Corrupción en obras

¿Qué hacer? Lo primero es no volver a contratar sin estudios y diseños, una práctica que allanó el camino para las modificaciones tramposas y las ampliaciones multimillonarias de los contratos. Mientras no se completen los diseños, el costo de no disponer de estudios será, necesariamente, que no se puedan iniciar nuevos trabajos.

El segundo paso es eliminar los anticipos (como lo propuso, entre otros, Jorge Humberto Botero). Pero hay que ir más allá. El Gobierno no debe transferir ningún recurso a los contratistas (ni peajes ni otros aportes monetarios) antes de que terminen y entreguen las obras. Sólo así, quienes construyan una vía no tendrán más remedio que tener suficiente capital y establecer una estructura de deuda avalada por las calificadoras de riesgo y alimentada con los recursos de los inversionistas institucionales. De esta forma, de un golpe, se excluirían los aventureros que se ganan los contratos “con la cédula” y salen después a conseguir plata más a las malas que a las buenas: la raíz de muchos de los escándalos recientes.

El tercer paso, consistente con los dos anteriores, es eliminar las frecuentes modificaciones a los contratos, un expediente que se prostituyó hasta niveles inauditos en los años pasados. Es preciso redefinir completa y radicalmente, a nivel legal y reglamentario, el alcance de los ajustes por desequilibrio económico de los contratos, hoy un camino en bajada que conduce, por cualquier motivo, a exigencias de mayores pagos a los contratistas. Como ocurre en otros sectores, quienes ganen los contratos de vías deben asumir con su bolsillo todos los riesgos propios de su negocio. El llamado desequilibrio económico debe ser sólo un evento raro, verdaderamente extraordinario.

Un corolario del punto anterior es que quien gane un contrato no puede, como ocurre hoy, entrar a renegociarlo, como un trámite rutinario. En el pasado reciente los términos de la oferta ganadora dejaron de ser importantes. Se emitieron todos los incentivos para obtener los contratos de cualquier manera, porque el Estado daba las señales de que lo que le ofrecían y lo que contemplaban los pliegos era irrelevante. Todo se podía cambiar, siempre en contra del erario.

Todo lo anterior supone que los contratos deben adjudicarse sólo a las mejores ofertas técnicas y económicas, en medio de procesos abiertos y competitivos, sin cartas marcadas, de una manera clara y transparente. Las complejas y opacas fórmulas de adjudicación y selección que no premian las mejores propuestas, como las medianas o los puntajes que resultan de la interacción de muchas variables, muchas de ellas subjetivas y abiertas a la manipulación, sólo alientan la colusión y la corrupción. Cuando los ganadores sepan que no podrán cambiar a su antojo los contratos y que deben construir lo que ofrecieron, con seguridad van a tratar de hacer las mejores ofertas que sí puedan cumplir. El costo de no hacerlo tiene que ser demasiado elevado.