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El pasado 7 de abril, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó una de las decisiones más significativas desde su creación: solo habrá una resolución de conclusiones contra los comparecientes. Es decir, una única acusación por graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. La medida, que responde a una solicitud formal de los exjefes de las Farc, ha generado reacciones encontradas. En entrevista con este diario, Alejandro Ramelli Arteaga, presidente del órgano de justicia transicional, habló sobre los alcances de esta decisión y respondió a los cuestionamientos de las víctimas. Además, se refirió a la reciente imputación a 28 exmilitares por más de 604 ejecuciones extrajudiciales en el Caribe colombiano y sobre los desafíos frente al aumento de la violencia contra firmantes del Acuerdo de Paz.
La JEP anunció que los miembros del antiguo Secretariado de las Farc recibirán, cada uno, una única sanción restaurativa de ocho años en una sola resolución. ¿Cómo han sido las reacciones a esta decisión que responde los pedidos de los comparecientes?
Hasta el momento no hemos recibido ninguna comunicación oficial por parte de los miembros del antiguo Secretariado. Lo que sí recibimos fue una manifestación por parte de la Misión de Verificación de Naciones Unidas (ONU), cuyo director, Carlos Ruiz Massieu, consideró que este era un paso importante que se ajustaba a lo acordado en el Acuerdo de Paz de 2016.
Pero también hay críticas al respecto, sobre todo de las víctimas de la extinta guerrilla…
En el Acuerdo de Paz se estableció que, dentro de lo pactado, estaría la justicia restaurativa, y que las sanciones iban a ser entre cinco y ocho años. Pero, para responder a las víctimas, esto no es óbice para que el conjunto de delitos y todo lo que los comparecientes le dijeron a la JEP esté consignado en la sentencia. El hecho de emitir una única sanción de ocho años no va a impedir que las demás víctimas se vean reflejadas en los fallos correspondientes. Es más un tema de seguridad jurídica para los comparecientes para decirles: “Lo que se aplicó fue esto y estamos cumpliendo”. De ninguna manera se va a invisibilizar a las víctimas de los delitos que se están investigando.
¿Para tomar esa determinación se tuvo en cuenta la renuncia a la presunción de inocencia por parte de los miembros del Secretariado?
Frente a este asunto hay varios temas. Ellos plantearon en total cinco puntos en octubre de 2024, en los que pidieron una única resolución de conclusiones y que se renuncie a la persecución de las bases de la extinta guerrilla, por ejemplo. Lo que hicimos fue resolver uno por uno. Eso fue una discusión de cuatro talleres entre las diversas salas y secciones, excluyendo las secciones de Revisión y Apelación, y eso fue lo que se acordó. Es la respuesta a los interrogantes que ellos plantearon.
Sin embargo, la JEP señaló, cuando anunció esta decisión, que se “tomó nota” sobre esa renuncia a la presunción de inocencia. ¿A qué se refieren con esa expresión?
Es que la renuncia a la presunción de inocencia que solicitaron los miembros del Secretariado es una decisión judicial que hay que resolver en el caso particular de cada uno de los comparecientes. No podemos comprometer la autonomía de los colegas magistrados, ya que cada uno le dará, dentro del macrocaso que tenga, la dimensión y el efecto procesal que considere. En cada caso se determinarán las consecuencias jurídicas de esta manifestación que adelantaron los miembros del antiguo Secretariado en octubre pasado.
La decisión de la JEP también señala que, en caso de presentarse nuevos hechos en los que los comparecientes tengan responsabilidad, habría ampliaciones a la decisión única. ¿En qué consisten esas ampliaciones si la sanción de ocho años ya estaría definida?
Una cosa es que la sanción sea la misma y otra es cumplir estrictamente lo que dijo la Corte Constitucional en su sentencia C-080 de 2018, que dice que habrá una resolución única de conclusiones para cada compareciente y que se admitirán ampliaciones. Eso es lo que estamos diciendo. También es importante mencionar que la sanción es restaurativa y restrictiva de derechos y será de entre cinco y ocho años. Eso no va a cambiar.
¿Qué es lo que se espera que suceda con esas medidas restaurativas?
