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Venezuela aprueba histórica ley de amnistía en el Parlamento

Venezuela aprueba en la Asamblea la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática tras años de detenciones políticas considerando delitos desde 1999 hasta 2026.

AME5750. CARACAS (VENEZUELA), 15/02/2026.- Fotografía que muestra carteles con imágenes de presos políticos y la bandera de Venezuela mientras familiares permanece en huelga de hambre a las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7 este domingo, en Caracas (Venezuela). Dos de las diez mujeres familiares de presos políticos que desde el sábado se mantienen en huelga de hambre fuera de un comando de la PNB han sufrido problemas de salud. EFE/ Miguel Gutiérrez
Familiares de presos políticos en Caracas realizan huelga de hambre frente a la PNB, con varias mujeres afectadas por su estado de salud.
Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

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El Parlamento de Venezuela aprobó el jueves por unanimidad la “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, una medida histórica que busca la liberación masiva de personas detenidas por motivos políticos durante los últimos 27 años de chavismo.

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La normativa, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, fue aprobada en primera discusión hace dos semanas y selló su aprobación definitiva en una votación unánime en la Asamblea Nacional controlada por el chavismo este jueves.

La ley cubre delitos políticos cometidos desde 1999 hasta 2026, incluyendo protestas como las de 2014, 2017, 2019 y 2024, y podría beneficiar a cientos de presos políticos, con medidas como excarcelaciones, la devolución de bienes y el retorno de exiliados.

Aunque ya se han producido liberaciones parciales en el marco de este proceso —con cientos de personas puestas en libertad según organizaciones de derechos humanos— aún permanecen detenidas decenas de personas por motivos políticos.

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La ley contempla amnistía para delitos relacionados con protestas y actos políticos, pero excluye crímenes graves como violaciones de derechos humanos, genocidio, corrupción o narcotráfico.

Tras su aprobación final, el proyecto fue remitido a la presidenta encargada para su promulgación oficial y publicación en la Gaceta Oficial, paso necesario para su entrada en vigor.

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