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Parte del daño ya está hecho. El debate maniqueo, oportunista y sectario de la Ley Estatutaria de la JEP, espina dorsal del proceso de paz, va dejando múltiples implicaciones lesivas en los acuerdos, su implementación y solidez.
La implementación misma ya es crítica desde el gobierno Duque. El informe del Instituto Kroc, no obstante su moderado optimismo, es elocuente; la tercera parte de lo acordado en La Habana ni siquiera inicia y otra tercera parte está en pañales.
En estado crítico están dos aspectos relacionados: seguridad de líderes sociales e implementación de la reforma rural en 170 municipios que han vivido el conflicto. Allí, donde la falta de oportunidades, narcotráfico, bandas criminales e intolerancias hacen de las suyas. Una espiral de violencia que, en apenas 28 meses, nos devolvió al pasado de zonas rojas, sin ley ni Estado.
El efecto va más allá de las percepciones y rompe los frágiles lazos de confianza social, los retoños de autoestima nacional y diluye la coagulación de propósitos comunes, incluidos inversión, el tejido grupal y la conversación social.
Se entienden, entonces, los resultados comunes de las tres últimas encuestas que califican a la baja la imagen presidencial y su gobierno, distraído y azuzado por la lucha intestina de puestos y clientelas, y por tambores de guerra de la extrema de su partido, cada vez más desconectada y, por lo mismo, más agresiva.
Además, evidencian que, a diferencia del clima de opinión de finales de 2016, en el que se durmieron las hordas más fanáticas, hoy están de espaldas al clamor mayoritario para que se respeten los acuerdos y que alcanza el 59 % de colombianos, según la Polimétrica de Cifras y Conceptos. La misma cifra está en contra de la aspersión de glifosato y solo el 31 % apoya las objeciones de Duque a la JEP.
Es hora de que este gobierno se sintonice con el querer nacional del presente y deje atrás falsos dilemas. Avanzar en los acuerdos de paz no es cuestión honor, es cuestión de tiempo. Y apremia.
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