¿Damnificado de la Corte?

Visto más de cerca, sin embargo, el episodio deja otra conclusión. La Corte Constitucional dijo, en síntesis, que bastaba una declaratoria de emergencia, la que ya había hecho Santos en diciembre, para conjurar los estragos de las excepcionales lluvias, y que no veía justificación legal válida para decretar una segunda emergencia. Nadie duda de que hay cuestiones urgentes. Como darle suficiente dinero al Fondo de Calamidades para auxiliar a los damnificados y permitirle agilizar la contratación, sin la pesadilla de las licitaciones públicas, pero a la vez, darle a la Contraloría mayor poder de vigilar el dinero. O financiar la entidad creada para reconstruir lo que la lluvia se llevó. O exonerar a los pobres de pagar los servicios públicos que no están recibiendo y evitar que avivatos especulen con los precios de las casas, aprovechándose de la necesidad de la gente. ¿Por qué no incluyeron estos decretos en la primera emergencia?  Desde noviembre los noticieros regionales estaban hablando de miles de colombianos inundados, sin casa, sin comida, pero el gobierno Santos, al parecer, se enteró tarde, y de ahí tuvo que apelar a la segunda emergencia. Se podría alegar que es más fácil criticar hoy, después de que ya sabemos con certeza la magnitud de la calamidad. Pero aún así, los nuevos decretos se han podido sacar sin una nueva emergencia, sino bajo el amparo de la anterior. ¿Por qué entonces la nueva declaración?  Sospecho que querían cobijar medidas que no tenían mucho que ver con la catástrofe invernal. Por ejemplo, la de reforestar áreas que permanentemente se derrumban o expropiar zonas ribereñas, ninguna de carácter inmediato. Tampoco se le apacigua la angustia a ningún damnificado, ni se le hace casa a ningún destechado con la reestructuración de las Corporaciones Autónomas Regionales, otra medida cuyo piso era la emergencia. El Gobierno busca que recuperen su misión original de velar por el desarrollo sustentable, que les había valido, como a la CVC del Valle, un reconocimiento mundial por su enorme tarea ambiental, pues hoy están carcomidas por la polilla de la para-política en medio país. Apelar al pretexto del invierno para hacer estas reformas agrícolas y ambientales era caminar por una cuerda muy floja. Pero, a sabiendas, se jugó la carta, calculando que tenía mejor chance de pasar el examen de la Corte que por el Congreso. A la primera le quedaría difícil darse la pela de tumbar auxilios para los damnificados. Y en cambio, conociendo el canibalismo clientelista de sus hermanos de la coalición oficialista, los congresistas podían dejar sus ánimos reformistas en meros huesos. La Corte, sin embargo, detectó el embuchado y tumbó la segunda emergencia. Los decretos, los apremiantes y los que no lo son, dice ahora el Gobierno que los incluirá en su Proyecto de Plan de Desarrollo, que sólo le quedan dos debates para ser ley. La adición presupuestal de 5,5 billones de pesos tendrá que pasar por el cedazo legislativo del CVY (como voy yo), y quién sabe eso cómo quede. Pero de esto también es culpable el gobierno Santos, pues ha planteado sus relaciones con el Congreso en los mismos viejos términos de la repartija burocrática y la contratitis, y mientras eso no cambie, sus anuncios de reformas profundas seguirán oscilando entre las buenas intenciones y la ingenuidad.