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La procuradora Margarita Cabello y el gobierno de Iván Duque están perdiendo por goleada en la Corte Constitucional. La Sala Plena ya estudia la ponencia de un expediente que tiene en juego uno de los pilares de la polémica reforma a la Procuraduría que impulsaron Cabello y el expresidente Duque: la posibilidad que quiere tener el Ministerio Público para destituir, suspender e inhabilitar a funcionarios públicos elegidos por voto popular, como alcaldes, gobernadores, diputados, concejales o miembros de las juntas administradoras locales. Aunque la misma Procuraduría y exministros de Duque insistieron en que la entidad debe tener esa potestad, una demanda que estudia la Corte señala lo contrario.
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El Espectador tuvo acceso a detalles de la discusión que arrancará esta semana en el alto tribunal y hay que decir, de entrada, que la procuradora y el exmandatario están en líos. Según la ponencia que ya tiene lista la magistrada Cristina Pardo, Cabello y el gobierno Duque (que terminó apoyando la iniciativa de la procuradora) se equivocaron en mantener la función de destituir y suspender a funcionarios públicos elegidos por votación en la reforma a la Procuraduría que fue aprobada por el Congreso en julio de 2021. El error radica en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya le había dicho al Estado colombiano que una entidad con función administrativa, como la Procuraduría, no podía tener funciones de juez.
Según la instancia internacional, un juez debería ser el único con la capacidad de destituir, suspender e inhabilitar a un funcionario de este tipo, en el marco de un proceso penal. De lo contrario, dijo la Corte IDH, el Estado estaría violando derechos políticos protegidos no solo por la Constitución, sino por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), de la que Colombia hace parte desde mayo de 1973. El caso emblemático que le puso freno a la Procuraduría fue el del hoy presidente Gustavo Petro. Después de haber sido destituido por el procurador Alejandro Ordóñez en 2013, cuando era alcalde de Bogotá, el mandatario acudió al sistema interamericano de derechos humanos para exponer su caso.
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En julio de 2020, la Corte IDH le dio toda la razón al hoy presidente. No solo evidenció que no era posible que la Procuraduría tomara ese tipo de decisiones, sino que le ordenó al Estado colombiano cambiar esa regla. Sin embargo, la exigencia de la corte internacional no fue suficiente. Meses después del fallo, la fórmula a la que llegó la Procuraduría para cumplir con lo ordenado se basó en una interpretación polémica de la sentencia. Si bien se trata de un asunto puramente jurídico, lo que trató de exponer el Ministerio Público es que sí podía seguir destituyendo e inhabilitando a funcionarios públicos de voto popular, siempre y cuando el sistema para juzgarlos tuviera cierto tipo de condiciones.
Entre ellas, que el funcionario tuviera acceso a dos instancias diferentes; que la investigación y el juicio la hicieran funcionarios diferentes y que no estuvieran subordinadas al procurador o viceprocurador. En otras palabras, que los procesos disciplinarios tuvieran el grado de independencia e imparcialidad que sí tienen los jueces penales. Todo eso parecía cumplirse en la reforma propuesta por Cabello: crearon todo un nuevo proceso disciplinario, con dos instancias y funcionarios aparentemente no ligados a la cúpula de la Procuraduría. El cambio, aunque fuertemente criticado en el Congreso, fue aprobado en julio de 2021, con el apoyo del entonces ministro del Interior, Daniel Palacios.
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Sin embargo, la demanda en su contra no se hizo esperar. Los demandantes le hicieron varias peticiones a la Corte Constitucional que se basaron en un principio: la Corte IDH y la Convención Americana ya dejaron claro que la Procuraduría no puede inhabilitar ni destituir a funcionarios públicos como alcaldes o gobernadores. Esto es precisamente lo que estudiará la Corte Constitucional esta semana y lo que propone la magistrada Pardo en su ponencia es una estocada definitiva al pilar de la reforma de Cabello. Lo que sostiene la magistrada es que está más que claro que los funcionarios de elección popular solo pueden ser retirados de su cargo por una condena de un juez en el marco de un proceso penal.
Por eso, la ponencia de Pardo señala que lo propuesto por Cabello sí va en contra de la Constitución y la Convención Americana. Según la magistrada, ese punto de la reforma a la Procuraduría permite que una autoridad distinta a un juez de la República restrinja de manera “extrema e intensa” los derechos políticos de esos servidores y sus electores. Además, la magistrada ponente aclara que la nueva organización del Ministerio Público no responde a los principios constitucionales de la administración de justicia, como el principio de independencia, autonomía e imparcialidad, como lo quisieron ver Cabello y el gobierno Duque, cuando ella presentó su reforma y el Ejecutivo se la respaldó.
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El proyecto de fallo que estudiará esta semana la Sala Plena propone tres decisiones de fondo. La primera, declarar que es inconstitucional que la Procuraduría destituya, suspenda o inhabilite a funcionarios públicos elegidos por voto popular, y que, en esos casos, solo puede adelantar investigaciones disciplinarias en su contra e imponerles las sanciones de amonestación y multa. La segunda, que es preciso eliminar todo lo que haya hecho el Ministerio Público desde julio de 2021 hasta el momento de la decisión de la Corte, pues Cabello nunca debió reformar la entidad para seguir sancionando de esta manera a alcaldes o gobernadores.
Y la tercera, que el Congreso debe cambiar las funciones de la Procuraduría para que, de ninguna manera, pueda seguir violando derechos políticos. La ponencia de Pardo establece, además, que el Legislativo tiene seis meses para deshacer el error de Cabello y regular, de una vez por todas, las investigaciones disciplinarias para que quede claro que solo los jueces pueden tocar a los funcionarios públicos elegidos por voto popular. Eso sí, el proyecto de fallo aclara que de ninguna manera puede entenderse este cambio como una decisión que afecta el control que puede hacer el Ministerio Público, por ejemplo, en casos de corrupción, abuso de poder o mal manejo de dineros públicos.
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La ponencia señala que puede seguir manteniendo esa vigilancia, pero su deber sería poner las denuncias del caso ante la Fiscalía o, simplemente, sancionar con una multa o amonestación. Esta semana, la Sala Plena de la Corte Constitucional debatirá el proyecto de fallo de la magistrada Pardo para definir si tumba el pilar de la reforma a la Procuraduría de Margarita Cabello, como propone la ponencia. Todo parece indicar que sus compañeros de sala no tienen dudas de lo que debe suceder en este caso, pues es evidente que la Corte IDH y la Convención Americana ya dejaron muy claro que el Ministerio Público no puede seguir destituyendo ni suspendiendo a alcaldes o gobernadores.
El fallo final será la primera gran decisión que tome el alto tribunal durante el cuatrienio de Gustavo Petro, protagonista sin querer de este expediente, quien públicamente ha dicho que quiere reformar la Procuraduría. Lo que resulte de este debate será clave para los planes del Gobierno y también para los de la procuradora Cabello, que se la jugó toda con la reforma que hoy tambalea en la Corte Constitucional.
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