La justicia en una piedra

Sería maravilloso decir que la lapidación en el mundo contemporáneo es tan sólo la mejor escena de La vida de Brian, pero ni el mundo es una película ni es maravilloso. Al menos cuatro de los 58 países que mantienen la pena de muerte han practicado en los últimos años esta modalidad de ejecución, la más “extrema de trato cruel que ya es la pena de muerte porque su objetivo es prolongar el dolor”, explica Alfred Cerdán, portavoz de Amnistía Internacional (AI). El castigo, para quienes no hayan visto ninguna de las escasas fotos de casos reales que existen, consiste en semienterrar al condenado —preferentemente mujer— y apedrearlo hasta la muerte. Como los hombres tienen la desgracia de poder soportar golpes fuertes sin perder el conocimiento, la muerte es muy lenta. Si el pobre diablo logra escapar a su jauría de verdugos, se le perdona la vida. En algunos países, el reo no ve lo que está pasando porque tiene la cara tapada con una capucha.

Además de cruel e inhumana, es muy antigua. Se practicaba en Oriente Próximo y la recoge el Antiguo Testamento —Deuteronomio— para castigar el adulterio. Pero una frase, “quien esté libre de pecado que tire la primera piedra”, atribuida a Jesús de Nazaret, acabó por desterrar esta práctica cruel en ambas religiones. Los que tiraban la primera piedra en tiempos de Jesús eran los acusadores y si posteriormente —con el inocente ya muerto bajo una lluvia de piedras— se descubría que el condenado era inocente, se podía culpar a los acusadores de perjurio e, incluso, de asesinato.

Para justificarla, en menos de una docena de puntos del mundo —Somalia, Irán, Sudán, el norte de Nigeria, Pakistán, Afganistán, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, una provincia de Indonesia y Yemen— se siguen invocando hoy en día las interpretaciones más estrictas de la sharía (ley islámica), aunque el Corán no dice ni media sobre el asunto. La sharía condena a muerte a pedradas a casados, separados, divorciados hasta a viudos que tengan relaciones extramatrimoniales —que es adulterio—. El delito debe probarse por la confesión repetida del acusado o el testimonio de cuatro testigos varones (o de tres hombres y dos mujeres). Esta misma ley castiga el robo con la amputación de las manos y la “fornicación” fuera del matrimonio, la homosexualidad y el consumo de alcohol con cien latigazos.

Muchos de esos países la contemplan en sus legislaciones estatales o locales, pero no la aplican desde hace años y otros son Estados fallidos directamente sin ley en los que campan tribunales islámicos y sentencias sin juicio. AI sólo tiene constancia de casos recientes en Nigeria, Somalia, Indonesia e Irán. En Indonesia se limita a una provincia con cierta autonomía, Aceh, situada en el extremo norte de la isla de Sumatra.

En Nigeria, la interpretación penal de la sharía permite castigar con lapidación por adulterio a toda mujer que mantengan relaciones sexuales extramatrimoniales desde el año 1999 y en 12 estados del norte —de mayoría musulmana— de los 36 que conforman el país. El mismo delito se aplica al hombre, aunque él puede liberarse de la acusación si jura sobre el Corán ante el tribunal la falsedad de los hechos, lo que no sucede con ella, que requiere de cuatro testigos. Un embarazo sirve, además, como prueba irrefutable de adulterio.

En 2001, el caso de Amina Lawal dio la vuelta al mundo y la convirtió en un símbolo. Esta nigeriana fue condenada por un tribunal islámico del norte por haberse quedado embarazada fuera del matrimonio. El apoyo de organizaciones de Derechos Humanos locales y una campaña mundial en su defensa a través de internet —la primera ciberacción conocida, con más de 9,5 millones de firmas recogidas por AI— consiguió dar la vuelta a la sentencia y que fuera absuelta tres años después.

En Irán, el código penal de la República Islámica, vigente desde la revolución de 1979, contempla la lapidación (ver nota arriba). Gracias al diálogo con la UE, una directiva judicial estableció una suspensión de las lapidaciones en diciembre de 2002 pero, al igual que otros avances del reformista Mohamed Jatamí, no se tradujo en ley, por lo que en estos años se han seguido dictando veredictos y los jueces más conservadores los han ejecutado.

En Somalia aún es peor, porque si en Irán “los juicios no cumplen las garantías internacionales exigibles”, en países como Somalia directamente se perpetran “sin juicio”. Cerdán recuerda especialmente el caso de un niña, Asha Ibrahim Dhuhulow, que finalmente “se comprobó que tenía apenas 13 años y no 23 como decían los testigos”. Murió lapidada en 2008 “en un estadio tras denunciar una violación”. En este país, sin embargo, son “casos aislados”.

Además de estos países, donde las lapidaciones están mejor documentadas, en Afganistán se registró un caso en 2005, el primero tras la caída del régimen talibán en 2001 luego de la invasión de EE.UU. La lapidación llegó al país en los años noventa con el gobierno de los muyahidin (guerrilleros islámicos), que ejecutó a pedradas a muchos hombres y mujeres en la provincia de Badajshán. La práctica se volvió popular en la era de los talibanes, que llegaron al poder en 1996. La Constitución aprobada en Kabul en 2004 es muy vaga al respecto, ya que no menciona la pena de muerte. Sigue pendiente, como tantas otras cosas, una reforma del sistema jurídico.

En Emiratos Árabes Unidos, el último caso del que se tiene constancia se produjo en 2000. Más reciente, de 2005, es la lapidación de una chica de 17 años de la secta yazidí —una antigua minoría religiosa kurda que venera al Diablo— en el norte de Irak. Su pecado: enamorarse de un musulmán. ¿Está la lapidación, que viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en ascenso o en retroceso? “La pena de muerte está en retroceso en general y la lapidación es bastante residual”, apunta AI, que pide no obstante que no se baje la guardia y se actúe hasta erradicarla.