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En la comuna 4 de Soacha, conocida como Altos de Cazucá, sus habitantes han sufrido los peores horrores de la guerra colombiana. Además de que una parte son desplazados por el conflicto armado, hace una década el país se aterró cuando se supo que al menos 19 jóvenes de ese municipio fueron asesinados por el Ejército, entre ellos, Elkin Gustavo Moreno, un joven de 13 años de esta comuna que desapareció en 2008. Además, en los últimos años, entidades como la Defensoría del Pueblo alertan que en Cazucá, en un sector conocido como Ciudadela Sucre, la banda criminal Los Paisas (de origen paramilitar) está reclutando forzadamente a jóvenes.
Además de sobrevivir a la violencia y a la pobreza extrema, la comunidad de Ciudadela Sucre también lucha por acceder a servicios básicos como el de acueducto y alcantarillado, el cual, desde 2019, depende de una controvertida firma española. Se trata de Torrescamara, una empresa que controla el 45% del consorcio a cargo de la obra —también integrado por Ingeaguas (30%) y Depuración de Aguas (25%)—. Según los habitantes de la zona, la obra lleva meses de atraso, lo cual ha generado graves afectaciones a la salud pública y ambiental. El Espectador conoció documentos que dan cuenta de esas demoras del consorcio, el cual es representado por Juan Pastor Ruíz, ciudadano español que, a su vez, es la cabeza de Torrescamara en Colombia.
La obra
De acuerdo con los informes de la obra, desde 2015 la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB) empezó a dar los primeros pasos para diseñar un proyecto que solucionara los problemas de acueducto y alcantarillado de esta golpeada zona. Esta obra, que tiene un valor de $56.400 millones de pesos y que debía estar lista en marzo de 2023, se hizo “Con el fin de prestar de forma adecuada los mencionados servicios, impactando positivamente en la calidad de vida de la población. Una vez desarrollados los estudios y diseños, en 2019 la EAAB, inicia el proceso de contratación para la realización de la construcción de las redes del sector Ciudadela Sucre”, dice el último informe del contrato.
Aunque esa obra obviamente pretendía mejorar la calidad de vida de los habitantes de Ciudadela Sucre, los retrasos han ocasionado todo lo contrario. Una carta de octubre de 2023 de la junta de acción comunal de la zona le hizo saber el consorcio todos los reparos que tienen al respecto: “La calidad de las obras son deplorables. Los materiales utilizados son de baja calidad y la mano de obra no es calificada, problema que se viene presentando hace tres años. Las aguas residuales que salen de las casas y de las vías están contaminando el ambiente y generando problemas de salud para los habitantes del barrio”, dice el documento conocido por este diario.
Además de estas denuncias, El Espectador conoció documentos tanto de la EAAB, quien entregó el contrato, y la empresa interventora de la obra, quienes hacen reparos sobre la baja ejecución de la obra y el riesgo de que esta no se termine. Por ejemplo, un informe de interno de hace apenas dos semanas señala que la obra presenta “serias dificultades” en su ejecución, lo que ha ocasionado que, en este momento se presenten retrasos en la ejecución de la meta proyectada, (…) “De seguir la actual situación, en el término faltante de ejecución del plazo otorgado con la prórroga de contrato, 10 meses, el contratista no cumpliría con la construcción de 78.000 metros de redes de acueducto y alcantarillado”.
En esa misma línea también se pronunció la EAAB en un acta de seguimiento a la obra de inicios de noviembre de 2023. La empresa público-privada aseguró que en octubre pasado hubo grandes retrasos de la construcción y en la ejecución de los dineros por lo cual hay “riesgos de incumplimiento a la programación del contrato”. Los documentos conocidos por este diario advierten que el contrato, iniciado en marzo de 2020, en plena pandemia, estuvo suspendida en el papel, pero las obras seguían adelante. “Esta es una triquiñuela que hacen varios contratistas con el fin de poder equilibrar sus metas de ejecución de la obra y esto sucedió Ciudadela Sucre”, dice una fuente cercana a la obra.
