“El mundo judicial necesita un cambio urgente y práctico”, Luz Marina Monzón

Es una iniciativa del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). En total, la investigación duró más de dos años. Empezó en octubre de 2012 y terminó en diciembre de 2014, con un equipo interdisciplinar entre abogados, politólogos, psicólogos y trabajadores sociales. EL resultado son dos tomos. El primero es una reconstrucción histórica en tres periodos de la relación entre la violación de derechos humanos, lo que han hecho las víctimas y las organizaciones, y la respuesta del Estado. Tratamos de evidenciar cuál ha sido el papel de los afectados en el acceso a la justicia desde 1982 hasta 2012. En el segundo tomo recopilamos los relatos de búsqueda de justicia de seis casos. Para nosotros fue muy difícil entablar una conversación con ellos porque para ellos no había justicia, no tenían experiencia con ella y no podían definirla. En cambio, de entrada nos dijeron que sí podían explicar qué era la injusticia.

¿Cuáles son los casos de estudio de la investigación?

Son seis. La desaparición forzada del estudiante Tarsicio Medina, de la Universidad Surcolombiana del Huila, en febrero de 1988. Dos casos de ejecuciones arbitrarias contra la comunidad académica de la Universidad del Atlántico, incluyendo el catedrático Alfredo Correa de Andreis. La masacre de 12 jóvenes del barrio Punta del Este en Buenaventura en abril de 2005. Y dos casos de violencia sexual en La Dorada (Putumayo) en 2009.

¿Cómo se escogieron los casos?

Primero el equipo hizo varios viajes a diferentes regiones y habló con líderes de las comunidades y defensores. Les preguntaron cuáles eran los casos de más impacto en la sociedad. De ahí sacamos una lista de más de 100 historias y decidimos enfocarnos en cuatro violaciones para determinar si el tipo de delito incidía en el trabajo judicial. También tuvimos ciertas prioridades para elegirlos, como que tuviéramos acceso a las víctimas y que estuvieran localizados por fuera de la ciudad.

Háblenos de uno de esos casos

Por ejemplo: en el caso de Buenaventura nos pasó una cosa dolorosa pero interesante. Se trata de la masacre que ocurrió en el barrio Punta del Este, en baja mar, el 19 de abril de 2005 justo cuando se estaba dando la supuesta desmovilización paramilitar del Bloque Calima y nacía una lucha por el territorio. Un día de abril llegaron los paramilitares y les dijeron a los muchachos que si jugaban un partido de fútbol le pagarían $200 mil pesos al equipo que ganara. Se llevaron a 12 muchachos y nunca volvieron. Aparecieron muertos días después. Si uno ve este caso, desde el escenario de la justicia y del mundo judicial, es un caso exitoso, técnicamente, porque a los nueve meses, había 10 personas detenidas; a los dos años, más o menos, había seis personas condenadas a 40 o 60 años de prisión. Así estaba superada la impunidad. Pero cuando llegamos a las casas de los familiares nos encontramos que ahí existe un sentido de justicia que era desconocido para nosotros.

¿Por qué era extraño?

Primero, para ellos la cárcel no es justicia porque muchos tienen hijos allí. Esto es curioso porque nuestra lógica de justicia es sencilla: se condena a alguien y su castigo es la cárcel. Pero además, ellos no tenían consciencia de que existía una sentencia y ya habían pasado casi seis años. Tampoco sabían que había unas personas condenadas. Nosotros les explicamos toda la sentencia. En esa lectura del documento se me ocurrió decirles que si tenían algo para preguntarle al propio fallo.

¿Cuáles eran sus preguntas?

Fueron muy contundentes: ¿Por qué los mataron? Eso era algo que la sentencia nunca pudo explicar. Hasta el sol de hoy, no se sabe con certeza qué pasó. Pero en este grupo de víctimas había otra experiencia terrible que motivó la segunda pregunta. Resulta que cuando encontraron los cuerpos de los muchachos en el agua los sacaron, los llevaron de inmediato al cementerio y llamaron a las familias. Nadie les explicó que habían estado mucho tiempo en la humedad y que por eso algunos no tenían ojos y otras extremidades. Entonces su conclusión, al ver los cadáveres en ese estado, fue que los habían torturado. Nunca se supo si eso había ocurrido. Pero la segunda pregunta que le hicieron a la sentencia fue si se había investigado la tortura. En el fallo tampoco se estableció esa parte.

