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Lima es una ciudad compleja, como explica el historiador peruano José Ragas. “Siempre tiene ese pánico exagerado hacia lo que viene de afuera”, dice. Pero más que pánico hay que hablar de soberbia y desdén. El aclamado poeta y novelista José María Arguedas le escribía en sus cantos al inca Túpac Amaru, que encabezó la más grande revolución indígena de la época colonial, sobre esa “inmensa ciudad que los odiaba (a los de provincia)” y que los despreciaba “como excremento de caballo”. Nadie como él podía dar testimonio y plasmar el sentimiento de las víctimas de la humillación del poder central.
El miércoles, cuando Lima conmemoró los 488 años de su fundación -porque de celebración no hubo nada-, Ragas recordó cuando el senador Manuel Faura presentó en 1946 un proyecto de ley que prohibiría el ingreso de los provincianos a la ciudad. No fue el único. En la siguiente legislatura, el diputado Salomón Sánchez Burga planeó la creación de un pasaporte para los serranos que querían visitar la capital del país. Ninguno de los proyectos prohibicionistas prosperó, pero eso no significó que la grieta entre la ciudad y las provincias se hubiera cerrado en estas décadas. Por el contrario, se hizo más profunda, lo que llevó a que Lima hoy quiera atrincherarse de nuevo.
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Al desprecio limeño se le suma el desentendimiento. El poder central ha abandonado a las regiones, donde no se invierte lo mismo que se extrae. También está el problema de la hiperconcentración. “Perú es uno de los países más centralistas que hay. Por ejemplo, a diferencia de Colombia, si uno mira los mapas sobre concentración demográfica, hay cierta distribución con otras ciudades grandes como Cali o Medellín. En Perú es solo Lima, y esa concentración económica se traduce en que viva de espaldas al país”, dice Ragas.
Por esa razón, cuando Pedro Castillo ganó las elecciones, el sur peruano en particular esperaba un gran cambio: que Lima atendiera lo que por décadas olvidó. Era uno de los pocos presidentes que no provenían de Lima o habían vivido allí. “Esto generó una reacción muy fuerte en la élite limeña que llevó a bloquear todo hasta el punto que se resumió de la peor manera. Hay una cuestión política, pero también étnica. Uno no puede negar que hubo un desprecio hacia lo que él representaba como líder del país. Y eso es lo que se sigue manifestando en la relación de Lima con el resto del país”, dice Ragas.
La desconexión ha llevado a que en más de una ocasión, en el último siglo y medio, los peruanos de las provincias, en especial del sur, marchen a la capital por la tensión que se vive. Como proyectó en sus viejos escritos Arguedas -cuyo natalicio fue curiosamente el mismo día de la fundación de Lima-, miles de peruanos de provincia han bajado de nuevo a “la ciudad de los señores… congregando pueblo por pueblo, nombre por nombre”. Las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte llegaron finalmente en propiedad a la capital esta semana, generando choques y caos entre la sociedad civil y las autoridades. Ya hay más de 50 muertos. El incendio en el centro de Lima dejó expuesto que la situación se salió de control, aunque el gobierno insista en que lo mantiene.
“La única manera que tiene la gente de hacerse oír, es venir a Lima”, dice Ragas.
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Los manifestantes piden la renuncia de la presidenta, pero también el cambio de reglas de la mesa directiva para que el primer ministro, Alberto Otárola, no ascienda al poder si Boluarte dimite. Otárola, abogado experto en derechos humanos, es acusado de encabezar la violenta represión contra las protestas. Según el influyente periodista César Hilderbrant, él “dio la orden de que la Policía disparara a matar”. También piden una asamblea constituyente y un gobierno de transición, lo cual no es una “varita mágica que resolverá los problemas”, como señala Ragas.
La ciudad recibió a los manifestantes como era esperado: si bien hubo muestras sorpresivas de solidaridad, como las que dieron los estudiantes de las universidades públicas que abrieron sus puertas para atender a los manifestantes, el racismo fue abierto y marcado. Resultan particularmente preocupantes las nuevas exhibiciones de persecución y “terruqueo” que, para Ragas, devuelven a Perú a sus peores años de violencia política. El historiador, que se encuentra en Lima, afirma que hay operativos policiales en los que se buscan textos de Marx en las bibliotecas de personas relacionadas con las manifestaciones.
El “terruqueo” es una vieja práctica de la derecha peruana que surgió de los años 80 para perseguir a la izquierda. Se trata de denominar a quien piense diferente, con propuestas de izquierda, como un “terrorista”. Para el historiador José Carlos Agüero, consultado por El País de España, esto vuelve a los ciudadanos “no personas”, es un dispositivo político por el que sufrieron sus padres senderistas, que no busca desacreditar, sino que pretende expulsar y eliminar del debate público al contrario.
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Para el analista Gonzalo Banda, en diálogo con La República, esto es grave, pues impide construir una ruta de salida a la crisis a partir del diálogo. “La carga peyorativa que hay detrás de la palabra terrorista invalida cualquier posibilidad de incorporar a esa persona dentro del debate público. Por lo tanto, cuando uno ‘terruquea’, lo que está haciendo es apartar a cualquier otra persona que tenga una cosmovisión distinta del debate de alguna de sus propuestas. Por eso es la palabra de cancelación preferida por algunas fuerzas radicales en Perú… con eso creo que se tapan todos los posibles vacíos que podrían emerger en cualquier posible discusión razonable”, explica Banda.
Ragas comenta que cualquier lector o lectora de América Latina puede identificar este método que tuvo su apogeo durante la Guerra Fría. “Toda esta campaña de paranoia y anticomunismo llevó a los gobiernos a requisar cualquier elemento que pudiese parecer de izquierda. En el caso particular de Perú, también ha habido intervenciones de la policía a locales asociados con partidos opositores. En eso se sostiene el régimen actual, en una criminalización de la protesta que lo que hace es utilizar esos fantasmas para perpetuarse en el poder”. La historia peruana es fácilmente la historia de América Latina.
Por ahora los canales de comunicación con los manifestantes siguen cerrados. Al gobierno, que los catalogó como “terroristas”, se le suman los medios limeños, que no los rebajan de vándalos. Este “terruqueo” ha provocado la radicalización de los manifestantes, en palabras de Ragas, quien asevera que cada vez hay menos espacio para la negociación. Mientras Perú desciende al autoritarismo del gobierno y al radicalismo de los manifestantes, la lección para la región entera es la de trabajar en los mecanismos de integración entre el poder central y las regiones para evitar que se produzca una tensión como la que se vive en Perú.
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