la del 28 de octubre, cuando el juez determinó que su captura (y la de otros tres jóvenes a los que ellos habían visto un par de veces) era legal y que desde entonces deberían estar bajo custodia. Un día después les imputaron los delitos, que no aceptaron, y en ese mismo momento dieron la orden de enviarlos a sus domicilios, medida que fue apelada por la Fiscalía.
A pesar de ser inmediata la orden del juez, solamente 10 días después llegaron a casa. Estuvieron retenidos en la URI de Puente Aranda. Karo, incluso, alcanzó a pasar un día en El Buen Pastor. Dicen que hubo abusos, chantajes y hasta acoso sexual. “Me decían que si les iba a hacer un show”, cuenta.
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Para el 14 de diciembre se programó la audiencia de apelación de la medida de aseguramiento, pero fue aplazada. Este 7 de febrero, cuando se creía que el caso se empezaría a solucionarse y se conocería la respuesta de la apelación, se notificó una nueva fecha para la diligencia judicial. “Dijeron que el fiscal no había enviado los documentos al juez”. El proceso tuvo esta semana un avance, cuando se radicó el escrito de acusación, que se conocerá en audiencia el 21 de abril.
En las próximas semanas su lugar de detención cambiará. Además de lidiar con las dilaciones judiciales, también les ha tocado capotear una que otra amenaza. Hablan de que los quieren matar, de que a ella y a su hija “las van violar”. Como la presión fue incontenible, tuvieron que solicitarle al Inpec cambio de residencia. Por eso, en este momento, están empacando maletas, porque, dicen, no solo los acechan quienes los quieren ver tras las rejas, sino quienes los buscan para matarlos.
Los tres casos
Previo a los hechos en los que, según la Fiscalía, Jonathan y Karo participaron hubo dos momentos en los que las cámaras se centraron en sus rostros. El primero, el 26 de junio de 2021, cuando la Primera Línea de Suba habría sacado un comunicado en el que amenazaba con atacar buses y estaciones de Transmilenio, así como a los usuarios. “Ese día, desde las redes sociales de @Z11Suba, hice un pronunciamiento rechazando el comunicado. Pero en un medio dijeron que me estaba atribuyendo el liderazgo de la Primera Línea, cuando no fue así”, dice Cortés.
La noticia se volvió viral, y como él nunca tapaba el rostro para dar opiniones respecto al paro, entonces “me empezaron a referenciar”. Para el 1° de julio de 2021, día en el que el entonces secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, citó a una reunión de negociación a las denominadas primeras líneas de Bogotá (especialmente las de Kennedy, Suba y Usme), una vez más Jonathan figuró, esta vez acompañado de Karo.
“La Primera Línea de Suba notificó que quería presencia de medios alternativos dentro del Archivo de Bogotá. Karo y yo fuimos a cubrir, pero la alcaldesa no llegó. Salimos y nos empezaron a preguntar que qué pasaba adentro. Entonces dije que, ‘como había fracasado la reunión, la próxima sería a la hora y el día que nosotros pusiéramos, que la Primera Línea dijera’. Ahí salimos mostrando la cara, como siempre, entonces empezaron a decir que éramos de la Primera Línea, pero eso nunca lo anunciamos. Siempre hablamos como medio alternativo”, agregó Cortés.
A pesar de que no tienen cómo comprobarlo, en esos dos momentos, creen, fue cuando los perfilaron y los empezaron a rastrear para culparlos de situaciones que, insisten, no han cometido. El primer caso con el que los vincularon sucedió el pasado 22 de julio. Pasadas las 9:00 p.m., una patrulla de la Policía fue quemada en la avenida Ciudad de Cali con calle 139. Para el momento en el que la patrulla estaba siendo atacada por algunos manifestantes, Jonathan, Karo y otro joven, que se unió a su equipo, estaban en La Gaitana, a 15 minutos de allí, reportando en vivo una manifestación.
Como fueron notificados de lo que pasaba en la calle 139, los tres caminaron hasta la escena. La grabación en vivo nunca se detuvo, y en ella se puede apreciar que el tercero de los integrantes de @Z11Suba ayudó a sacar, junto con personas de DD. HH., al uniformado que querían linchar. Además, el video, en poder de Jonathan, muestra que él es quien graba y Karo, está cerca de él. No se acercan a la patrulla que se ve envuelta en llamas más tarde. Pero, según la Fiscalía, ellos la habrían quemado usando “bombas incendiarias”.
