Respetar a la oposición, sin importar sus colores

El Estatuto de la Oposición fue una de las promesas más interesantes del Acuerdo de Paz pactado en La Habana. Sin embargo, el año pasado, cuando se aprobó, la reacción entre los políticos fue ambivalente. Si bien todos reconocieron su importancia histórica, se lamentaron porque el Gobierno había hecho aprobar una reforma cosmética, sin los dientes necesarios y sin medidas que ayuden a garantizar integralmente los derechos políticos de quienes no estén de acuerdo con las mayorías de turno en la Casa de Nariño y en el Parlamento. En síntesis, es la crítica común a las reformas que se han aprobado de la paz: aunque pudieron ser muy ambiciosas, el difícil paso por el Congreso terminó diluyéndolas.

En efecto, el Estatuto toma una serie de medidas que podrían ser más concretas en su interés por balancear las cargas de poder entre Gobierno y oposición. Pero también creemos que es mucho mejor que exista y que se reconozca que la oposición es un derecho fundamental que debe ser protegido por todos los gobiernos, sin importar qué tan incómodos se sientan. Que haya demorado tanto en ser expedido muestra lo reacios que somos en el país a proteger la diferencia.

Durante su estudio, la Corte Constitucional sólo consideró que uno de los artículos iba en contra de nuestra Carta Política. Tumbó, entonces, la creación de la Procuraduría Delegada para la Protección de los Derechos Políticos y de la Oposición. La norma, además, establecía que cada marzo de todo año el Ministerio Público debía presentar un informe al Congreso de la República sobre el grado de cumplimiento de los derechos contemplados en el Estatuto. Para la Sala Plena, eso es competencia del Consejo Nacional Electoral y no de la Procuraduría.

Entre las disposiciones del Estatuto que sí quedaron vigentes se encuentra la creación de programas de protección y seguridad con enfoque diferencial y de género para los directivos y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición. También se reconoce como derecho de la oposición recibir financiación, acceder a medios de comunicación, acceder a la información oficial, replicar las comunicaciones del oficialismo y participar en la agenda de las corporaciones públicas. Para obtener estos beneficios, al mes siguiente del inicio de cada gobierno, las organizaciones políticas podrán declararse en oposición, independientes o afines a la administración.

Idealmente, estos cambios van a permitir más visibilidad de los partidos de oposición y cimentar una cultura política que respete la disidencia. Nos preocupa especialmente que se cumpla con las condiciones de seguridad. Como le dijo Piedad Córdoba a El Espectador el año pasado sobre este tema: “Sin salvaguardar el derecho a la vida, no puede existir el derecho de hacer política”. Tampoco sobra preguntarse: más allá del Congreso, ¿qué está haciendo el país para proteger la oposición en las regiones y los lugares más olvidados de la geografía nacional?

Colombia necesita apreciar la importancia de las voces disonantes en la política. El Estatuto, por lo menos, dice que el Estado está de acuerdo con esta idea.

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