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De acuerdo con información que el Ministerio de Agricultura le remitió al Congreso, hay cálculos en torno a que en Colombia existen 1,4 millones de hectáreas de tierras en varias regiones del país que serían propiedad de ciudadanos o sociedades extranjeras. Y si bien esto no necesariamente tiene algún viso de irregularidad o hace parte de algún tipo de expediente judicial o administrativo, sí prendió alertas sobre la necesidad de establecer controles y límites para la adquisición de este tipo de terrenos por parte de foráneos.
Por eso, precisamente desde del Congreso, surgió una iniciativa para poner topes legales a la cantidad de hectáreas que los extranjeros podrían comprar en suelo colombiano cuando su intención sea explotarlas con fines, por ejemplo, agrícolas. Ahí entran en juego las regiones en las que se podrían dar esos procesos y el límite para las adquisiciones.
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La iniciativa, que ya se ha intentado pasar al menos otras dos veces sin éxito por el Congreso, la lidera el senador del Pacto Histórico Wilson Arias y cuenta, según él, con el respaldo de legisladores de partidos como el Conservador y La U.
Eso sí, Arias –quien viene denunciando la presunta compra irregular de tierras desde noviembre de 2010 y quien ha hecho varios debates de control político al respecto– fue enfático en advertir que este proyecto, radicado hace dos semanas en el Capitolio, no incluye por ningún lado la expropiación y no tendría efectos retroactivos para, entre otras cosas, no generar inseguridad jurídica.
Lo que busca esta iniciativa es que se ponga un límite para que máximo el 15 por ciento del área considerada como frontera agrícola de un municipio pueda ser extranjerizada. En efecto, en el artículo 3 del proyecto se especificó el tope.
“La propiedad, posesión y/o tenencia de tierras rurales dentro de la frontera agrícola del país, por parte de personas naturales o jurídicas extranjeras de conformidad con lo establecido en la presente Ley, no podrá exceder del quince por ciento (15%) de la totalidad del suelo rural de la frontera agrícola del municipio en que se encuentre”, quedó establecido en el articulado que está pendiente de debatirse en el Congreso.
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Y a renglón seguido se advirtió: “En ningún caso, la propiedad, posesión y/o tenencia en cabeza de una persona natural o jurídica extranjera podrá superar una Unidad Agrícola Familiar (UAF) de que trata la Ley 160 de 1994, o las leyes que la modifiquen, adicionen o sustituyan”. Esta medida depende de cada región y también se mide por hectáreas, pero su fin es evitar la concentración indebida de tierras.
En ese sentido, el senador Arias dejó claro que no se quieren arrebatar tierras ni prohibir la inversión extranjera, sino regular la adquisición de hectáreas para que los campesinos o habitantes de este tipo de municipios no se vean afectadas por este tipo de procesos o, incluso, por una posible escasez de tierras. Es, de acuerdo con el congresista, podría derivar en una posible inseguridad alimentaria.
Hay departamentos sobre los cuales se está poniendo especial énfasis de vigilancia, porque, de acuerdo con estudios oficiales, algunas de esas tierras que están en manos de extranjeros serían baldíos que terminaron englobados en propiedades privadas de forma presuntamente irregular. Esas regiones son Meta, Vichada y, entre otros, Putumayo, donde hay presencia de asiáticos, europeos e incluso suramericanos.
Por eso, según el articulado que está pendiente de que se le dé ponencia para comenzar su trámite legislativo, también se establece la posibilidad de la Nación pueda comprar las tierras previamente adquiridas y que, tras la aprobación de esta ley –si se le da el visto bueno en el Legislativo–, terminen dentro de los límites que se establecerían.
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“En el evento que una persona natural o jurídica extranjera, de conformidad con los derechos adquiridos, tenga en propiedad tierras dentro de la frontera agrícola con una extensión superior a una Unidad Agrícola Familiar, y decida enajenar parte o la totalidad de dichas tierras, la Agencia Nacional de Tierras tendrá la primera opción de compra, quien tendrá 30 días desde la notificación del vendedor de la oferta de venta para aceptar el negocio jurídico. Transcurrido el término sin respuesta, se entenderá rechazada la oferta y el vendedor podrá enajenar la tierra a un particular”, se destacó en el parágrafo del artículo 11 de la iniciativa.
Otro de los puntos clave de esta iniciativa es que se crea el Sistema de información de Propietarios, Poseedores y/o Tenedores Extranjeros (SIPTE), a cargo del Ministerio de Agricultura. Su objetivo es determinar oficialmente cuántas hectáreas están en poder de foráneos, algo que hasta el momento parece no estar claro.
En efecto, en un documento de junio de este año, firmado por la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica Flórez, su cartera le informó al Congreso que “es un interés de este ministerio contar con instrumentos normativos para regular la extranjerización de la tierra”.
Y agregó: “Varias de las empresas y conglomerados económicos señalados de adquirir tierras en extensiones superiores a la UAF son de origen extranjero. De otro lado, de acuerdo con Land Matrix, de 96 casos que se tienen registrados de grandes transacciones de tierra en Colombia, 44 corresponden a procesos de extranjerización, que abarcan 1′047.155 hectáreas”.
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Si bien la información se basa en una fuente no estatal, al citarla en ese informe al Congreso le da toda credibilidad. E, incluso, le sirvió de base al Ministerio de Agricultura para advertir que de continuar ese proceso de compra de tierras por parte de extranjeros se podrían generar riesgos para el país.
“De agudizarse este fenómeno, se podría poner en riesgo la soberanía nacional, la soberanía alimentaria y el derecho humano a la alimentación”, enfatizó Mojica en el reporte enviado al Capitolio y que El Espectador conoció en su integridad.
Así las cosas, es casi un hecho que el Gobierno del presidente Gustavo Petro terminará dándole su apoyo a la iniciativa que busca regular los procesos de extranjerización de tierras en Colombia, pero es casi un hecho que el debate será muy fuerte en el Congreso. Habrá que ver qué pesa más en la discusión, si el interés de la Casa de Nariño y sus afines por reestructurar este tipo de procedimientos o el lobby que firmas y administraciones extranjeras seguramente harán para beneficiarse de alguna forma.
Este es el proyecto de ley completo con el que se busca regular la extranjerización de la tierra:
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