El segundo episodio fue el 31 de julio. En este caso solo está vinculada Karo, y, dice ella, las pruebas tampoco son claras. Según el ente investigador, ese día, seis bachilleres de la Policía caminaban desde el Portal de Suba hacia el almacén Éxito. En ese momento “fueron retenidos por varias personas, entre ellas Karo; les quitaron sus documentos, para que ella verificara en una plataforma si eran policías y los amenazaron”. También se habla de lesiones personales.
Según la investigación, el caso ocurrió pasadas las 6:00 p.m., pero a esa hora Jonathan y Karo estaban en su vivienda, ubicada a 20 minutos del sitio, en donde se estaban alistando para salir. “Unos amigos, de otros medios alternativos, nos invitaron a salir al Chorro de Quevedo. Nosotros nos fuimos de este sector temprano, porque claramente es bastante lejos. Allá llegamos a eso de las 8:20 p.m., y tenemos conversaciones para demostrar que estábamos programando el encuentro y hasta publicaciones en nuestras redes sociales personales, que demuestran que estábamos de fiesta ese día. A mí me vinculan con ese caso, porque dicen que había una mujer alta y de cabello rojo, pero por esas descripciones puede ser cualquier persona”, señala Karo.
El 9 de agosto fue el tercer hecho en el que supuestamente participaron. Ese día Jonathan y Karo estaban cubriendo una manifestación en el humedal Juan Amarillo, momento en el que, en la avenida Ciudad de Cali con calle 129, hombres encapuchados quemaron un bus eléctrico del SITP.
“Soy activista de ese humedal. Por ese entonces iban a hacer una construcción y nos metimos al lugar para intentar evitarlo. Llevábamos varios días allá. El 9 de agosto llegó el Esmad a sacar a la gente, entonces fuimos a cubrir la situación. Estaba haciendo un en vivo y estando adentro del humedal un policía de la caballería me dice: ‘¿Qué hace acá metido? ¿Por qué no va y graba el bus que se está quemando?’. En el video se escucha mi voz, se ve que salgo corriendo a ver qué pasaba. Cuando llegué, el bus ya estaba echando humo”, cuenta Jonathan.
Por su parte, Karo no estaba en el lugar de la conflagración, sino en la parte occidental del humedal, por lo que su llegada fue más tardía. “Empecé a grabar el bus y ahí ya estaba el Esmad. Una vecina del sitio viene a donde estaba y me dice que el que quemó el bus fue un policía de la zona. Incluso lo identificó y todo eso quedó grabado”, agrega Cortés.
El Espectador pudo conocer que uno de los “testigos claves” de la Fiscalía es un joven “que era parte de la Primera Línea de Suba, pero protestaba pacíficamente”, dijeron las autoridades en audiencia. Pero precisamente esta misma persona, señala Karo, sería la que ella denunció por haber estado vinculada a una agresión de la que fue víctima el 8 de junio, también en el humedal.
“Ese día, como estábamos en el tema de evitar que construyeran en ese humedal, fuimos con varias personas de la supuesta Primera Línea, y ellos, entre los que está el tipo que la Fiscalía presentó como testigo estrella, me obligaron a quitarme la ropa y a entrar al humedal a la medianoche. Por ese proceso no han hecho nada”, denuncia Karo.
La serenidad de Jonathan y Karo no pareciera temer a las represalias que podría tomar la justicia, porque dicen que “la verdad, tarde o temprano, sale a la luz”. Muestra de que el tiempo les está dando la razón es la orden de un juez a la Fiscalía de que les devolvieran los celulares que les incautaron de manera ilegal, pues “no tenían órdenes para llevarse nuestras pertenencias”.
La Fiscalía, por su parte, dice contar con “abundantes pruebas como videos, fotografías, audios y mensajes que dan cuenta de que los detenidos estarían involucrados en la elaboración de bombas incendiarias y otros artefactos para confrontar a las autoridades y generar daños”.
El amor y la familia se han convertido en los pilares sobre los que se soportan algunas crisis de angustia por el encierro y las deudas que no dan espera. Pero, a pesar de creer que saldrán absueltos, hay días en los que la zozobra pareciera ganar la batalla y el hogar no es suficiente para contener la indignación, porque, aseguran sin vacilar, los convirtieron en “falsos positivos judiciales”.
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