Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En la parte alta de la comuna Villa Hermosa está La Libertad, Villatina, donde el suelo se comparte con el agua que surge de la quebrada La Gallinaza y una piscina natural que frecuentan los niños del sector; aún se ven los vestigios del más reciente derrumbe de la ladera.
En medio de la tierra, están las casas que quedaron al filo del barranco, los escombros de las viviendas que se llevó el deslizamiento y los restos de las que fueron demolidas por precaución. Desde el andén se alcanza a ver todo lo que quedó atrás: ladrillos, tejas, varillas y hasta ropa de quienes tuvieron que abandonar de un día para otro sus hogares.
La emergencia de mayo de 2025 obligó a 180 personas del asentamiento de Villatina, en el oriente de Medellín, a abandonar sus casas en plena madrugada ante el riesgo de un deslizamiento en medio de la temporada de lluvias. Aunque no hubo fallecidos, el evento revivió el recuerdo de una tragedia más grande que marcó a Medellín en 1987, cuando un desprendimiento de 20.000 metros cúbicos de tierra, en el mismo lugar, dejó 500 muertos y 200 desaparecidos y sepultó las viviendas de 1.500 personas, convirtiendo el lugar en camposanto.
Ahora en ese mismo lugar vive Leidy Yobana García, cuya historia representa la complejidad social de quienes viven en riesgo. Hace seis años llegó desde Manrique, La Sierra, y compró una vivienda de tres pisos que albergaba a cuatro familias. Fue la primera casa que demolió la alcaldía por riesgo. Leidy enfrenta este proceso desde una condición de salud crítica: es paciente de cuidados paliativos, diagnosticada con lupus y dependiente de oxígeno permanente.
“Nos marcaron las viviendas para un estudio de suelo y esperábamos una reunión para conocer los resultados, pero el encuentro nunca ocurrió. El operativo se realizó con fuerza pública mientras yo estaba hospitalizada; tuve que ver por videollamada cómo caía mi casa con mis pertenencias aún dentro”, relata.
Se refiere al censo que realizó la Alcaldía de Medellín y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) junto al cual se hicieron estudios de suelo y estructurales en el sector de La Libertad, el más afectado por los deslizamientos de 2025. Pero nunca hubo claridad sobre lo que se iba a hacer con esos análisis y, por consiguiente, si los afectados tendrían que salir de Villatina.
Desde el Área de Defensa del Territorio de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), organización que ha acompañado a la comunidad afectada, señalan que, aunque las familias recibieron inicialmente el subsidio de arrendamiento temporal por tres meses sin condiciones, el mayor desafío es el posterior silencio de las autoridades y la falta de soluciones a largo plazo.
“Exigíamos que, mínimamente, hasta que las familias no tuviesen seguras las condiciones para acceder a una solución definitiva de vivienda, no se adelantara la demolición. Pedíamos un proceso de negociación que permitiera claridad, pero hoy las familias se enfrentan a un sistema que les exige capacidad de endeudamiento y ahorros que no tienen, dejando en el aire la prórroga de sus arrendamientos temporales”, explican.
El drama de las familias
Hace seis años, Leidy compró el lote de manera informal para el que adquirió un préstamo para construir la casa, en la que arrendó tres apartamentos. Además de ella y su familia, habitaban allí una pareja, una mujer con sus cinco hijos y su hermana con cuatro hijos. Al perder la propiedad, perdió también su única fuente de ingresos, con la que seguía pagando la deuda de la construcción. Hoy, su familia comparte una vivienda con otros afectados, paga un arriendo de 850.000 pesos y recibe cada mes las cuotas bancarias por una casa que yace en los escombros.
“Lo que nos gustaría que entendieran es que somos seres humanos que viven del día a día. Queremos una respuesta sobre nuestros hogares y soluciones reales. Nos terminaron de demoler las casas, pero no tenemos un papel, no tenemos nada que certifique que esa era nuestra casa y que fue demolida en tal fecha y a tal hora”, dice Leidy.
