Conservadurismos enfrentados

La más protuberante es que la educación pública superior en Colombia, pese a involucrar a mucha gente muy talentosa, está atrapada en una maraña de conservadurismos de signo enfrentado que no le permiten avanzar con la celeridad y la ambición que se requerirían para afectar de veras la aguda desigualdad del país. Nada distinto, a mi juicio, es aceptable. La reforma a la Ley 30 de 1992 que acaba de proponer la ministra de Educación demuestra a las claras que el sector no es una prioridad para el gobierno de Santos. La propia doctora Campo hace las cuentas: son 800 mil millones por año de aumento total (2,4 billones en tres años), o sea el 0,14% del PIB. De ello, una parte no especificada sería aportada por la empresa privada. Semejante cantidad, que de ninguna manera alcanza para revolucionar la educación pública superior, más que una cifra es un síntoma de la baja influencia que tiene el Ministerio de Educación en el gobierno. Hay otras novedades en el proyecto de ley, como las universidades por concesión, las cuales tendrían interés si no fuera porque nos las quieren vender como la tabla de salvación del sector, cuando no pueden serlo. La única propuesta de peso es destinar el 10% de las regalías a ciencia e investigación. Pero si en el gobierno llueve, en las universidades públicas no escampa. Que una institución sea pública a veces es un decir, pues si la usufructúa un grupo muy reducido, en realidad es privada, en el sentido de que pertenece a una pequeña minoría. Pocas cosas hay que irriten más a este sector que decirles a los estudiantes de la Unal que son unos privilegiados. Las cuentas, no obstante, son contundentes: a la carrera de medicina se presentan 8.000 solicitudes y entran 150 aspirantes, o sea el 2%. Si obtener dos cupos por cada 100 aspirantes no entraña un privilegio, no sé qué lo entraña. Otras carreras con alto pedido admiten entre el 4 y el 5%. La fobia a la palabra “privilegio” se comprende, pues tiene implicaciones, la más importante de las cuales es que vuelve legítimo exigir a los privilegiados que retribuyan al Estado de algún modo. Lo de fondo es que en la universidad pública reina un fuerte conservadurismo ideológico. Hasta 1989 las ideas maximalistas tenían gran peso allí, y aunque a estas alturas casi ninguna mente sensata las suscribe, subsisten rezagos derivados de su vieja vigencia que instalan a la gente en una suerte de determinismo egoísta y defensivo. No por otra razón se niegan a entender la necesidad presente de un reformismo audaz que genere círculos virtuosos. Dicho de otro modo, el Muro de Berlín puede haber caído, pero subsisten sus cimientos mentales. Una de las consecuencias más perniciosas de este determinismo sobreviviente es la noción funesta de que lo estatal no tiene por qué ser productivo, que hay un derecho adquirido a la ineficiencia. Vaya manera de dispararse en el pie: lo eficaz es neoliberal, lo improductivo es “socialista”. Sea de ello lo que fuere, ni el gobierno ni la academia dominante se la juegan hoy por una universidad pública más grande, más eficiente, más diversa, más dinámica, más libre, que al tiempo que modernice al país lo haga más igualitario. Lástima. andreshoyos@elmalpensante.com @andrewholes