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«No permitir que abusadores de menores descuenten días de cárcel crearía peores monstruos”

Según expertos, la cárcel no rompe «los ciclos de abuso». La política criminal que privilegia la prisión como única medida para obtener justicia queda en entredicho con el fallo que abre la puerta para que quienes cometen delitos contra niños rediman sus penas.

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El reciente fallo de la Corte Constitucional en el que se reconoce los derechos de redimir penas de quienes cometen delitos contra los menores de edad, ha generado una avalancha de críticas. La directora del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (Icbf) Cristina Plazas, por ejemplo, afirmó a través de su cuenta de Twitter que con esta decisión se abre paso “a la protección de los violadores de niños”.

“No nos equivoquemos. Los violadores de niños son los peores criminales de la historia. No hay un acto más atroz, inhumano y cruel”, dijo Plazas en su cuenta personal. Sin embargo, hay quienes creen que con esta sentencia, la Corte no se equivoca. “El fallo no le da privilegios a los abusadores, simplemente les reconoce sus derechos”, dijo Leonardo Cruz, profesor de derecho penal de infancia y adolescencia de la Universidad Externado, a El Espectador.

“Una cosa son los beneficios que una persona puede obtener antes de ser condenada, por colaborar con la Fiscalía o admitir el delito. A esos premios, y la Corte fue clara, no tienen derecho quienes agreden a los menores” afirmó Cruz, y añadió que estas ayudas no se pueden confundir a lo que puede acceder cualquier persona privada de la libertad. Esto, es términos jurídicos, se llama: redención de penas, el derecho al que se refirió la Corte Constitucional.

José Manuel Díaz, defensor delegado para la política criminal y el delito, agregó que este fallo en realidad no es una novedad, sino que reitera lo que la Corte Suprema planteó en un fallo de julio del año pasado: el reconocimiento de los derechos de toda la población carcelaria del país, sin importar los delitos por los cuales estén presos.

“Si a estas personas se les quita el derecho a estudiar o trabajar en las prisiones, creo que estaríamos creando peores monstruos”, le dijo Leonardo Cruz a este diario. El defensor José Manuel Díaz se expresó en ese mismo sentido: «garantizar a quienes cometen estos delitos el acceso a programa de redención de penas a través de la resocialización, no solo no es censurable, sino que es hasta deseable. Se trata de pensar qué tipo de ciudadano regrese a integrarse a la sociedad».
 

Sobre el debate de la posibilidad de resocializar a los abusadores de menores, la directora del Icbf, Cristina Plazas, fue tajante: “Insisto en la importancia de la cadena perpetua para violadores….. (sic) dejando constancia que cualquier castigo es poco para estos criminales”. Como ella, muchos colombianos consideran que es imposible resocializar a estos individuos. Pero la Corte lo pone en entredicho.

El problema, dice Leonardo Cruz, es que “aquí todavía creemos que justicia es igual a la cárcel, y no es así. Es necesario que los directores de la política criminal tomen una postura distinta frente a esta problemática, pues la salida de siempre, se agota: subir las penas, y ya es difícil seguir con ese”. Cruz cree que la prevención de la violencia y de las condiciones que lo propician los ataques sería más efectiva a la hora de proteger los derechos de los menores.

“Es necesario romper las cadenas de abuso y eso no se hace con condenas a prisión perpetuas. Eso se hace estudiando el origen de este problema” dijo Cruz. El fallo de la Corte se expresa en el mismo sentido, pues alienta a implementar programas de resocialización distintos al estudio, el trabajo y la enseñanza para “lograr la readaptación del infractor”.

Incluso, cita ejemplos en los que tras la ejecución de programas de este tipo, se logra al disminución de la cantidad de abusadores reincidentes.

Pero para lograr este cambio, habría que poner el dedo en una llaga que no se ha querido tocar en Colombia: la elaboración de una política criminal.

“En Colombia estamos crudos, por no decir nulos, en la elaboración de una política criminal coherente y sistemática”, dijo una fuente consultada por este medio y que prefirió no decir su nombre.

“Actualmente, la política criminal en Colombia es populista o mediática. Si pasa un hecho grave que la opinión pública conoce, la única respuesta es legislar para aumentar las penas, o tipificar un delito con altas condenas” le dijo esta fuente a El Espectador. “El problema es que el populismo deja el problema vivo”.

“La justicia no solo es privación efectiva de la libertad, nosotros solo tenemos las penas de multas y privación. No contemplamos otras alternativas, ni mucho menos la prevención de los delitos, cuando una la política criminal no solo debe reaccionar ante el delito, sino que debe prevenirlo” afirmó Leonardo Cruz.

“En Colombia todos se rasgan las vestiduras cuando se habla de los abusadores y de las penas contra ellos. Se pide más y más cárcel, cadena perpetua, hasta pena de muerte. Pero nadie destina recursos ni se mueve cuando se habla de la importancia que tiene prevenir los abusos. Este es un debate que la Corte, con la sentencia, pone sobre la mesa” concluyó Leonardo Cruz.

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