“No puede iniciar una segunda etapa del genocidio”: Aída Abella

Las cifras son tan escandalosas que el lunes el presidente Juan Manuel Santos se manifestó al respecto. “Este Gobierno está totalmente comprometido con perseguir a quienes estén amenazando y asesinando a cualquier vocero de organizaciones que estén reclamando justicia. Necesitamos condenas para los culpables de las violaciones de estos derechos humanos” dijo el mandatario.

De los asesinatos, informaron en un comunicado conjunto La UP, la Marcha Patriótica, la Cumbre Agraria y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), 13 fueron en contra de líderes y defensores, y los otros 15, fueron parte de un plan de “limpieza social”, que, denunciaron las organizaciones, se ha agudizado en lo que va corrido del año.

Además de las muertes violentas, se presentaron amenazas, seguimientos e intimidaciones, que sumarían un total de 56 agresiones contra líderes sociales en tan solo 19 días. Lo más grave es que, según Ángela Castellanos, vocera de las organizaciones campesinas e indígenas que integran la Cumbre Agraria, muchas de estas personas ya habían denunciado amenazas en su contra y habían solicitado medidas de protección por parte del Estado.

“Nosotros creemos que esta mal llamada ‘limpieza social’ está encubriendo un plan de asesinatos selectivos, como el que ya se vivió en Colombia cuando se firmó la paz con el M-19” le aseguró Ángela Castellanos a este diario. Aída Abella le dijo a El Espectador que incluso estas podrían estar relacionadas con el accionar de aquellos paramilitares que no se acogieron al proceso de Justicia y Paz, firmado entre el gobierno de Álvaro Uribe y los grupos paramilitares en 2006.

Abella afirma que “esto no es algo que surgió de la noche a la mañana. Nosotros creemos que los reductos paramilitares están involucrados, o si no ¿cómo explicar los grafitis de AUC en las paredes de Villavicencio (Meta) y Casanare? ¿o en las piedras de la carretera entre Puerto Salgar y Medellín?”. Frente a estas presuntas acciones, El Espectador consultó al Ejército pero no obtuvo respuesta.

Además de estas intervenciones en el espacio público, los denunciantes señalaron que en Atlántico, Cundinamarca, Antioquia, Norte de Santander y Sucre se han repartido panfletos amenazantes. Sobre los motivos detrás de este aumento en los ataques, los voceros de las organizaciones apuntaron a que, ante la inminencia de la firma de la paz con las Farc, se está buscando “amedrentar al movimiento social y de derechos humanos”. Por esto, explica Ángela Castellanos, buena parte de las agresiones ocurren en las zonas priorizadas por el Gobierno para implementar los posibles acuerdos de paz.

Ante el panorama, las organizaciones sociales y políticas le pidieron “a la Mesa de Conversaciones de La Habana (Cuba) crear con urgencia una Comisión de alto nivel de Garantías de No Repetición, teniendo en cuenta la grave situación de riesgo”. Tal comisión adoptaría medidas de corto, mediano y largo plazo. La primera sería la inmediata investigación de los hechos denunciados, así como la identificación de los factores que ponen en riesgo la vida de líderes y comunidades.

Otra función que Aída Abella considera primordial de esta posible Comisión sería el “desmonte real y efectivo del paramilitarismo, la investigación y sanción de los responsables, auspiciadores y beneficiarios del mismo”. Para lograr su trabajo, los líderes que propusieron la idea de la Comisión en La Habana explican que sería necesario que se les dé acceso a los archivos y documentos del Estado, así como potestad para entrevistar a “cualquier persona, funcionario o servidor público” con el fin de aclarar los hechos violentos. Sobre sus integrantes, las organizaciones proponen expertos y representantes de sectores sociales y partidos políticos de oposición, organizaciones de víctimas y ONGS.

El Gobierno aun no se ha pronunciado sobre la propuesta que el grueso de las organizaciones sociales manifestó el pasado martes. “Pero más allá de pronunciamientos, nosotros queremos ver hechos concretos” expresó Aída Abella, dirigente de la Unión Patriótica. La líder política le hizo un llamado especial a las Fuerzas Militares para que combatan con total empeño a quienes pueden estar detrás de estos ataques.