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Sancionar a los consumidores de droga es limitarles el libre desarrollo de su personalidad. Los adultos pueden decidir de manera autónoma si despliegan conductas que pueden ocasionarles un daño a su salud, como cuando optan por consumir bebidas alcohólicas, comida chatarra o tabaco, así como cuando deciden llevar una existencia sedentaria. Esparcir glifosato sobre seres humanos, contra su voluntad y a sabiendas de que es una sustancia potencialmente cancerígena, afecta gravemente la libertad que tienen los ciudadanos de decidir si se exponen a los efectos nocivos de sustancias peligrosas.
La incapacidad para preservar la vida de líderes sociales y antiguos integrantes de grupos guerrilleros pone de presente que el Estado no está protegiendo adecuadamente a quienes libremente expresan y defienden opiniones distintas sobre nuestra realidad sociopolítica y económica. Esa elevada exposición al riesgo consigue, poco a poco, acallar las voces de quienes se atreven a reclamar los derechos que se les conculcan, y reducir sus opciones reales de disentimiento.
Tratar de desconocer algunas de las sentencias que la Corte Constitucional emitió al pronunciarse sobre la exequibilidad de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), disfrazando de conveniencia algunas objeciones de naturaleza constitucional, equivale a restringir la libertad que esa corporación tiene para pronunciarse con absoluta independencia sobre la compatibilidad de las leyes aprobadas por el Congreso con nuestra Carta Fundamental.
Cuestionar las decisiones de la JEP por el solo hecho de no compartirlas y, aún más, acusar a sus magistrados de tener un sesgo en favor de los antiguos integrantes de las Farc, pone de presente la intención de coartar su libertad para decidir de manera libre y autónoma sobre los asuntos sometidos a su consideración. Esa pretensión de censura se hace aún más evidente en el tema de las garantías de no extradición, porque se oculta a la opinión pública que la JEP ha rechazado 43 de las 58 que ha recibido en ese sentido, es decir, el 74 % de las veces ha ordenado que el caso sea enviado a la Corte Suprema de Justicia para seguir adelante con los trámites de extradición. Si de algún sesgo pudiera hablarse en esta materia, lo que las estadísticas muestran es una tendencia de la JEP a negar la concesión de las garantías de no extradición.
Lo que está detrás de la orden de perseguir a los consumidores de drogas, de la insistencia para que se regrese al ineficaz sistema de aspersión aérea aunque eso suponga poner en riesgo la salud de muchos colombianos, de los esfuerzos para no acatar la determinación a través de la cual la Corte Constitucional avaló la Ley Estatutaria, y de los injustificados ataques a la JEP por el contenido de alguna de sus decisiones, es un sistemático esfuerzo por recortar las libertades individuales que caracterizan un Estado de derecho. Es cierto que no se hace a través de la fuerza bruta, como en otras latitudes y tiempos, pero eso no significa que dichas afectaciones no estén ocurriendo. Eso lo que muestra es que Darío Echandía tenía razón cuando, en una época que creíamos superada, calificó a nuestra democracia como un orangután con sacoleva.
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