Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Lo prometió en campaña y lo cumplió como alcalde. Enrique Peñalosa derogó el decreto 562 de 2014, expedido por la administración de Gustavo Petro, con el que permitía la construcción de edificios altos o “rascacielos” en zonas diferentes al centro de la ciudad. El pasado lunes firmó el documento que deja sin vigencia la norma urbanística, cuyo objetivo era densificar el centro ampliado para evitar la expansión de Bogotá hacia la sabana. Así, como hubo polémica cuando Petro expidió la norma, hoy se abre un nuevo debate: ¿quién se beneficia?
El decreto 562 se expidió en 2014, justo después de que el Consejo de Estado suspendió la Modificación Especial del Plan de Ordenamiento Territorial (MEPOT), que hizo Gustavo Petro. La norma buscaba estimular la construcción de edificios altos en el centro ampliado, es decir, en las 9.000 hectáreas entre la calle 127 y la avenida Primero de Mayo y desde la avenida Circunvalar hasta la Boyacá.
Los defensores del plan lo consideraban beneficioso ya que reglamentaba el concepto de ciudad densa que el mismo Enrique Peñalosa había instaurado en su primera administración. El decreto, según explica la exsecretaria de hábitat María Mercedes Maldonado, tenía la misión de permitir construcciones en los lugares económicamente más activos de Bogotá, para que los ciudadanos de menos recursos pudieran vivir cerca a sus lugares de trabajo.
Sin embargo, la norma causó polémica. La voz más notoria fue la de los directivos del Camacol, quienes hoy celebran la derogatoria. Ellos, en representación de los grandes constructores consideran que con la decisión gana la ciudad, ya que el decreto era insalvable, al no estar respaldado con un documento técnico ni con un proceso de participación ciudadana. Afirma que fue una norma improvisada, que nunca contó con los estudios que demostraran que los sectores donde se permitía la construcción en altura contaban con los atributos urbanos necesarios para recibir este tipo de edificaciones.
El arquitecto Camilo Santamaría, uno de los opositores a la norma , explica que el problema de ese decreto fue que chocaba con la naturaleza heterogénea de Bogotá y permitía edificios de gran altura en barrios que ya estaban congestionados. Para él era imposible modificar la norma, porque requería un estudio “sofisticado, equivalente al que se debe hacer para el POT”. Es decir, no justificaba salvarlo. Salía mejor derogarlo, para reglamentar la densificación en el nuevo POT.
A pesar de esto, otra mirada tienen los pequeños constructores, que se sienten perjudicados. Señalan que el derogado decreto reactivaba la construcción y permitía recuperar zonas abandonadas en la ciudad, algo imposible con el viejo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que está en vigencia.
“Permitía desarrollos concentrados en la ciudad. Su pecado fue la falta de reglamentación, para que se ejecutara solo en zonas donde hubiera redes de servicios públicos y de transporte. Ahora, los pequeños constructores quedamos en una incertidumbre hasta que se apruebe el nuevo POT, que seguramente será una discusión larga y difícil.”, dice Dumar Celis, de la Constructora Lambda SAS.
Para Mario Caballero, gerente de Obcivil S.A., todo esto es producto de la pelea que libraron los grandes constructores y el alcalde Gustavo Petro. “Cuando Petro habló del centro ampliado y la construcción en altura, aquellos que tienen grandes terrenos en la periferia quedaron por fuera. Ahí empezaron la pelea y los pequeños constructores quedamos en medio, sufrimos las consecuencias. Camacol demandó las decisiones del exalcalde, defendiendo a los grandes y sin consultarnos a los pequeños. Hoy somos los más perjudicados. Igual, los grandes constructores sabían que podían dar esa larga pelea y esperar con sus tierras hasta que llegara un alcalde que tuviera en cuenta sus intereses. Y no es que eso sea malo. Sin embargo, los perjudicados fuimos los pequeños constructores”.
En igual sentido opinan otros pequeños constructores. “Mi negocio es comprar y vender de lotes. El negocio para que los constructores estará paralizado hasta que no salga el nuevo POT. La actividad que más comida y trabajo le da a la ciudad, porque nadie se va a arriesgar a comprar un lote sin saber cuáles serán las reglas de juego para edificar ”, indica Abraham Abramzon, gerente de Findep S.A.
Para el arquitecto Fernando Molina, experto en planeación territorial, el derogado decreto reactivaba la construcción en zonas deprimidas como el centro. “No tiene sentido seguir expandiendo la ciudad, adicionando calles y abandonado el centro. Era un decreto favorable. Esto solo beneficia, por ejemplo, a los que tengan predios en la Reserva Van der Hammen, que seguramente se convertirá en suelo urbano. No tengo idea quiénes son, pero con la nueva visión de expansión de esta administración, esas tierras aumentarán su valor”.