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No hay nada que hacer. El concesionario Opaín, que adelanta las obras de modernización del aeropuerto Eldorado de Bogotá, deberá pagar $315 millones diarios por las obras que no alcanzará a entregar el próximo 19 de marzo, cuando vence el plazo contractual del denominado hito II, el cual incluye los trabajos con los que no podrá cumplir.
Este fue el dictamen de la primera audiencia pública sobre el avance de las obras del aeropuerto bogotano que convocó la Contraloría General de la República.
Pese a que el concesionario modificó los diseños para mejorar el proyecto y su tamaño, el director de la Aerocivil, Fernando Sanclemente, fue enfático al señalar que se debe cumplir el contrato y que si en la fecha prevista para la entrega de las obras Opaín no cumple, se tendrá que aplicar la sanción. El concesionario podría llevar esta situación a un tribunal de arbitramento para determinar si debe pagar y cuánto.
A menos de un mes de vencerse el plazo establecido para entregar las obras, el concesionario reconoció que se presentan demoras en la construcción del edificio de la Aeronáutica y en la primera fase del terminal de carga, que comprende la zona de bodegas y el edificio administrativo de carga, así como en cuatro obras más. Todas forman parte del hito II.
El 19 de marzo el concesionario entregará a la Aerocivil los edificios de cuarentena, la estación de bomberos y la estación de servicio y rescate. Los seis kilómetros de vías para mejorar la movilidad se entregaron por adelantado, en diciembre.
Frente al retraso, el Contralor de la República, David Turbay, aseguró que se debe hacer cumplir el contrato.
Por su parte, el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, señaló que la empresa española Ineco realiza los estudios para el desarrollo de la fase II de modernización del aeropuerto Eldorado, en el cual se definirá si la terminal aérea requiere una o dos pistas nuevas.
Asimismo, recalcó que se debe doblar el tamaño del área del aeropuerto, para lo cual se deberá poner en marcha un programa de compra de viviendas de los habitantes de Fontibón y Engativá.
Entre tanto, el Contralor señaló que la idea de contar con una moderna terminal es buena, pero que no se debe pasar por encima de los habitantes de estas dos zonas.
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