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Ustedes estuvieron en la reunión con Efraín Cepeda, el presidente del Senado; Álvaro Hernán Prada, presidente del CNE; y con la Comisión Accidental para el Seguimiento Electoral del Senado, en una sesión dedicada a las elecciones tanto de este año como del próximo. ¿Cuáles fueron los puntos centrales?
Son muy importantes las reuniones que se están haciendo. Normalmente, la comisión que hace seguimiento a los temas electorales sólo convoca a reuniones de manera esporádica. Nos parece muy valioso que se haya convocado ya la primera reunión y ya se esté organizando la segunda. Pero hay unas preocupaciones, como la violencia que se ha venido incrementando. A partir de 2023, empieza una violencia contra liderazgos políticos y una dispersión de grupos armados ilegales. Hay una fragmentación en el territorio de estos grupos, enfrentados entre ellos, para poder tener poder territorial. La violencia está siendo dirigida hacia aquellos que fueron candidatos en las pasadas elecciones locales. Además, tenemos 57 hechos de violencia contra concejales en ejercicio, 48 contra alcaldes, 26 contra funcionarios de la administración, 233 hechos en el 2024 contra liderazgos políticos. La mayoría han sido amenazas.
La Defensoría del Pueblo señaló que en seis de los municipios en donde se llevarán a cabo las elecciones atípicas hay un alto riesgo de seguridad y que en cuatro hay un riesgo medio alto, ¿qué opinión tiene al respecto?
Cada una de las elecciones atípicas en este país tiene su propio relato, su propio contexto. En Putumayo estábamos cómo hacer frente y evitar la financiación de los grupos armados ilegales a las candidaturas. Uno tiene que entender que en zonas como Buenaventura, donde tienen poder y capacidad de control grupos ilegales, obviamente no se hace una campaña electoral en condiciones de libertad. En todo caso, hay que definir qué tipo de riesgo existe, pues no es lo mismo uno por presencia de grupos ilegales a uno por tensión en la competencia electoral.
¿Las elecciones que se van a llevar a cabo, incluidas las atípicas que todavía no tienen una fecha definitiva y las de concejos de juventud, se ven amenazadas por la presencia de grupos ilegales?
Para los consejos de los municipios, sí. Parte de nuestra preocupación es que el país tiene más o menos 97 expresiones violentas que están enfrentadas entre sí. Entre estas hay una disputa por el territorio, incluida la frontera con Venezuela. Lo primero que pasa en una disputa por el territorio es la afectación a la población civil y luego viene la lucha por el control político. ¿Quién tiene el poder político en lo territorial? El alcalde y los consejos. Entre estos últimos, los municipios pequeños son los más vulnerables.
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Una de las últimas comisiones de seguimiento electoral que lideró el Gobierno fue en enero de este año, en Bogotá, cuando Juan Fernando Cristo era la cabeza del Ministerio del Interior. ¿El Gobierno debería volver a plantear la necesidad de organizar estas reuniones?
La forma en que se gobiernan en Colombia los procesos electorales es a través de las Comisiones Nacionales de Seguimiento Electoral que las preside el Ministerio del Interior. Me imagino que está en la agenda del ministro Armando Benedetti y hablaremos del tema de violencia y de garantías para los ciudadanos como para la competencia electoral. Eso hay que trabajarlo ya, si no, nos coge la tarde. Acaba de entrar el ministro, démosle tiempo. Se ve muy concentrado en la consulta popular. Pero que coincida precisamente con el proceso preelectoral no es afortunado. Creo que vale la pena tener un diálogo con el Gobierno para ver cómo hacer ese mecanismo de gobernanza y de confianza, porque es muy difícil estar en campaña al mismo tiempo que toca darles garantías a la oposición y a los otros competidores.
Sobre la consulta popular, teniendo en cuenta los choques entre el Capitolio y el Ejecutivo, ¿se pueden lograr consensos?
No sé si puede haber un consenso. Esto se va a ir a voto limpio en el Senado, que es donde no tienen las mayorías. A medida que nos acercamos a las elecciones, lo que normalmente pasa entre los partidos es que se miden el músculo. Es clarísimo que si lo empuja el Gobierno, y si las cosas salen bien, es un éxito para ellos. Lo que vamos a tener es una agenda que se la va a comer mucho la consulta popular. Muy seguramente será en octubre, pensaría yo. Esto es porque tienen las consultas, las elecciones de los consejos de la juventud. Pero lo que pase en el Senado, esto va a ser voto a voto, va a ser una medida de músculo impresionante, porque irse a una consulta es adelantar una competencia electoral.
