La realización del plan de desarrollo

A principios del siglo pasado se contempló y ensayó la aplicación de extensos planes de desarrollo que organizaban el conjunto de la economía y resultaban inaplicables en organizaciones altamente influidas por el mercado y el comercio internacional. Los grandes gestores de la planeación advirtieron en sus largas experiencias teóricas y prácticas que el grado de discrecionalidad en la práctica es reducido y que no se puede ir más allá de la definición de un número reducido de propósitos y de los medios para alcanzarlos. Por lo demás, verificaron que el número de instrumentos debe ser igual al número de objetivos.

La experiencia se incorporó en la Constitución de 1991, que instauró la planeación indicativa como una forma de organizar y comprometer las administraciones durante el período presidencial. Los artículos del plan no tienen fuerza de ley. No pueden ir más allá de ordenar las normas y de tramitar las nuevas leyes y actos legislativos por los procedimientos regulares del Congreso.

La multiplicidad de objetivos genera confusión y desorden, y, mientras carezcan de diagnóstico, no será posible dimensionarlos ni evaluarlos. En la práctica los gestores del plan tendrán que sintetizarlos en un número comprensible y reducido de propósitos. El ahogado no hay que buscarlo aguas arriba. En la actualidad la economía crece por debajo de la tendencia histórica y en los últimos 30 años experimentó un serio retroceso en la distribución del ingreso. Las prioridades no pueden ser distintas a las de recuperar el crecimiento económico y revertir el deterioro de la distribución del ingreso.

Tanto el crecimiento como la equidad tienen su origen y sus manifestaciones más neurálgicas en el sector externo, el empleo y el gasto público. Cuando las economías operan con sectores productivos débiles aparecen déficits en cuenta corriente que interfieren la inversión y deprimen la demanda. Cuando las economías crecen por debajo de sus posibilidades, el salario baja con respecto a la productividad y el empleo se desconecta de la actividad productiva. Cuando el gasto público no llega a los sectores menos favorecidos se amplían los índices de inequidad.

En Colombia la evidencia es diáfana. La globalización propició una estructura deficitaria basada en bienes intensivos en mano de obra y se manifiesta en un déficit en cuenta corriente del 4 % del PIB. La intervención del Banco de la República en la tasa de interés de referencia y la política fiscal de déficits financiados con títulos de ahorro no garantizan la igualdad entre el gasto y la producción. El gasto público se queda en buena parte en el capital y los altos ingresos; el 40 % más pobre solo recibe el 15 % de los ingresos tributarios.

En las áreas descritas se encuentran las mayores posibilidades de remediar las fallas en el crecimiento y la distribución del ingreso. La reforma del sector externo ampliaría la demanda y retornaría la brecha salarial con los países de mayor desarrollo. La reforma del Banco de la República reduciría la diferencia entre la productividad y el salario, y fortalecería el empleo. La reforma del gasto público, que debería comenzar con una modificación radical de la Ley 100 de pensiones, reduciría notablemente las diferencias de ingresos. Así las cosas, la economía estaría en condiciones de recuperar el crecimiento histórico y revertir el deterioro de la distribución del ingreso.