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En un documento de 54 páginas, la Procuraduría General decidió llamar a juicio disciplinario a Jesús Vergara Vergara, Héctor Antonio Anaya Pérez, Ana Ofelia Galván More, Edgar Marín Támara y Luz Mercedes Simarra Navarro, quienes fungieron como directores administrativos de Control Urbano de la Secretaría de Planeación de Cartagena entre 2016 y 2019. La razón: la presunta omisión en el control y vigilancia en la fallida construcción del proyecto de vivienda y hotelero Ocean Tower , en el exclusivo sector de Bocagrande, en la capital de Bolívar.
Lea: El fallido proyecto en Bocagrande que vincula a investigado por Odebrecht
Se trata de una iniciativa inmobiliaria de dos torres de 27 y 35 pisos que inició en 2012 y debía culminar en 2015 y hasta hoy sigue parada y en obra gris. La acusación disciplinaria contra los cinco funcionarios señala que los investigados disciplinariamente no cumplieron su deber en el que posiblemente “afectó a los compradores de vivienda en el referido proyecto ante el supuesto incumplimiento en la entrega de los apartamentos”. Además, se habría negado asumir la competencia del asunto que fue denunciado ante la Dirección Administrativa de Control Urbano.
La Procuraduría señala constantemente, en cada aparte en el que señala la presunta “falta gravísima” que los cinco directores de control urbano que dentro de sus funciones estaba vigilancia y control a las empresas que vende inmuebles en Cartagena destinados a la vivienda. Incluso, uno de estos directores, Anaya Pérez, señaló que no era competente para cononcer el caso y envió una queja ciudadana sobre los retrasos de la obra a una inspección de Policía. Un asunto que llegó al Consejo de Estado en 2020, señalando que la Dirección de Control Urbano sí era competente.
“Existe evidencia dentro del expediente que permite a la Procuraduría intuir que el cargo de director de control urbano tenía la responsabilidad de emprender las acciones de vigilar y controlar a las personas o empresas que se dedican a la venta de viviendas, tal como consta en el manual de funciones del director Administrativo de la Dirección de Control Urbano de Cartagena”, señala el documento conocido por este diario.
La acción de grupo
En octubre de 2021, El Espectador contó que un juzgado civil de Bogotá aceptó una demanda de acción de grupo, de la cual hacen parte cerca de 60 personas que buscan ser reparadas por el dinero que invirtieron en el fallido proyecto hotelero. Sin embargo, lo que prometía ser uno de los edificios más lujosos de La Heroica quedó abandonado y, según los inversionistas, la cabeza del proyecto no responde por las grandes sumas de dinero que desembolsaron.
Lo que los inversionistas alegan en la acción de grupo es que nunca se terminaron las dos torres que iban a tener habitaciones cinco estrellas de la cadena hotelera Sheraton, apartamentos con vista a la Bahía de Cartagena y hasta un helipuerto. “Se tenía previsto que la entrega del proyecto se llevaría a cabo inicialmente en diciembre de 2015, prorrogándose dicho plazo hasta el 15 de junio de 2016, lo que aún no ha ocurrido. Todo ello, en contraste con el cabal cumplimiento de mis poderdantes a sus obligaciones contractuales y legales”.
Las cabezas del proyecto
El Grupo Ocean, encargado del proyecto, está conformado por conocidos empresarios que han sido cuestionados ante varias autoridades. Los gerentes del grupo son Sergio Torres Reatiga y Carlos Collins, quien estuvo encargado durante varios años de la obra del túnel de La Línea. A su vez son los miembros de principales de la junta directiva junto a Gilberto Álvarez Mulford, cercano a Collins, quien aparece en investigaciones administrativas por daños ambientales en la isla de Barú y como moroso ante la Contaduría General.
Torres Reatiga tampoco está solo en el grupo, pues su hijo Javier Torres Vergara es su suplente en la junta directiva. El dúo familiar es uno de los duros de la construcción en el Caribe, luego de haber estado detrás de la canalización de arroyos en Barranquilla y Soledad, y además son amigos de la familia Char. Javier, el menor de los Torres, tiene pendiente una imputación de cargos en el caso Odebrecht porque, supuestamente, a través de una empresa suya pasó un millonario soborno relacionado con la construcción de la Ruta del Sol 2.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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