La trabajadora social de la CJL advierte que la crisis de Villatina no es un caso aislado, sino parte del déficit habitacional y el alto costo de vida que enfrenta Medellín. Muchas familias habitan en zonas de alto riesgo porque los lotes se venden de manera ilícita a precios muy bajos, sin regulación ni respaldo de las autoridades competentes. Por eso, desde la organización solicitan que personas como Leidy sean atendidas de manera prioritaria en los programas de subsidio de vivienda.
Esa vulnerabilidad social tiene, además, una explicación que viene desde la tierra misma. Según Andrés Godoy, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional y antropólogo de la Universidad de Antioquia, el riesgo se extiende a múltiples barrios y poblaciones asentadas en las laderas del Valle de Aburrá. La tragedia de 1987 fue precisamente el hito que obligó a la ciudad a crear mapas de riesgo y sistemas de alertas tempranas, con la intención de proteger a las comunidades, aunque en la práctica, como sucede hoy, esa prevención derive en demoliciones que dejan a los habitantes en la incertidumbre.
Godoy explica que las casas se asientan sobre sedimentos sueltos que hacen que las estructuras sean frágiles. Sumado a esto, por el calentamiento global, las lluvias en el Valle de Aburrá son cada vez más agresivas y localizadas, y el suelo tiene una capacidad límite para absorber agua, en gran parte porque ha sido debilitado por las mismas construcciones humanas. Por eso, cuando la lluvia supera ese nivel de reacción de la cobertura vegetal, la tierra se sobresatura y cede ante la gravedad. No se trata de un fenómeno meteorológico aislado, sino de un historial de eventos que demuestra que esta zona de la ladera oriental es, por su propia naturaleza, de alto riesgo para el hábitat humano.
Las inesperadas acciones de la alcaldía de Medellín
El pasado 10 de febrero, la Secretaría de Seguridad de Medellín anunció que avanza en la demolición de 12 viviendas en riesgo en Villatina, tras conocerse el concepto técnico del DAGRD que determina que en la zona se deben hacer trabajos de mitigación y estabilización del terreno para reducir la amenaza sobre el entorno.
“Las estructuras priorizadas ya habían sido caracterizadas, notificadas y desocupadas previamente, con acompañamiento social permanente, desde el año pasado, con el fin de evitar reocupaciones y prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas durante las labores técnicas”, indicó la entidad.
Las 12 viviendas ya fueron derribadas. Entre las que está la de Leidy, aunque contrario a lo que señaló la Secretaría, ella señala que no se ha dado el acompañamiento debido a los damnificados. Aunque intentamos contactar al DAGRD, la Secretaría de Seguridad y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED) ninguno se hizo responsable de las acciones en la comunidad e indicaron no tener información disponible.
Por su parte, la Secretaría de Inclusión Social confirmó que, en el momento de la evacuación, el ISVIMED otorgó el subsidio de arrendamiento temporal a 45 familias. Tras la demolición de las 12 viviendas, se caracterizaron 17 familias, de las cuales solo nueve cumplían los requisitos para acceder a la prórroga del subsidio, y a estas se les solicitó entregar la documentación requerida para legalizar el pago. Sin embargo, no hay claridad sobre qué solución recibirán las 8 familias restantes que, pese a haber perdido sus viviendas en las mismas condiciones, no lograron cumplir con los requisitos exigidos.
Finalmente, la preocupación no se limita a las casas ya demolidas. Consuelo Restrepo, habitante del barrio, manifiesta que la situación con la quebrada La Gallinaza, que atraviesa el sector, representa una amenaza para las viviendas de la parte baja que no fueron consideradas en riesgo, por lo que no han sido base de estudio. “Se abrió un hueco enorme en el cauce donde el agua se desaparece y no sabemos a dónde va a parar. Ya reporté al 123 y tengo el radicado, pero no hemos recibido respuesta ni visitas”, advierte.
Su temor es que la quebrada desencadene una nueva tragedia. “Las entidades siempre esperan a que pase el desastre para llegar a tocarnos el hombro. Ya pasó en el barrio La Libertad: advertimos de las filtraciones y nadie puso cuidado hasta que se vino el derrumbe”, concluye.