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Desde diciembre de 2017, la Fiscalía ya tenía en el radar al más reciente implicado en las irregularidades que se presentaron en la contratación de la Ruta del Sol, la vía planeada hace más de una década para conectar el centro del país con la costa Caribe. Se trata de Germán Córdoba, actual director de Cambio Radical y quien en 2015 era el vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad encargada de adjudicar este tipo de obras. La semana pasada, la Fiscalía anunció que les imputará cargos a él y a otros exfuncionarios de la ANI que participaron en la fallida contratación de estudios y diseños de un puente que conectaría los municipios de Plato y Zambrano, en Magdalena.
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El 12 y 13 de diciembre de 2017, Córdoba, conocido por ser uno de los hombres de confianza de Germán Vargas Lleras en Cambio Radical, realizó una declaración jurada ante la fiscal Elena Zarabanda, de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Esa diligencia, relacionada con el caso Odebrecht, quedó consignada en un documento al que tuvo acceso El Espectador luego del reciente hackeo a miles de correos electrónicos de la Fiscalía General y del que sigue sin dar explicaciones la administración de Francisco Barbosa. A su vez, este diario conoció los testimonios que entregaron otros implicados como Eduardo Zambrano, empresario condenado por el escándalo de corrupción.
Germán Córdoba
La semana pasada la Fiscalía General indicó los delitos que les va a imputar a Córdoba y a los otros exfuncionarios de la ANI: celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y enriquecimiento ilícito de particulares. Sin embargo, no entregó detalles del papel que habría cumplido Córdoba en esas presuntas irregularidades. Aunque la declaración del político ante la Fiscalía no es una confesión -por el contrario, señala que no tuvo que ver con hechos ilegales-, sí da detalles de cómo fue el trámite del cuestionado contrato que, según dos testigos del caso, terminó tapando huecos de la financiación de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos en 2014.
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Córdoba le contó a la Fiscalía que, efectivamente, mientras fue vicepresidente de la ANI estuvo supervisando el tercer tramo de la Ruta del Sol y que durante ese período encontró retrasos en la obra y tuvo que imponer varias sanciones a la concesionaria Yuma. La firma entonces era encabezada por Leonardo Castro y Francesco Stopponi, hoy procesados penalmente por estos mismos hechos. El exvicepresidente de la ANI señaló que cuando entró a la Agencia, el 4 de noviembre de 2014, justo se estaba discutiendo el trámite de un otrosí relacionado con la construcción de la segunda calzada en el puente de Plato, ya que de no realizarse se generaría un cuello de botella en la vía.
Córdoba le indicó a la Fiscalía que en ese momento tenía que solucionar tres problemas: “Primero, decidir el índice de ahuellamiento (el deterioro de la superficie). Segundo, decidir el tipo de baranda que se iba a usar en la vía. Y tercero, definir el uso de los recursos que el contrato contemplaba para supervisión aérea. La Contraloría ya había llamado la atención sobre el no uso de estos recursos. Al llegar a la ANI, consideré que esas labores debían hacerse por tierra y que usar un helicóptero era más costoso y menos eficiente. Por ende, se cambió el destino de esos recursos”. Según la versión de Córdoba, esos dineros fueron redirigidos para el contrato de $6.000 millones para los diseños del puente de Plato.
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Luego del visto bueno del interventor de la obra y el comité de contratación de la ANI, Córdoba cuenta que él y los representantes legales de la concesionaria Yuma firmaron el otrosí que daba luz verde a la segunda calzada del puente. A renglón seguido, la fiscal le preguntó si conocía a Eduardo Zambrano, el corrupto empresario lobista de Odebrecht que también terminó siendo beneficiado en con el contrato de los diseños del puente, a través de su empresa Consultores Unidos. Según la Fiscalía, esta misma firma sirvió para que la multinacional brasileña sobornara a congresistas y a altos funcionarios del Gobierno para quedarse con millonarios contratos de infraestructura en Colombia.
Córdoba le dijo a la Fiscalía que sí conocía a Zambrano y que este fue a su oficina tres veces, aproximadamente. “Sus citas eran para quejarse de la lentitud en los pagos, los cuales tenían que surtir un trámite de verificación en la ANI. Me remitía a pedirle a la ingeniera Eggna Franco (otra de las personas que serán imputadas), que era la supervisora del contrato y nuestro enlace con la interventoría. Nunca pedí que se le ayudara a Zambrano aligerando esos pagos”, aseguró Córdoba. A quien sí negó conocer fue a Roberto Prieto, el exgerente de la campaña de Santos, que fue condenado por recibir un soborno con el fin de presionar en la ANI para que Yuma se quedara con la Ruta del Sol III.
