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A instancias de la Procuraduría, para las 9 de la mañana de este jueves está prevista una cita entre la Cancillería y la empresa Thomas Greg & Sons para definir si el Estado entrará a pelear o no por una demanda que podría costarle 117 mil millones de pesos por cuenta de la fallida licitación para la elaboración de pasaportes en el país. La decisión de declarar el proceso desierto, que se tomó el pasado 13 de septiembre, desembocó en un lío jurídico que llega a esta audiencia de conciliación.
El demandante, Thomas Greg & Sons, que ha ganado el proceso licitatorio durante los últimos 12 años, ha pedido que, al cumplir con el pliego de condiciones, se respete su derecho a ser adjudicatario del contrato de casi 600 mil millones de pesos. De lo contrario, piden la indemnización de 100 mil millones (la utilidad que habrían obtenido con el negocio) y 17 mil que corresponden a perjuicios económicos. La empresa pide que la dejen ejecutar el contrato del que la privaron por solamente dos años más, ya que en el marco de la urgencia manifiesta ya se les concedió por un año, mientras se vuelve a abrir el proceso de licitación.
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Las posibilidades de conciliar, en la cita que tendrá lugar a las 9 de la mañana, son muy escasas. Este miércoles el presidente Gustavo Petro trinó: “He ordenado que se abra un proceso licitatorio limpio y sin fórmulas que lleven a un solo proponente predeterminado. Las licitaciones de un solo proponente no van en mi administración. Si alguien gana que sea por competencia, en esta administración no hay derechos heredados”.
Y ha trascendido que el Comité de Conciliación de la Cancillería ha habido desencuentros para decidir si se debería conciliar con Thomas Greg & Sons o irse a litigio. En el comité tienen asiento tanto el ministro Álvaro Leyva, quien lo preside, como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al igual que el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en su calidad de ordenador del gasto, el director de Talento Humano, el director Administrativo y Financiero, entre otros.
La agencia fue convocada por el ministerio a la sesión del pasado 24 de noviembre para analizar la conciliación extrajudicial. La entidad fue enfática en la presencia de la directora general, Marta Lucía Zamora, quien ha ocupado el cargo desde que el presidente Petro la designó en agosto de 2022. Sin embargo, fuentes que prefieren no ser nombradas le contaron a este diario que días antes de esa reunión, representantes de Thomas Greg & Sons se sentaron con la agencia y le expusieron una fórmula de solución.
Aunque en el comunicado de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica se especifica que las deliberaciones de ese 24 de noviembre son carácter reservado, “por cuanto se plantearon estrategias de defensa jurídica”, fuentes cercanas al comité le confirmaron a este diario que se propuso posponer la audiencia de este 30 de noviembre para revisar la fórmula que propuso la empresa demandante. “Todos los miembros del comité de conciliación, incluido el delegado del Canciller, encontraron razonable la postura expuesta por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica en cumplimiento de su función de prevenir el daño antijurídico”, es lo único que se lee en el documento de la agencia.
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Después de esa reunión del Comité de Conciliación se citó a Thomas Greg & Sons a una reunión que se iba a llevar a cabo el pasado martes 28 de noviembre y en la que estaría presente la Procuraduría, la Cancillería y la agencia. Sin embargo, esta fue cancelada sin mayor justificación. Al parecer, según aseguran algunas fuentes, Zamora se reunió ese mismo día con el ministro Leyva; Vladimir Fernández Andrade, el secretario jurídico de la Presidencia; y con el director del Dapre, Carlos Ramón González.
Según ha trascendido a algunos medios de comunicación, aunque la recomendación de Zamora fue buscar la forma para conciliar, el canciller habría asegurado que esa no era la voluntad del presidente, que “pasara lo que tuviera que pasar” y que no “le metieran miedo” con la idea de una acción de repetición (una acción que puede ejercer el Estado cuando es condenado a la reparación patrimonial como consecuencia de la acción de alguna autoridad pública). Cuando El Espectador preguntó a la Cancillería por esta posible inclinación a no conciliar, la entidad respondió que no diría nada al respecto en pro del proceso legal.
Algunas fuentes aseguran que la Agencia no se presentará a la audiencia de hoy en la Procuraduría con motivo del rechazo del gobierno a su concepto. Si el Comité definitivamente vota y decide no conciliar, en la audiencia la Procuraduría podría, entre otras acciones, hacer una solicitud de reconsideración. Si no se concilia, se podría simplemente cumplir con el formalismo de la audiencia y que Thomas Greg & Sons siga adelante con su demanda. Podría ser también que, contra todo pronóstico, la Cancillería comunique que el Comité decidió sentarse a negociar con la empresa.
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