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Esta reserva se caracteriza por una cadena perversa de prohibiciones y omisiones que han convertido este estratégico lugar en un semillero de inequidad. La comunidad hoy busca lograr construir conjuntamente una nueva forma de habitar el territorio, que implique la recuperación del patrimonio natural y cultural campesino que se está perdiendo, posibilitando su aprovechamiento por el resto de los habitantes y visitantes. Pero el Estado no llega, o cuando lo hace es con una visión que no corresponde con su realidad.
El primer punto a notar es que la reserva fue oficialmente registrada en 2006, generando un vacío de gobernabilidad. La segunda gran omisión es que poco o nada se ha hecho para facilitar que los habitantes, quienes ya están de acuerdo con la conservación, puedan tener una vida digna y beneficiarse de actividades sostenibles. Con urgencia se requiere que la autoridad ambiental, la CAR, revise el Plan de Manejo, incluyendo el reconocimiento de las actividades productivas y el derecho a una vivienda digna de los habitantes de esta zona, y facilite incentivos para la conservación. En ausencia de un estatus claro para los habitantes, el desarrollo de sus actividades sigue entre la informalidad y la ilegalidad. ¿Quién podría querer invertir en un patrimonio que está en vilo?
Se requiere además un plan de normalización de las viviendas existentes, su mejoramiento estético y funcional, para hacerlas sostenibles y que puedan acoger el crecimiento de las familias campesinas. Los términos de referencia actuales para las edificaciones preexistentes —que no serían sólo para las que se encuentran en la “zona de recuperación ambiental”— contienen exigencias costosas, pues hay viviendas con más de 100 años de antigüedad. La CAR debe, además, señalar los estándares para el manejo del agua y los residuos, entre otros asuntos aplazados.
Por último, es evidente que cuando un ciudadano habita en áreas de especial importancia ambiental, como ésta, adquiere compromisos que emanan del principio constitucional de la dimensión ecológica de la propiedad privada. Pero también significa que no sólo no pierde sus derechos fundamentales, sino que la sociedad que se beneficia ambientalmente debería aportar.
El de los cerros de Bogotá es otro caso de conservación ambiental forzada, sin consideraciones sociales claras, sin equidad. Pero también es una oportunidad no aprovechada. Más acá, de este lado de los cerros orientales, está el mayor conglomerado urbano del país. Muchos bogotanos están dispuestos a conocer este territorio, y a dejar allí algún beneficio. Lo que debe terminar son las políticas de conservación que marginalizan a la población rural.
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