Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En septiembre de 2019, la Contraloría dejó un dato que refleja la emergencia padecida en el proyecto hidroeléctrico más ambicioso en Colombia: Hidroituango, que proveerá el 17 % de la energía del país, tardaría alrededor de 35 años en ser rentable. Una casa de máquinas destruida, las proyecciones de un posible colapso total y miles de pobladores desplazados son los elementos que rodearon la crisis. La Procuraduría radicó ese año una acción popular para proteger y resarcir a los afectados. Luego de superar trabas procedimentales, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió, por fin, la demanda contra los privados y entidades públicas responsables de la megaobra.
Hidroituango ha sido un dolor de cabeza para Empresas Públicas de Medellín (EPM), que en 2010 se comprometió a construir, operar y explotar comercialmente, junto a un contratista, la hidroeléctrica que se prevé este año inicie funciones sobre el río Cauca, en Antioquia. Según la Procuraduría, alrededor de 113.000 habitantes resultaron desplazados desde 2018, cuando se taponaron los túneles auxiliares de desviación, tras desprendimientos continuos de grandes cantidades de tierra. Estuvo latente la posibilidad del derrumbe total, crisis subsanada con maniobras críticas que afectaron el cauce del río.
Tal fue la gravedad que la Contraloría tiene en firme un fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones contra 26 funcionarios públicos y contratistas, entre ellos el precandidato presidencial por la Coalición de la Esperanza y exgobernador antioqueño Sergio Fajardo. La sanción, sin embargo, fue suspendida hace un mes, luego de que cuatro aseguradoras resarcieran el daño patrimonial. En medio de esta polémica por los hallazgos fiscales, en los tribunales de Cundinamarca seguía quieta la acción popular, prácticamente el único recurso que busca la protección de los derechos colectivos afectados por la crisis de la hidroeléctrica.
Si bien la administración de Fernando Carrillo presentó la acción en 2019, hasta este semana fue admitida. La demora en esa decisión radicó en que EPM, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y el contratista Hidroituango SA, presentaron varios recursos que frenaron el avance. Argumentaron que la Procuraduría había tomado acciones legales antes de empezar procesos de prevención y diálogo con las entidades. Aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que los oficios de la Procuraduría no se ajustaron del todo a la norma, precisó que las afectaciones sociales de la crisis requieren una respuesta.
“Se dispondrá la admisión de la demanda de la referencia, para la protección de los derechos e intereses colectivos relativos al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La protección de áreas de especial importancia ecológica y la preservación y restauración del ambiente. Además, la seguridad y la salubridad públicas y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, por el proyecto desarrollado por la Hidroeléctrica Ituango S.A y EPM”, se lee en el auto del Tribunal.
La Procuraduría pide que se declaren vulnerados los derechos colectivos. Que el Tribunal ordene a EPM e Hidroituango SA garantizar el caudal del río Cauca y la protección ambiental y ecológica de la zona durante lo que queda de la construcción. También pidió que se verifique el llenado de la presa y la puesta en operación. Asimismo, el recurso busca que se recupere la pérdida de biodiversidad generada con la contingencia y realizar repoblamiento de la fauna. Según la acción, murieron más de 65.000 peces, reptiles y anfibios, así como organismos fundamentales para el ecosistema regional como el plancton y el fitoplancton.
Además, la Procuraduría busca con este recurso la creación de un panel de expertos nacionales o internacionales, quienes evalúen si el proyecto puede continuar. La acción fue presentada solo días después de que, el 5 de febrero de 2019, ante nuevas contingencias, los encargados de la obra cerraran la compuerta 1 de la casa de máquinas, donde estaba fluyendo el agua que mantenía el cause del río. Esa decisión costó una disminución drástica del nivel del afluente, lo cual tuvo consecuencias en Sucre, Bolívar y Antioquia. Según informó, para esa fecha, el exgobernador de Bolívar Dumek Turbay Paz, quedaron en riesgo la producción de 137 mil toneladas de alimentos.
“Como se observa, el cierre de las compuertas de aducción de la casa de máquinas, además de reducir casi en su totalidad el caudal del río Cauca, aguas debajo de la presa, ha causado una catástrofe ambiental y sanitaria sin precedentes en Colombia, y de enormes proporciones para las comunidades, pues generó una sequía que condujo a la muerte y desaparición de muchas especies, lo cual tardará muchos años en recuperarse. Y lo más grave aún, se puso en riesgo el mínimo de vital de muchas poblaciones que subsistían de la pesca, de la minería artesanal y de muchos servicios ecosistémicos que presta el río”, agregó la Procuraduría.
Por tanto, el Ministerio Público pidió al Tribunal que tanto EPM como Hidroituango SA, como dueños y ejecutores del proyecto, realicen las compensaciones económicas a la población afectada. Aunque la decisión de aceptar la acción popular no significa que haya una decisión de fondo que tenga repercusiones legales, el Tribunal abrió la posibilidad para que, al menos, haya un estudio del recurso de la Procuraduría que busca, en últimas, reparar a quienes resultaron afectados por la crisis de Hidroituango, no solo a quienes sufrieron por el abastecimiento de agua potable o de recursos para la pesca, sino por la pérdida de fauna y flora.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más