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En vísperas de las elecciones al Congreso, con las alertas prendidas en toda Colombia por la influencia que los violentos quieren ejercer para obstaculizar el derecho al voto de los colombianos, la Defensoría del Pueblo decidió suspender las comisiones en terreno. Aunque la institución ha explicado la situación argumentando que se trata de una etapa de reformulación, no deja de ser preocupante que ocurra justo cuando la violencia viene en aumento, las amenazas a las poblaciones tienen en vilo las campañas políticas y el Estado no hace presencia en los territorios con más riesgos.
La Defensoría del Pueblo ha sido la institución con más presencia del Estado colombiano. Incluso en los peores años del conflicto armado, allí donde no llegaban las autoridades sí llegaba un defensor a documentar lo ocurrido. Por eso cada vez que hay una masacre o un atentado, antes existía una alerta temprana de la Defensoría. Su trabajo se convirtió en la única conexión que las poblaciones más vulnerables tienen con una institucionalidad que se ha visto superada por la violencia.
Por eso es preocupante que en un comunicado del 24 de febrero, firmado por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se diga lo siguiente: “En atención a la grave situación de orden público presentada en los últimos días por parte de grupos armados al margen de la ley (…) se suspenden todas las comisiones al terreno”. Solo habrá traslados excepcionales de los defensores.
Hablando con Mañanas Blu, el defensor Camargo explicó que “la semana anterior suspendimos las comisiones no para eliminarlas, sino para reenfocarlas, para reorientar atendiendo la Alerta Temprana 04 de 2022 en contexto electoral que emitimos en días pasados (…) Los agentes de la Defensoría van a ser desplegados por todo el territorio nacional”. Desde la Defensoría dijeron que “en el comité directivo se han aprobado las más críticas y urgentes”.
Sin embargo, las palabras empleadas en el comunicado producen desazón. El problema tal vez ni siquiera está en la Defensoría, sino en un Estado que, ante la avanzada de la violencia, no puede garantizar la seguridad de los funcionarios que están en los territorios más peligrosos. Aunque se haga un “reenfoque” de las comisiones en terreno, su suspensión y levantamiento envían un mensaje a las comunidades de que están solas y que la situación de orden público está fuera de control.
Volvimos, entonces, a las elecciones violentas, a los procesos democráticos marcados por el miedo y por los violentos. Esperamos que la Defensoría del Pueblo retorne pronto a los lugares más afectados y reemplace las comisiones en terreno suspendidas, pero el problema es mucho más profundo y estructural. Colombia no parece encontrar respuestas al narcotráfico, las bandas criminales y las disidencias de las Farc. ¿Cuánto tiempo más seguirá la precariedad estatal?
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