Condenan a cinco años y cinco meses de prisión a «falsas víctimas» de la masacre de Mapiripán

En su decisión se ordenó el pago de una multa de 225 salarios mímimos legales vigentes y una inhabilidad para ocuptar cargos públicops por 67 meses. Igualmente aceptó la solicitud presentada por la defensa de los procesados y les concedió la detención domiciliaria en su finca Santa Catalina, vereda El Cocuy en Villavicencio. 

El funcionario judicial tuvo en cuenta que los procesados aceptaron en la audiencia de imputación de cargos su responsabilidad en los delitos de fraude procesal en concurso homógeneo con estafa agravada, reconociendo así que mintieron sobre su calidad de victimas en la demanda presentada en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En septiembre de 2005 el organismo internacional condenó al Estado colombiano por esta masacre y le ordenó el pago de una indemnización a las víctimas acreditadas. Fue así como los tres procesados recibieron una suma superior a los 3.300 millones de pesos tras argumentar que sus familiares habían sido asesinados en la incursión paramilitar. 

El juez consideró que existen pruebas documentales y testimoniales suficientes para inferir que Mariela Conteras, su hija y su yerno recibieron esta indemnización. Igualmente se pusieron de presente las declaraciones en las cuales le aseguraron al organismo internacional que los paramilitares habían asesinado a su esposo, sus dos hijos. Situación que generó además su desplazamiento de la zona.

Igualmente tuvo en cuenta los registros bancarios que señalan que los procesados reintegraron parte del dinero que recibieron de manera irregular, asi como el compromiso firmado para entregar en los próximos meses el dinero restante. En declaraciones juramentadas los acusados reconocieron haber faltado a la verdad para recibir los citados beneficios.

En la diligencia judicial celebrada este miércoles el juez aseguró que los hechos materia de investigación revisten una gravedad puesto que le mintieron a las autoridades judiciales con el fin de obtener una indemnización que no merecían afectando la credibilidad en las instituciones puesto que presentaron a cuatros de sus familiares como víctimas de la masacre.

Con estos argumentos engañaron a las autoridades judiciales que creyeron su versión. Los procesados, según el juez, conocían desde el principio que estaban incurriendo en un acto ilegal puesto que estaban mintiendo sobre la situación y pese a esto recibieron una indemnización producto de un engaño.

El engaño

Según el fiscal del caso, en el año 2000 Mariela Contreras declaró ante la Fiscalía que su compañero sentimental había sido asesinado por la guerrilla de las Farc. Sin embargo, poco tiempo después se presentó nuevamente ante las autoridades judiciales para indicar que su esposo y dos de sus hijos habían sido desaparecidos en el marco de la masacre.

En su segunda declaración manifestó que llevaban ocho meses viviendo en Mapiripán. Un día su hijo menor enfermó por lo que le pidió a su compañero sentimental que lo llevaran un centro médico, cuando estaban saliendo se escucharon los ruidos propiciados por la incursión de los paramilitares en la región.

“Cuando estábamos corriendo, aparecieron dos personas armadas y dijeron ‘este es’ y se lo llevaron. Le dije a mis hijos que corrieran, pero los dos mayores de 5 y 16 años fueron retenidos y hasta el momento no sé nada de ellos, presumo que están vivos”, señaló el fiscal al citar la declaración de Contreras en 2002 ante una Fiscalía especializada de Derechos Humanos.

En su testimonio aseguró que le habían dicho que el cuerpo de su marido había desmembrado y arrojado al río Guaviare junto a otras decenas de personas, sin embargo fue clara en asegurar que no le constataba la veracidad de esos hechos. Versión que fue avalada parcialmente por los otros testigos quienes, según la Fiscalía, incurrieron en contradicciones de tiempo, modo y lugar.

En el 2007, Zuly Herrera Conteras y Argemiro Arévalo Romero presentaron una nueva declaración, la cual fue clave para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a la Nación y ordenara el pago de una multimillonaria indemnización a estas personas por la pérdida de familiares que hacían parte de su núcleo principal.

Pero las pruebas recolectadas y los testimonios indicaron que estas personas no habían fallecido ni mucho menos desaparecidas en el marco de la ejecución de la citada masacre. “Los registros indican que el compañero sentimental de la señora Mariela Contreras falleció mucho después de los hechos registrados en 1997, que uno de sus hijos está con vida en la actualidad y otro falleció en hechos posteriores que no tuvieron nada que ver con la matanza”.

Igualmente citó la versión libre entregada en marzo de 2010 por 10 postulados a Justicia y Paz quienes reconocieron su participación en la masacre.“Confesaron que asesinaron a seis personas, desaparecieron a cuatro y secuestraron a tres quienes posteriormente fueron liberados. No reconocieron o hicieron mención a los nombres presentados por Mariela Contreras, su hija y su yerno”.

El fiscal del caso citó además la decisión de revisión emitida por la Corte Interamericana que excluye a estas personas como víctimas al considerar que no cumplen con los requisitos exigidos.