Los perseguidos de Evo Morales

En el Congreso, Juan Evo Morales Ayma era un diputado muy crítico, a quien no le temblaba la voz para acusar a los dirigentes. En las calles, Evo Morales era un carismático líder sindical y cocalero, que arengaba las vastas movilizaciones sociales contra el libre comercio, durante los gobiernos a los que actualmente acusa. En la presidencia, Evo se convirtió en el primer aymara en ocupar el cargo y luego ser reelegido. Para sus opositores, el presidente Morales fue desde el principio un político que, aprovechando el apoyo de las mayorías, logró permear los tres poderes del Estado y llevar la democracia al borde del abismo.

Son tres ex presidentes y un ex vicepresidente (ver recuadros) los que hoy se agrupan alrededor de este reproche. Algunas actuaciones en su paso por la cabeza del gobierno están siendo investigadas por la justicia. ¿Cuál justicia?, preguntan, como si se tratara de un insumo que en Bolivia se agotó. “Estamos dispuestos a ir a un juicio porque actuamos en ley, pero no nos puede juzgar una corte que ha sido nombrada a dedo por Morales”, dice Carlos Mesa Gisbert, uno de los acusados.

El 7 de febrero de 2009, Evo Morales promulgó la que entonces sería la nueva Constitución Política. Era el paso inicial para lo que el presidente llamaría la ‘refundación’ de Bolivia, el primer avance en un largo sendero de reformas que harían del Estado boliviano un mejor país. Después vendrían ajustes a todo nivel, incluido el sistema judicial.

Así que el camino estaba trazado, y desde la Asamblea Legislativa, con dos tercios de sus curules en manos del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo, se aprobó una ley que permitía al presidente designar 18 de los 26 magistrados del Tribunal Supremo, del Constitucional y del Consejo de la Judicatura, hasta tanto se realicen las elecciones —presupuestadas para diciembre de este año— que determinen los cargos judiciales, sometidos a votación popular como parte de una estrategia para cambiar el sistema de raíz.

Al tiempo, hacían tránsito proyectos como el de la “Ley de Juicio y Responsabilidades” para ex presidentes de la república; y la nueva Ley Anticorrupción, que hace de la corrupción un delito imprescriptible y retroactivo. “No se pueden sancionar conductas que en el pasado no eran delitos y hoy, a título de lucha contra la corrupción, se pretendan sancionar”, reclama Eduardo Rodríguez, otro de los acusados.

Este grupo de cuatro dirigentes de otros tiempos, que serían juzgados por la Ley de Juicio y Responsabilidades, se unieron para hacerse escuchar en bloque, enviar un comunicado a la Asamblea Legislativa y llamar la atención externa sobre lo que, a su juicio, es una violación de los derechos humanos y a los tratados internacionales.

Se trata de un “anticipo a su culpabilidad”, de una estrategia “para volver a estar en la palestra política”, aseguró en su momento la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, quien además dijo estar segura de que dicha ley habla de retroactividad y que, en caso de ser juzgados, los ex mandatarios afrontarían sus juicios con la antigua legislación. Efectivamente, la ministra Suxo está en lo cierto, pero cabe hacer una excepción, aclara Mesa, al otro lado de la línea: “En la Ley Anticorrupción, aprobada en marzo pasado, se tipifica  el daño económico al Estado y las resoluciones contrarias a la Constitución como delitos de corrupción. De esto nos acusan. Por tanto, en el momento en el que comience el juicio, automáticamente se nos aplicará la retroactividad”.

Human Rights Watch (HRW) ha pedido  al gobierno boliviano que modifique estas dos leyes, pero   en palabras de Evo Morales, HRW “es un gran defensor del imperio norteamericano, que va a acusar de cualquier tema a los gobiernos que buscan transformaciones en Bolivia”.