¿Cómo es esa búsqueda personal de las víctimas? ¿Qué métodos utilizan?

Hay varias formas. Una de ellas es el apoyo que buscan en medios de comunicación. También es importante el acompañamiento de la sociedad. En el caso de Correa de Andreis, por ejemplo, la indignación y las marchas fueron fundamentales para llamar la atención de las autoridades. Así como en el caso de Buenaventura en el que las madres de los muchachos salen todos los 19 de abril con fotos y flores para que recordar lo que pasó. En esta búsqueda también son importantes las alianzas con organizaciones sociales, que les enseñan a las víctimas como acercarse a las autoridades, y los acompañamientos internacionales.

¿Hay alguna diferencia entre la manera en que las autoridades atienen un caso en el que la víctima sigue viva?

Sí. Cuando te matan, nadie lo va a dudar porque existe un cadáver o un acta de defunción. Pero cuando a alguien lo violan o lo torturan, por ejemplo, la primera pregunta de las autoridades es: “¿Usted está seguro que eso le pasó? ¿Por qué será que la torturaron? Si la violaron era porque estaba siendo algo malo”. Ahí se rompe la búsqueda de la justicia con las autoridades porque si hay una opinión en contra, el trabajo es muy complicado. Lo que pasa con los casos de violencia sexual es increíble porque la lógica del sistema judicial ante este contexto es que la víctima tiene que denunciar de inmediato. Pero ella siempre duda. Teme que no le vayan a creer o que la vuelvan a amenazar. Con este tema, nos damos cuenta que en el acceso a la justicia, los tiempos también son diferentes. El sistema judicial no entiende esa parte y en lugar de entenderlo, lo recrimina y contestan: Si usted no vino cuando pasó, ¿qué quiere que yo haga ahora?

¿Por qué cree que no tienen en cuenta aspectos como el tiempo o la revictimización?

Porque no les interesa. Si habláramos únicamente de la justicia como un derecho, esto implicaría que el Estado debe establecer mecanismo para darles respuesta a las víctimas. Pero el sistema es muy indiferente con las víctimas y solo le interesa el hecho como tal. Así funciona. Pero en un contexto como el colombiano, de violaciones de derechos humanos tan masivas, el mundo judicial necesita un cambio urgente y práctico. Que lo que está en papel, que son las reglas del juego que están bien claras, sea una realidad en los juzgados. No puede ser que una víctima tenga que pelear con una autoridad para que se investigue un delito. Esa disputa no debería existir.

¿O sea que el informe es una dura crítica al sistema judicial?

Sí. Mostramos que no hay una respuesta satisfactoria por parte del Estado al derecho de las víctimas a tener justicia. Existe la percepción de que la satisfacción de justicia está en las sentencias. Pero lo que muestra la investigación es que, aunque haya fallos, la satisfacción no existe. Hay que entender que no solo basta con condenar, sino también hay que reconocer a las víctimas dentro del funcionamiento judicial.

¿Cuáles son las recomendaciones que le pueden hacer a la rama judicial?

Es importante que el sistema judicial se dé cuenta de los cambios que tiene que hacer. Uno de nuestros consejos es que entiendan que hay tiempos diferentes, como el caso de las violaciones sexuales, y que cambien su lenguaje. Tienen que entender no solo se necesitan condenas y que les entreguen los papeles. Debe existir una explicación de lo que contiene esa sentencia con palabras sencillas y entendibles. No pueden pretender seguir imponiendo el lenguaje jurídico.

De los seis casos que investigaron, ¿alguno de ellos presentaba esa barrera en el lenguaje?

Hay un caso en particular. El de Tarcisio Medina. Aquí hubo sentencias que los familiares calificaron de ridículas y sentían impunidad total. En los encuentros con ellos, nos concentramos en explicarles el papel tan importante que jugaron para que existiera esa sentencia y les conté que hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) había llegado el caso. En el fallo en el que condenaron al Estado, la Cidh además le recomendó al Gobierno que legislara en el tema de desaparecidos. Justo dos años después de la sentencia, en Colombia nació la primera ley sobre desaparición forzada. La familia de Medina no tenía ni idea y ahí entendieron la importancia de su persistencia por la justicia y la verdad. La respuesta de uno de los familiares fue muy bonita: “Después de todo, valió la pena”.