Que se realicen varios proyectos, porque no va a haber uno que dure ocho años. En esos proyectos podemos tomar en consideración las diferentes demandas de las víctimas. Como no hay un proyecto que dure tanto tiempo y como hay víctimas de diferentes delitos, esta puede ser una oportunidad para que alguno de los comparecientes realice varios TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador-Restaurador) dependiendo de lo que las víctimas de los diferentes crímenes están pidiendo. Por eso es que, de cierta forma, todas las víctimas se van a ver representadas en los TOAR, pues ningún trabajo restaurativo va a durar más de ocho años.
En contexto: JEP accede a petición de exFarc de emitir una única sanción contra el Secretariado
Este sería el mismo camino para miembros de la Fuerza Pública. En ese caso, ¿se agruparán los expedientes que tengan en varios macrocasos, como ejecuciones extrajudiciales o crímenes cometidos en alianza con paramilitares?
Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos escenarios de comparecientes que están en diferentes subcasos del macrocaso 03 (que investiga ejecuciones extrajudiciales), porque muchos de ellos estuvieron en diferentes unidades militares. Es la misma situación, pero en este caso no hay una cúpula, como sí sucede con la extinta guerrilla de las Farc. Sin embargo, sí hay comparecientes que están vinculados a otros macrocasos y por eso les aplica lo mismo. Para ellos va a ser exactamente la misma regla: una única resolución de conclusiones, con las ampliaciones que estipula la Corte Constitucional, y sin superar los ocho años de sanción.
Los máximos jefes de la extinta guerrilla han criticado en repetidas ocasiones que se investigue a mandos medios del grupo armado, y eso es algo que analiza la JEP para imputar a mandos regionales en el macrocaso 07 por reclutamiento forzado. ¿Esto podría afectar de alguna manera los procesos de reconocimiento de las Farc?
Ahí hay varios puntos. Lo que hicimos fue responder a esa solicitud que los ex-Farc presentaron en octubre del año pasado y en ese momento no se habló del tema de los mandos medios. Eso lo han expresado los exmiembros del Secretariado ante los medios de comunicación, pero en esa carta ni están firmando los mandos medios ni tampoco se habla del asunto. Ahora, frente a esos mandos, va a pasar exactamente lo mismo: una única resolución, con ampliaciones y no mayor a ocho años de sanción.
Desde el pasado 4 de abril el cronómetro comenzó a correr para que los exjefes guerrilleros reconozcan la imputación en su contra por casos de reclutamiento y utilización de menores. Ese auto menciona crímenes de violencia sexual intrafilas y los comparecientes han reiterado que esos señalamientos “son una campaña de desprestigio”. ¿Cuál es el camino si los miembros del Secretariado reconocen el reclutamiento, pero no la violencia sexual?
En ese caso podría darse lo que llamamos un rompimiento de la unidad procesal, que es cuando se separan los procesos de investigación de delitos que estaban vinculados entre sí. Pero eso tendría que estudiarse. Es como si una persona acepta en la justicia ordinaria una parte de una imputación y la otra no. Los miembros del Secretariado tendrán que decidir si aceptan o no toda la imputación. Si no lo hacen, iría por un camino una parte y por otro camino la otra. Todo depende del reconocimiento que hagan. En el caso de que no reconozcan, el proceso podría ser remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), y eso no solo pasa con los exjefes del Secretariado, sino con cualquier compareciente que no acepte responsabilidad.
Ante el posible escenario de que los comparecientes solo acepten una parte de la imputación, ¿cree que la JEP tiene un vacío jurídico, pues no tiene realmente claras las reglas de qué debe suceder?
No diría que hay un vacío, porque podemos aplicar lo que ya nos dice del derecho procesal: si no acepta una parte de la imputación, pues entra en el terreno del juicio adversarial. Esa es mi opinión como magistrado, pero finalmente la Sala de Reconocimiento tomará las decisiones que considere.
La JEP imputó recientemente a 28 exmilitares por 604 ejecuciones extrajudiciales en la costa Caribe, de las cuales hay al menos 26 menores de edad y 14 mujeres. ¿Cómo avanzan las investigaciones en el macrocaso 03 para que se den a conocer las primeras sentencias?