La versión de los españoles y el Acueducto de Bogotá
Aunque El Espectador se contactó con la firma española, al momento de la publicación de este artículo no se pronunciación. Sin embargo, este diario conoció un documento en el que Torrescamara comunicó la EAAB por qué suspendían sus labores en Cazucá. El consorcio dice que: “No solo resulta injusto y desproporcionado, sino ilegal pretender que sigan con el desarrollo de las obras. Lo anterior por cuanto resulta necesario que la contratante defina los aspectos técnicos y los precios no previstos pendientes de aprobar e incorporar al contrato, puesto que sin ello resulta imposible continuar legalmente con la obra, ya que de hacerlo se puede generar daño fiscal y la consecuente responsabilidad del mismo tipo” dice el documento del 16 de noviembre.
Según el consorcio, hubo una indebida planeación de la obra que terminó generando los atrasos. “Es deber de la EAAB asegurar los derechos del consorcio, los cuales están seriamente afectados con el incumplimiento de las obligaciones de la Empresa de Alcantarillado y de definir con claridad la totalidad de las condiciones técnicas de ejecución de la obra (…) Aunado a las condiciones de inseguridad que se presentan en los lugares de ejecución de la misma”, dice el documento conocido por este diario. De esta situación tampoco queda claro por qué la EAAB le prorrogó el contrato al consorcio, teniendo en cuenta los frecuentes atrasos y quejas de la comunidad.
El Espectador también se contactó con la EAAB y señaló que cuando se aprobó la prórroga del contrato se buscaba dar todas las facilidades al contratista para la culminación del proyecto, “compensando actividades externas que afectaron el desarrollo del proyecto como es la demora en la aprobación de permisos, suspensiones asociadas a las restricciones por la pandemia. “Al consorcio Ciudadela Sucre se le brindó prórroga (tiempo), después que la interventoría aprobó el cronograma que el contratista propuso para culminar las obras de los frentes intervenidos y el inicio y culminación de los otros frentes restantes y así dar cumplimiento al contrato”, señaló la EAAB.
El vínculo con Noemí
En la página web de Torrescamara, creada en 1986, dice que tiene presencia en países como Arabia Saudí, Suecia, Uruguay, Paraguay y Perú. En Colombia, la firma española ya participó en proyectos como la renovación de la línea ferroviaria del Cerrejón e intentó quedarse con el Regiotram, el proyecto como el tren de cercanías de la Sabana de Bogotá, que finalmente fue adjudicado por la Gobernación de Cundinamarca a un consorcio chino por US$800 millones. Fue por este megaproyecto que el nombre de Torrescamara se hizo conocido, pues en 2021, la excandidata presidencial conservadora, Noemí Sanín, hizo una grave acusación en su contra.
La política señaló en ese momento que la firma no se hizo cargo de sus honorarios luego de trabajar seis años para Torrescamara ante varios altos funcionarios públicos, entre ellos, el entonces gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, el director de planeación Simón Gaviria, el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y Luis Fernando Andrade, director de la ANI. El lío terminó ante los estrados judiciales, en donde Juan Pastor Ruiz, cabeza de la firma española y el Consorcio, aceptó que Sanín los acompañó en varias reuniones, pero negó tener cualquier compromiso económico con ella.
Una obra que sí quedó en manos de Torrescamara fue el puente de la calle 127 con Avenida Boyacá, en el norte de Bogotá, proyecto que pretende descongestionar el tráfico en esta zona clave de la ciudad. Sin embargo, la compañía española se enfrentó con la alcaldía de Enrique Peñalosa en un pleito arbitral porque, según la constructora europea, el Distrito entregó tarde los planos de detalle y otros documentos claves, generando graves retrasos en la obra. Jorge Pino Ricci, abogado de Torrescamara en este caso, señaló que su cliente perdió el pleito arbitral, pero que interpusieron una tutela ante el Consejo de Estado para que se revise la decisión tomada en el laudo arbitral. La acción judicial ya fue admitida y el alto tribunal estudiará a fondo su contenido.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
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