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Las primeras cámaras de comercio que nacieron hace muchos siglos tenían una finalidad de fomento y protección a los comerciantes.
Esa razón de ser que ha trascendido los tiempos no debe perderse de vista, pues esas entidades podrían tener un papel muy activo en la generación de riqueza a través de la actividad comercial. Es lamentable, pero para buena parte del público y de los comerciantes mismos, las Cámaras de Comercio son simplemente una aspiradora más de los recursos particulares sin que exista ninguna contraprestación clara y concreta.
Lo que sucede con la inmensa cantidad de documentos sujetos a registro en las Cámaras de Comercio es inaudito en pleno siglo XXI. En la línea de hacerles más agobiante la vida a los ciudadanos, el anterior superintendente de Industria y Comercio, Gustavo Valbuena, emitió un deplorable concepto en virtud del cual se obliga a autenticar documentos sujetos a registro en las Cámaras de Comercio. La interpretación es regresiva; la práctica durante muchos años fue la de no exigir tal autenticación. Alegar ahora que eso es lo que dispone la ley es bastante absurdo; ¿Por qué no lo sabían los anteriores superintendentes y el mismo Valbuena, quien al parecer apenas se vino a dar cuenta cuando ya llevaba varios años en el cargo?
Las TIC tienen una oportunidad de demostrar su aplicación. En un plazo no mayor a un año se debería disponer la supresión de registros físicos en las Cámaras de Comercio, algunos por inútiles y otros por innecesariamente costosos. Mucho podría hacerse gratis en internet.
El kafkiano trámite del registro único de proponentes para contratar con el Estado —a cargo de las cámaras de comercio— es un ejemplo de inutilidad que bien podría suprimirse. Al fin y al cabo ese registro ha demostrado ser inocuo para enfrentar la corrupción en la contratación estatal.
Por lo demás, sería bastante útil conocer la manera como la Contraloría General de la República ha ejercido en los pasados años sus funciones de control y vigilancia del recaudo, manejo e inversión de los ingresos públicos de las Cámaras de Comercio. De ninguna manera podría admitirse que su inmensa capacidad de gasto permitiera perpetuar feudos de privilegios a costa de abnegados y anónimos comerciantes.
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