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Una ponencia de más de 400 páginas hecha por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez es lo que reposa en los despachos de los magistrados de la Corte Constitucional. El extenso documento hace un minucioso análisis de la nueva reforma al sistema de elecciones en Colombia y estudia la forma y fondo de una ley estatutaria 250 artículos. Lo que fue uno de los planes bandera del presidente Iván Duque está en estudio en el alto tribunal que tendrá que definir si las nuevas reglas para votar se ajustan a la Constitución o no. Por eso, el debate en la Corte es crucial para el futuro de esta propuesta.
En concreto, la ley estatutaria que estudia el alto tribunal habla de la introducción de tecnología biométrica, el voto electrónico mixto al sistema electoral de todo el país, herramientas que no son otra cosa que, en lugar de marcar un tarjetón con un esfero, el elector elige a su candidato en una máquina que imprime en un papel su selección para depositarlo en una urna. Además, la ley habla sobre la adquisición de un software propio para la realización de los escrutinios y, asimismo, y el uso de datos biométricos, un tema que ha sido reprochado por expertos en el tema, pues aseguran que se estaría violando varios derechos fundamentales, como el de la privacidad.
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Sin urgencia nacional
Aunque la intención del Gobierno era que la nueva norma empezara a regir para las elecciones de este año, seis recusaciones que fueron declaradas improcedentes mantuvieron suspendido el estudio. El magistrado Ibáñez radicó el 4 de noviembre pasado su ponencia, y, el 9 de ese mes, empezó la discusión en Sala. Con ella llegaron determinaciones que daban luces que la reforma no estaría lista para los comicios de 2022.
El ponente presentó una iniciativa que tuvo el apoyo de la procuradora Margarita Cabello, el registrador nacional Alexander Vega y la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Doris Méndez. Se trataba de declarar “urgencia nacional” para analizar el expediente. Es decir, ponerle acelerador a la discusión para que el grueso articulado quedara en firme, o no, a juicio de la jefe del Ministerio Público, para evitar “una inseguridad jurídica” en las elecciones de este 2022.
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Los argumentos de los funcionarios fueron llevados ante la Sala por parte del magistrado Ibáñez, pero su iniciativa se cayó porque consideraron que las elecciones de este año se pueden realizar con las actuales reglas que datan de 1.979. Pese a que el jurista consolidó sus argumentos en un documento de 11 páginas, sus compañeros resaltaron que ya estaba en curso el calendario electoral y que no era posible modificar las reglas del juego para los partidos, los candidatos y los electores. Además, estimaron que el nuevo Código Electoral no tiene disposiciones relevantes que sirvan para los procesos electorales de 2022.
El debate de forma
Así las cosas, y sin la premura de avanzar a toda marcha con el análisis, la discusión quedó para el primer semestre de este año. Y, en efecto, la presidenta de la Corte, la magistrada Cristina Pardo, fijó como fecha de estudio este jueves. Aunque en el orden de trabajo del alto tribunal es el punto número siete, no se descarta que avancen en el debate. Fuentes de la Corte le confirmaron a este diario que lo que inicialmente se entrará a debatir es sí la norma cumplió todos los requisitos en el legislativo para convertirse en una regulación más en el país. Es decir, analizarán primero temas de forma.
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Lo que podría dejar sin piso la propuesta del Gobierno, y de paso a la ponencia del magistrado Ibáñez, es que la nueva reforma se adelantó en sesiones extras, y tanto la Constitución como conceptos del Consejo de Estado, han dicho que las leyes estatutarias deben adelantarse en una sola legislatura, que eso comprende del 20 de julio de un año hasta el 19 de julio del año siguiente. Es decir, solo en ese espacio de tiempo y no en sesión extras.
El debate de fondo
La ponencia del magistrado Ibáñez es un espaldarazo para el Gobierno, pues el magistrado argumentó que la ley se ajusta a la Constitución. Para llegar a esa determinación, el jurista recibió en su despacho más de 22 conceptos, a favor y en contra. El Ministerio Público, por ejemplo, pidió que le dieran celeridad al estudio, y además, solicitó que el alto tribunal solo tuviera en cuanta para declarar inexequibles tres expresiones que reposan en artículos diferentes. Otros actores importantes en esta discusión son los partidos políticos y las entidades que integran el orden electoral que también enviaron sus conceptos.
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Desde el partido político Mira, por ejemplo, le pidieron a la Corte declarar la constitucionalidad del nuevo código. Entre sus argumentos, expresaron que la nueva reforma busca que el ciudadano tenga acceso a las urnas. Apoyan la iniciativa de instalar puestos de votación en zonas suburbanas y centros rurales en resguardos indígenas y consejos comunitarios. A su juicio, con ello atienden las condiciones de distancia que antes era un impedimento para que los colombianos que habitan zonas alejadas del país pudieran ejercer el derecho al voto. También destacaron el componente tecnológico que se incorporará, pues uno de los puntos claves es la modernización del sistema.
El partido de la U también remitió su concepto a la Corte. Allí consignó su respaldo a la nueva reforma electoral que no se había actualizado en tres décadas. La colectividad, en este caso, si bien resaltó la igualdad que brinda el código frente a la posibilidad de que los partidos políticos incluyan en sus equipos personas en condición de discapacidad, de la comunidad LGBTI y cualquier otra población, señaló que el hecho de que se deje esta facultad, únicamente a los partidos políticos, desconoce la existencia de otras modalidades de agrupación política y representación democrática. Otro reparo que también reposó en el despacho del magistrado Ibáñez fue el de Colombia Humana.
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El grupo político, liderado por el senador y actual precandidato presidencial Gustavo Petro, reprochó que el nuevo código no permitiría que un movimiento que haya alcanzado gran número de votos en las elecciones pueda ser inscrito como partido político si no tiene la personería jurídica que le otorga el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esa puja la zanjó el senador ante la Corte Constitucional y, a través de una acción legal, le entregaron esa figura jurídica para establecer la Colombia Humana como partido político. Otro concepto inconforme con el proyecto es el de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, que expresó que habría violación a varios derechos fundamentales en el nuevo código.
En su concepto, la entidad consideró que era pertinente un estudio detallado de la Corte Constitucional por vicios de fondo, y no solo de forma, debido a que están involucrados derechos fundamentales respecto al uso de información biométrica (como huellas digitales) y el tratamiento de datos sensibles que, a su juicio, pueden quedar al descubierto una vez se implemente su utilización. “La medida propuesta en el artículo 44 implicaría la generación de un monopolio estatal (en cabeza de la Registraduría Nacional) de los datos biométricos o sistemas de autenticación”, expuso la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones.
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La Registraduría Nacional y el CNE, por su parte, expresaron su visto bueno a esta ley estatutaria. Las entidades, encargadas en gran parte de las contiendas electorales, coincidieron en que el proyecto pretende fomentar garantías de vigilancia, control y acceso a las tecnologías durante los próximos escrutinios. Con las cartas sobre la mesa, ahora le queda a la Sala Plena de la Corte debatir si, en efecto, la norma pasa el control constitucional y le da vida a las nuevas reglas para votar en el país.
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