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Otro de los encartados por el caso del puente de Plato es Luis Fernando Andrade, director de la ANI mientras Córdoba fue vicepresidente. Actualmente, se encuentra imputado por estos hechos y en juicio por el caso Odebrecht. Córdoba dijo sobre él que tampoco recibió orden alguna para que el contrato de Plato terminara en la empresa de Zambrano y que nunca tuvo conocimiento de reuniones entre Andrade y Roberto Prieto. Y añadió que Yuma, y en general la concesionaria, eran autónomos para elegir sus subcontratistas. “La ANI no interviene en esto, pero sí revisa las propuestas y contratos con el fin de que se adecúen en valor y calidades técnicas”, señaló Córdoba.
Eduardo Zambrano
La primera persona que le contó a la Fiscalía sobre las irregularidades en la Ruta del Sol 3 fue el testigo del caso Odebrecht: el exsenador Otto Bula. Dentro de las más de 20 declaraciones que hizo al ente investigador, este diario encontró que en junio de 2017, seis meses después de su captura, el lobbista de la corrupta empresa brasilera empezó a soltar información y nombres sobre esta obra. A su vez, fue el primero que contó de la participación de Roberto Prieto en estos hechos y que ese dinero del contrato del puente de Plato, como otros entregados por Odebrecht, terminaron saldando cuentas pendientes de la campaña de Santos en 2014.
Otro de los nombres que entregó Bula fue el de Eduardo Zambrano, quien, según el exsenador, le contó a donde iban a parar los dineros de este contrato de la Ruta del sol 3. Dentro del hackeo a la Fiscalía también se encontraron 22 declaraciones de Zambrano a la Fiscalía y que dan cuenta de que este empezó a entregar información clave cuando fue capturado en julio de 2017. Un mes después de estar preso, el corrupto empresario mencionó a Germán Córdoba y coincidió en que iba a su despacho a pedir que se agilizaran los pagos del contrato para los diseños del puente. “Hasta este momento (agosto de 2017), solo falta un desembolso de dinero por parte de la ANI”, comentó Zambrano a la fiscal Zarabanda.
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Fue solo hasta noviembre de 2017 que Zambrano reveló que parte del contrato del puente de Plato terminó en la campaña de Santos, a través de un pago a la firma Megaland, empresa cercana a Roberto Prieto. Durante ese mismo interrogatorio, Zambrano señaló que a mediados de 2014 -en plena campaña presidencial-, Hernando Vergara y Andrés Giraldo, hombres cercanos a Prieto, se reunieron con los empresarios de Yuma para pactar que el valor del contrato de los diseños del puente estuviera “inflado”, con el fin de que entrara más dinero a la campaña reeleccionista. “Los empresarios (de Yuma) sabían quién era Prieto, que era el hombre del presidente Santos”, puntualizó Zambrano a la Fiscalía.
Zambrano también le dijo a la Fiscalía que Prieto se “entendía” con Luis Fernando Andrade para que el contrato de los diseños del puente quedara en Consultores Unidos y señaló que no conocía si Prieto se reunía con Germán Córdoba. Pero hay dos asuntos que no encajan aquí. Primero, revisando los compromisos de colaboración de Zambrano a la Fiscalía en ninguno figura que testificará en contra de Córdoba. Segundo, que Roberto Prieto tampoco es un testigo de la Fiscalía, incluso, desde 2021, el ente investigador anunció una nueva imputación de cargos en su contra por la Ruta del Sol 3. Es decir, no es claro cuál será la estrategia desde el búnker para demostrar que Córdoba sí participó en hechos irregulares.
En este escenario solo resta esperar a que la Fiscalía destape sus cartas durante las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento de Córdoba, las cuales, al momento de la publicación de este artículo, no se conocen. Y el puente entre Plato y Zambrano, para el que se invirtieron $6.000 millones, para sus estudios y diseños, sigue existiendo únicamente en expedientes judiciales. Esta vez la Fiscalía apunta a Córdoba.
Nota de la editora: luego de la publicación de este artículo Córdoba se contactó con El Espectador e indicó que nunca hubo un contrato ficticio, como lo plantea la teoría del caso de la Fiscalía. “El 21 de julio de 2015, tras surtir todos los trámites y obtener la aprobación del Comité de Contratación de la entidad, suscribí con Yuma Concesionaria S.A el otrosí No.5 al Contrato de Concesión No.007 de 2010, con el cual se le ordena al contratista adelantar los diseños del Puente Plato. Resalto: solo diseños y licencias del puente. El otrosí no adicionaba ningún recurso económico al contrato; por el contrario, se ordenó que con los recursos existentes se realizaran los diseños necesarios”, señaló Córdoba.
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