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El gran paquete de reformas que se tramitará en el Congreso tiene preocupados al Gobierno y a la oposición. Mientras que el ala oficialista centra todos sus esfuerzos en conseguir el máximo apoyo para sus proyectos, otros quieren retrasarlos y hacer más difícil su aprobación. La legitimidad y el visto bueno de la ciudadanía es clave, por ello, es evidente que ambos sectores apuntan a medir el ambiente en las calles, mucho más en el marco de un año electoral, en el que cada vez será más costoso para el Ejecutivo pasar sus iniciativas y en el que todos buscan apoyos para las regionales de octubre.
El presidente Gustavo Petro citó para el 14 de febrero a “las fuerzas del gobierno del cambio” a “discutir en las calles las reformas que se avecinan”. Para ese mismo día, el representante Miguel Polo Polo y otros lideres de la oposición convocaron un “gran paro nacional contra el Gobierno”. Expertos y congresistas han advertido que una jornada como esa, en la que ambos sectores se encuentren en el espacio público, sería el escenario perfecto para la confrontación y la violencia.
“Se pueden generar enfrentamientos tras la emocionalidad y los discursos de sectores opuestos. Lo que ya sucedió en años anteriores”, dice Cristina Echeverri, profesora de ciencia política de la Universidad Nacional (Medellín). En eso coincide el representante Alirio Uribe (Pacto Histórico), quien dice que “es legítimo que la oposición salga a las calles, pero no me parece conveniente que las expresiones públicas sean en las mismas fechas porque pueden haber revueltas y peleas”. Igualmente, la senadora Paola Holguín (Centro Democrático) agrega que “los manifestantes deben tener garantías” y “que el Gobierno deberá proteger los derechos de los no marchantes”.
Frente a esas advertencias, la senadora María Fernanda Cabal, también del Centro Democrático, le dijo a El Espectador que la oposición estaría pensando en cambiar la fecha de la marcha para el 21 de febrero. Por otro lado, el representante Hernán Cadavid aclaró que “Polo Polo no es del Centro Democrático, por lo que su convocatoria no es propiamente del partido como organización, pese a las coincidencias que pueda tener con algunos de los miembros”. El mensaje del representante de la curul afro ha sido tildado como “incendiario”; incluso, dijo que convocaría a la marcha opositora al activista Andrés Escobar, quien es acusado de disparar a civiles en el Paro Nacional de 2021.
Sin importar el día, ambas movilizaciones serán un pulso entre el Gobierno y grupos opositores. “Hay una disputa por el nivel de convocatoria y por quién tendrá mayor capacidad. Se necesita que los asuntos que defienden sean de interés para mucha gente”, agregó Echeverri. Precisamente, el representante Gabriel Becerra, de la bancada oficialista, señaló que en las calles “vamos a ver si la ciudadanía se siente más convocada por nuestras opiniones o por las que pretenden obstaculizar reformas y cambios. Nuestro deber es defender y explicarle a la gente”.
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Las reformas a la calle
Heraclito Landinez (Pacto Histórico) asegura que los proyectos no se harán de “espaldas a la sociedad colombiana”, pues “se van a construir con la gente en las calles, de forma directa”. Mientras tanto, el llamado de Polo Polo es para rechazar esas reformas. Lo cierto es que será muy complejo discutirlas mientras no se conozca el articulado. “Es profundamente irresponsable por parte del Gobierno y de la oposición llamar a marchas, bien sea en pro o en contra, cuando no tenemos conocimiento de los textos”, dice la representante Katherine Miranda (Alianza Verde). Según el senador Jota Pe Hernández, “aunque Petro dice que habrá un debate de calle, en realidad está llamando a marchas de apoyo a su gestión”.
Frente a las críticas por el desconocimiento de los textos, desde el partido de Gobierno dicen que de aquí al 14 de febrero las reformas ya serán públicas –el Congreso entra en actividades el 6 de febrero–. “Desde la primera semana de febrero se van a conocer varios proyectos y será responsabilidad de los congresistas salir a socializarlos”, recalcó Luz María Munera (Pacto Histórico), quien agregó que no se trata solo de salir a marchar sino de “hablar de los textos con el vecino, sindicatos, asociaciones; es decir, conseguir que la ciudadanía se apropie de esas reformas”. Eso mismo expresó el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien explicó que se quiere repetir un ejercicio similar al de los Diálogos Regionales Vinculantes y “que la gente nos cuente en qué les benefician o cómo les podrían afectar dichas reformas”.
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No obstante, a algunos no les termina de convencer esa idea. El senador Humberto de la Calle (Centro Esperanza) cree que “cambiar la reflexión de temas complejos por la estadística de la algarabía en las calles es un retroceso democrático”. Pese a eso, Alirio Uribe indicó que de ninguna manera la participación reemplazará el debate en el Congreso y coincidió en que “no se puede hablar de lo que se desconoce”, por lo que espera a que se hagan explicitas las reformas y a un retiro que tendrá el Pacto Histórico el 24 y 25 de enero en Paipa, Boyacá, para profundizar en la agenda legislativa y perfeccionar los mecanismos para incluir a la ciudadanía en el debate.
Tramitar las reformas y esquivar a la oposición será todo un reto para el Gobierno, igualmente, tendrán que evitar la confrontación y la violencia durante la participación pública. “Los congresistas tienen unos tiempos propios y, a medida que pasan, van a pensar más en sus agendas particulares y en sus electores. El presidente tiene mayor margen de maniobra y negociación al inicio de su mandato, eso explica la necesidad de avanzar en los proyectos propios durante el primer año, después se pondrá más complejo”, concluye Cristina Echeverri.
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Por Laura Duarte Sandoval
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