Parte de ese macrocaso ya está en el Tribunal para la Paz. El proceso más adelantado es la imputación por caso del Batallón La Popa. De hecho, está repartido en varias partes. En la primera están quienes no aceptaron responsabilidad, como el coronel retirado Publio Hernán Mejía, que ya está en un juicio adversarial y que, de hecho, está por terminar. Una vez culmine esa etapa, habrá una sentencia, bien sea condenatoria o absolutoria. También están los que aceptaron responsabilidad, que esperan una sentencia restaurativa. Y los que no son máximos responsables fueron remitidos a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para todo el tema de aportes a la verdad y la eventual renuncia a la persecución penal. Fíjese que ese mismo caso ya se encuentra adelantado en tres partes.
Pero cómo ve las sentencias en este subcaso de la costa Caribe, que ya lleva siete años de investigación…
Esta última decisión está en un nivel superior porque la primera imputación en este subcaso, que se hizo en 2022, se enfocó únicamente en la responsabilidad del Batallón La Popa. Esa decisión se adelantó en contra de 12 comparecientes por 135 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre enero de 2002 y julio de 2005. Fue algo brutal. En esta reciente imputación estamos mirando el tema de las brigadas que hacían parte de la Primera División del Ejército y también tenemos los hechos relacionados al Comando Conjunto Caribe. Es un nivel superior del mando y, además, comprende siete departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre y 19 unidades militares involucradas.
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El gobierno de Estados Unidos reactivó $10.000 millones que habían sido congelados para financiamiento de la JEP. ¿En qué dependencias se utilizarán o se han utilizado estos recursos?
Lo que se reactivó por parte del gobierno de Estados Unidos es una cooperación que se venía adelantando con la American University. Estos recursos, básicamente, se utilizan para los macrocasos más recientes, como el 09 (crímenes cometidos en contra de pueblos y territorios étnicos) y el 11 (violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva). También tiene que ver con el apoyo a las víctimas y a las investigaciones de estos casos que fueron abiertos más recientemente.
El presidente Gustavo Petro se comprometió a que el Ejecutivo cubriría el dinero que la JEP recibía de Usaid. ¿Ya les fueron transferidos esos recursos?
No. Por el momento no hemos tenido una manifestación concreta por parte del gobierno de que nos vayan a dar los recursos.
¿Qué avances ha encontrado recientemente la JEP, junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en las labores de excavación en La Escombrera en Medellín?
Hay varios puntos importantes. Lo primero es que la Alcaldía de Medellín manifestó que iba a financiar con $2.000 millones las tareas de maquinaria pesada para seguir con las excavaciones y estamos en eso. También se han venido realizando reuniones entre el magistrado ponente, Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez, y los representantes de la UBPD, para revisar temas técnicos y definir la articulación del trabajo de ambas entidades para continuar con las labores de búsqueda. Por el momento, no tenemos nuevos detalles o hallazgos en La Escombrera. Lo que estamos esperando es la identificación y resultados forenses de otras dos víctimas por parte de Medicina Legal.
¿Cuáles son las conclusiones sobre el panorama de los excombatientes en el país? En una reciente audiencia de seguimiento de medidas cautelares, junto a la UIA, se indicó que este 2025 está siendo letal para los firmantes…
Sí, este primer trimestre de 2025 ha sido el periodo de tiempo más crítico en materia de asesinatos y desapariciones de firmantes. Veníamos en una curva descendente desde 2019 y este año, sobre todo por la situación en el Catatumbo, esa curva volvió a ascender y el número de victimizaciones aumentó significativamente: 15 firmantes asesinados en lo que va del año. Se están haciendo esfuerzos para profundizar las articulaciones entre el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP) para tratar de hacerle frente a esta crisis. Hemos realizado varias audiencias al respecto y dictado órdenes para la protección de los firmantes y sus familias, pues esta situación también afecta al Acuerdo de Paz de 2016 y a otros procesos de paz que se adelanten en Colombia en el futuro.
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Por Santiago Díaz Gamboa
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