Las peticiones que no aceptó la Policía en la demanda por el caso grafitero

Esto, debido a que las partes demandadas no aceptaron las peticiones presentadas por la defensa de la familia Becerra Lizarazo entre las que se encontraban la creación de una medalla con el nombre de Diego Felipe la cual debería ser entregada a todos los policías que se destacaran por su respeto a la sociedad y a los derechos humanos.

Igualmente, se pidió un acto de reconocimiento público en el que se pidiera perdón a los familiares y a la sociedad en general por este “falso positivo urbano”. En la demanda se indicaba que un grupo de oficiales y suboficiales se habían concertado para desviar la investigación por estos hechos. (Ver Radican demanda contra la Nación por caso grafitero)

Tras ubicar un arma en el lugar de los hechos, evitar el trabajo de los agentes del CTI, contactar a un conductor de bus de servicio público con el fin que acusara en medios de comunicación al joven de 16 años de ser un delincuente juvenil que lo había asaltado en la noche del 19 de agosto de 2011, firmaron un “pacto de silencio con el fin de no contara nada de lo sucedido”.

Para los familiares de Becerra Lizarazo es necesario que los integrantes de la Policía Nacional debían reconocer que había fallas internas, excusarse por el montaje hecho, pedir perdón por dañar el nombre y honra de Diego Felipe Becerra Lizarazo y su núcleo familiar. Fuentes cercanas al proceso indicaron que que la Dirección Interna de la Policía no aceptó la rectificación ante los medios de comunicación debido las implicaciones legales que traería esta acción.

De aceptarse estas peticiones se consideraba retirar la solicitud para el pago de una indemnización por los perjuicios causados. Sin embargo, la Institución respondió que la medalla no se podía otorgar, hecho por el cual ofrecieron una placa de reconocimiento, lo cual fue rechazado por los familiares del joven de 16 años que falleció tras recibir un disparo del patrullero Wilmer Antonio Alarcón.

Tras tres sesiones nunca se llegó a una conciliación en la Procuraduría General. Hecho por el cual la demanda continuó su curso en el Tribunal Administrativo que establecerá si hay responsabilidad patrimonial por parte de las entidades demandadas.

Daños y perjuicios

En la demanda se indica que los dos jóvenes que se encontraban con Becerra Lizarazo esa trágica noche deben ser indemnizados puesto que se presentó un “daño antijurídico” ya que fueron señalados por las autoridades de hacer parte de “un grupo de asaltantes de buseta” ante la opinión pública.

Además del impacto de ser testigos directos del ataque con arma de fuego en contra del joven de 16 años. Fueron acusados de ser delincuentes, lo que trajo consecuencias en su vida personal y privada ya que uno de ellos fue expulsado del colegio en el que estudiaba por “juntarse con delincuentes”.