Tres cartas de los lectores

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Sobre el editorial de la C. I. J. Gutiérrez

Como muchos otros medios, este también apunta a que el problema es la minería ilegal, en donde hay un sinnúmero de personas trabajando por el sustento propio y el de sus familias; sin embargo, se contradicen porque de esta red hace parte la comercializadora que supuestamente es una empresa legal. Adicionalmente se les sugiere investigar cuál es el papel de las empresas nacionales y multinacionales productoras de oro legales en el apoyo a grupos armados ilegales, la extorsión no es solo a la minería ilegal, entre otras cosas. Todos sin querer terminan apoyando estos grupos por la falta de presencia y contundencia del Estado deliberada contra estos grupos.

El editorial realizado es solo una visión parcial del problema en que solo se expone una porción de los responsables.

Nicolás Torres

La ley es dura

Estoy en desacuerdo con su editorial “La ley es dura, y es la ley, ¿pero se ejerce por igual?” (14/04/19). El Partido Verde permitió la inscripción inhábil de Mockus y por eso debe recibir una sanción. Fue una acción de electores (el potencial de Mockus era muy grande). Es más, Mockus obviamente sabía de su inhabilidad. No socialicemos mentiras (verdades a medias). Finalmente les manifiesto que he sido simpatizante de Mockus y por lo mismo le exijo consecuencia entre su discurso y su actuar.

Carlos Eduardo Guerra Londoño

Lo accesorio y lo principal

No queda duda, como lo trata el editorialista, de que el caso Mockus se encuentra ajustado a derecho y como uno de los principios del derecho es que “lo accesorio corre la suerte de lo principal”, su consecuencia lógica debería ser que el Partido Verde, que se benefició de la alta votación de Mockus, a sabiendas de su inhabilidad, sea castigado con la pérdida de dichos votos y, por lo tanto, con la pérdida de varias curules en el Senado. Este no es un tema de justicia o de injusticia, ya que no se está valorando una conducta moral, sino una conducta contraria a derecho.

De paso, se crearía un precedente judicial para que a futuro los partidos políticos sigan usufructuándose de candidatos inhabilitados para obtener curules.

Juan Carlos Marchena Otero

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