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La viceprocuradora General, Martha Isabel Castañeda advirtió que los funcionarios y servidores públicos que estén promoviendo los acuerdos de paz firmados en el marco de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba) estarían incurriendo en una participación indebida en política, hecho que generaría investigaciones disciplinarias y penales.
Para Castañeda, es menester firmar una ley estaturaria que autorice este tipo de participación. «No puede habilitarese a los servidores públicos para deliberar y promocionar acerca de los acuerdos que se hayan realizado en La Habana, es decir, esto es una participación política», explicó al Viceprocuradora General al manifestar.
Señaló que el proyecto de ley estatutaria que avaló el plebiscito por la paz como el mecanismo para refrendar los acuerdos finales en el proceso de paz no otorga las facultades para que un servidor público pueda deliberar o promover los mencionados acuerdos, hecho por el cual debe existir previamente una ley estatutaria de la misma categoría que les permita ejercer ese tipo de acciones frente a la ciudadanía.
Castañeda además explicó los argumentos principales para solicitarle a la Corte Constitucional que se declare inexequible el plebiscito para la paz avalado en noviembre de 2015 por el Congreso de la República. El Ministerio Público sostendrá que la figura del referendo es la idónea para que la gente decida si están o no de acuerdo con lo firmado en La Habana (Cuba).
Explicó que «los artículos primero y cuarto de ese proyecto de ley estaturaria (95 del senado de 2015 y 156 de la Cámara de Representantes) se establece una nueva forma de plebiscito que contaría ostensiblemente la Constitución dado que viola el principio a la igualdad y legalidad». (Ver Corte Constitucional citó para el 26 de mayo audiencia pública para debatir plebiscito por la paz)
«Es especial para utilizarse en una sola ocasión, lo que riñe con las formas de participación ciudadana establecidas previamente por el poder constituyente. Los efectos consagrados en ese articulo tercero de proyecto de ley estatutaria viola indiscutiblemente el principio de equilibrio de poderes», precisó la Viceprocuradora General.
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