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La llegada de Álvaro Echeverry al CNE mueve las cargas políticas en este organismo. Desde la oposición han manifestado su preocupación de que se altere el proceso de investigación que está en curso sobre la campaña electoral del presidente Gustavo Petro. ¿Está en riesgo la transparencia de esta investigación?
Esa investigación estuvo a cargo del magistrado Benjamín Ortiz Torres y del magistrado Álvaro Hernán Prada, que hoy tiene la presidencia de ese organismo, es decir, la investigación ya está hecha. Ese no es el problema. Digamos que se modifican las votaciones, que es lo que todo el mundo cuenta dentro del CNE, a qué partido pertenece o qué cercanía tiene con otros políticos. Y eso es terrible. Esos cálculos no los hacemos ni con la Corte Suprema, ni con el Consejo de Estado, ni con la Corte Constitucional. La justicia electoral debería ser independiente. Lo que pasa en esta organización, con el caso del presidente de la República, con este y los anteriores, va a salir mal. Eso no tiene cómo salir bien, no por la capacidad de las personas o la integridad de quienes están ahí. Es porque esta entidad tiene un pecado de origen que lo debilita profundamente frente a la credibilidad ciudadana: es de origen político. Los que están ahí son postulados por políticos y elegidos por políticos. Hay que romper eso, pero esto no se modifica porque al Congreso no le interesa, ya que le es funcional.
Siguiendo con esta línea, el CNE aprobó una reforma en su lineamiento interno que le permitiría al magistrado Prada extender su periodo como presidente. ¿Esto puede impactar en los procesos electorales?
Esperamos que no y que más bien pueda haber una muy buena gobernabilidad. Consideramos que Prada es una persona que ha mostrado rigurosidad, seriedad e independencia. Entonces, ahí tenemos muchísima tranquilidad. Investigar a un presidente de la República en Colombia o en China o en la conchinchina lleva un desgaste político, añadiendo todos los temas internos que han tenido en el CNE. Por eso estamos esperando que se asienten las aguas en el Ministerio del Interior, porque allí también hay un actor muy importante como lo es el ministro. La confianza que usualmente se busca en los procesos electorales no puede entrar en crisis, sería terrible. A esto se le debe sumar que tenemos 31 partidos políticos y no son democráticos internamente en su mayoría.
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El Consejo de Estado ha anulado la elección de varios gobernadores y alcaldes, al igual que les revocó la personería jurídica a varios partidos, ¿en qué se está fallando en estos casos?
Que no tenemos reglas ni para coaliciones ni para doble militancia, entonces nos las inventamos. Por primera vez esta figura se empieza a utilizar en el 2018, que es cuando tiene mayor éxito. Antes de eso, en 2015 se hizo la reforma para las coaliciones. Pero en 2018 empezaron a hacer coaliciones del límite del 15%, pero no tienen que tener identidad política o identidad ideológica. Es decir, se van juntos, pero sin ningún tipo de regla. Cada cual entra y sale cuando quiere. No hay reglas, todos quedan con personería jurídica, a todos se les da recurso el Estado, no tienen que organizarse para absolutamente nada sino para la foto. Esto impactó en las elecciones del Congreso y en las elecciones locales. Lo que hace el Consejo de Estado es intentar organizar eso. Pero lo que van a hacer ahora, estoy absolutamente segura, es pasar en el Congreso el transfuguismo.
¿Hay riesgos de alguna índole si se termina de aprobar ese proyecto?
Va a terminar de destrozar el sistema de partidos políticos de este país. Ya vamos en 31 partidos; ahí se empezó a destrozar nuestro sistema de partidos. Esto significa que en noviembre, cuatro meses antes de las inscripciones al Congreso, va a empezar esta feria de cambiarse de un partido a otro. Si se aprueba, se puede cambiar de partido sin ningún tipo de responsabilidad política, sin tener que dar una explicación. Antes, por lo menos se buscaba que fueran partidos pequeños. Ahora se pueden hacer las coaliciones que quieran. Y el problema no es la coalición, es que no piden actuar de manera conjunta ni responsabilidad política en la actuación de las bancadas. Nosotros no tenemos ningún problema con las coaliciones, pero la regla debería ser que actúen con coherencia.
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Por Daniel Mariño Olivella
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