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El presidente Iván Duque en campaña prometió despolarizar y unir a los colombianos; sin embargo, a través de sus principales actuaciones está obteniendo exactamente lo contrario.
Unión fue el enunciado central en el discurso de posesión el 7 de agosto de 2018; 20 días después, cuando se realizó la consulta anticorrupción, pareció recoger las banderas centrales de esa iniciativa que obtuvo 11 millones largos de votos (muchos más que los que eligieron presidente); presentó un Plan de Desarrollo que llama pacto por la equidad pero que en decenas de artículos produce todo tipo de fisuras por contener micos regresivos a granel, tanto que contra él se realizó una amplia protesta nacional el día 25 de abril; planteó objeciones a la JEP que han vuelto las cosas a los dimes y diretes del Sí y el No del 2 de octubre de 2016. Se podrían mencionar otros asuntos. El país está hoy más descuadernado y dividido que antes.
Paradójicamente, el inspirador más connotado de las estrategias gubernamentales, el senador Álvaro Uribe, presidente del Centro Democrático, es quien ha intentado algunas aproximaciones en los momentos más álgidos de las olas de contrariedad que provoca Duque con sus proyectos y posiciones. En relación con las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, el senador Uribe hizo una precisa propuesta de acuerdo en un programa de W Radio el 18 de marzo y la semana pasada intentó un acuerdo sobre dos de las objeciones (las referentes a los llamados “colados”), a través de examen informal multipartidario de la situación (hay testimonio fotográfico) y se reunió con César Gaviria, director del Partido Liberal, en el Club El Nogal de Bogotá (sin foto).
Naturalmente, tales propuestas de acuerdo estaban circunscritas a los temas atinentes a las atrevidas objeciones presidenciales sobre asuntos acerca de los cuales ya se había pronunciado la Corte Constitucional encontrándolos válidos y ajustados a la Carta. Las propuestas del senador Uribe, por su puesto, eran para tratar de llevar el agua a su molino. No podía ser de otra manera. Pero eran propuestas para hablar y acordar soluciones. Se rescata el diálogo, no el contenido inaceptable por regresivo.
Notable que ya el 23 de abril, en la discusión del “orden del día”, en el Senado de la República, que fue el primer gran debate sobre las objeciones, voceros de distintos partidos, advirtiendo el peligroso clima que se estaba creando, llamaron o mostraron disposición a acuerdos de mayor alcance. Días antes un senador conservador había hablado de la necesidad de pacto de Estado.
Muchas voces avisadas están observando con preocupación que podría abrirse otra destructiva etapa de polarización. El editorial de este diario, el domingo 5 de mayo, señala: “Cuando el Gobierno se vio perdido, se escuchó al senador Álvaro Uribe, líder del CD, convocar a todos los partidos –incluso la FARC– a un pacto político que aclarase la vigencia de la extradición y la exclusión de los narcotraficantes”. Y concluye: “Mientras el país se desgasta en estas discusiones, el Gobierno sigue con sus reformas más ambiciosas haciendo fila en un Congreso saturado y atrasado. Lamentable no haber evitado llegar a esta situación”.
¿Ineludible reeditar la polarización que tan negativamente ha afectado la vida del país durante años? Creo francamente que no. Cuando Uribe le grita a Petro: ¡sicario, sicario, sicario!, la respuesta de Petro es: ¡diálogo, diálogo, diálogo! Las cosas han llegado a un nivel de máxima tensión. Los diarios y revistas, sus editoriales, muestran la enorme preocupación que existe por los pasos agigantados que se están dando por el camino equivocado. La frecuencia agobiadora de muertes de líderes sociales tiene que ver con el regreso de la polarización. Las fuerzas de extrema derecha (herederos del paramilitarismo) responden automáticamente a los señalamientos y estigmatización agenciados por las derechas donde quiera que se hallen (Gobierno, Parlamento, gremios, medios). Del dispositivo retórico, sin que se necesiten órdenes expresas y formales, se pasa a la acción de exterminio.
En esta columna lo he planteado y ahora lo reitero: Colombia no ha tenido en 200 años un pacto sobre lo fundamental que dé piso al monopolio garantista de la fuerza en manos del Estado democrático. Historiadores, politólogos y sociólogos han documentado y analizado ampliamente lo que ha sido el particular sistema de orden y violencia instaurado en el país. Ahora, en el año bicentenario de la Independencia nacional, es el momento para superar esa nefasta combinación con el predominio de un auténtico orden democrático.
Hace 20 años, una revista académica se refería en su editorial a la necesidad de un pacto histórico en los siguientes términos: “Hay momentos en la vida de los pueblos en que debe prevalecer el instinto de supervivencia. Esa es la cuestión hoy en Colombia: o rehacemos los vínculos básicos entre la sociedad y el Estado, o seguimos en el descenso hacia una mayor fragmentación social y hacia nuevas formas de barbarie e intolerancia. El proceso de paz entre el Gobierno y los grupos armados –que debe ser al mismo tiempo un proceso de reconciliación entre el Estado y la sociedad colombiana– es la oportunidad para que dicho instinto se exprese de un modo original y práctico”. (Revista Contravía, febrero-marzo, 1999).
La idea de pacto sobre lo fundamental, pacto de Estado, pacto histórico ronda hace rato en la vida política colombiana. No para abandonar el juego de pluralidad sino para rodearlo de garantías reales, no para crear un esquema consociativo de oligopolio político como el del Frente Nacional, no para encasillar la política sino para liberarla de condiciones adversas que hoy la atenazan. El entendimiento, sea cual sea su forma o su nombre, cabe dentro del actual ordenamiento constitucional.
El presidente Duque parece intuir esta necesidad y posibilidad, hace el enunciado correcto, pero en la práctica cierra las puertas al entendimiento. El acuerdo no es solo con los amigos, el acuerdo es con los opositores y los independientes. Se diría que hoy el pacto histórico se facilitaría porque están bien caracterizados y definidos los actores políticos. El proceso electoral de 2018 y el proceso de intenso debate y alinderamiento que acaba de cumplirse están mostrando claramente cuáles son los grandes bloques en que se materializa el juego político.
El pacto histórico es para dotar a la nación de una direccionalidad incluyente que sirva a todos, no lesione a nadie y sí favorezca al país. Colombia necesita un entendimiento básico sobre la vida, la política y el desarrollo, un marco de ejercicio de la más amplia pluralidad con garantías ciertas para todos los actores políticos, sociales y étnicos en todos los niveles territoriales y en todas las regiones. El 2019 año bicentenario de la Independencia nacional es el momento más propicio para asumir con grandeza y responsabilidad los destinos de la nación.
La consulta que hice con amigos acerca del tema de esta columna me dejó en claro que entraba en un terreno de extrema dificultad. Sin embargo, no me he detenido en escribirla y publicarla alentado por el aserto de Max Weber (1864-1920): “La política consiste en un duro y prolongado avance a través de tenaces resistencias, para lo cual se requiere al mismo tiempo pasión y mesura (…) Es completamente cierto (…) que en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez” (La política como vocación, 1919).
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