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Laura Nataly es una bogotana de 30 años que llegó sola a Estados Unidos atravesando la frontera por Ciudad Juárez, en México. En noviembre de 2023, una vez en suelo mexicano, junto con otros migrantes, en busca de una nueva vida en el país de sus sueños, se subió a una camioneta de colombianos que cobran por el cruce. Explica que hacer la travesía no fue tan extremo como había escuchado; incluso afirma que fue “muy fácil”. Sin embargo, reconoce que fue bendecida porque su grupo no fue descubierto por las autoridades estadounidenses ni atravesó situaciones violentas ni de emergencia, como sí ocurrió con otros conocidos suyos.
Cruzó el mítico río Bravo, que esperaba más caudaloso, sobre los hombros de un venezolano que se ofreció a cargarla para que no se la llevara la corriente. Ya del otro lado, se encontró sola. Llegó a instalarse en Miami, donde comenzó a organizar sus papeles y buscar trabajo. Hoy, aunque su situación legal está en regla, siente que su estatus puede cambiar en cualquier momento. “Es fácil entrar, pero después te sacan como si no valieras nada”, dice, aludiendo a sus preocupaciones con la nueva presidencia de Trump.
“Desde que llegué, todo lo que he hecho ha sido legal, pero igual vivo con miedo”, resume Laura Nataly. Aunque entró de manera irregular, y lo reconoce, explica que hay formas relativamente accesibles de poner los papeles en orden, pero solo con la ayuda de abogados o conocidos dentro del sistema, y, por supuesto, con dinero, proceso que en total le costó unos US$1.400, solo para sacar unas huellas y tramitar papeles.
Ahora tiene permiso de trabajo, paga impuestos y se desempeña como estilista y mesera en un restaurante mexicano al norte de la ciudad. Sin embargo, vive con miedo de que algo cambie, sobre todo ahora con Trump, las presiones económicas y el ambiente antilatino que se respira en las calles, incluso desde el perfilamiento de las autoridades. Teme que una nueva orden ejecutiva “desde arriba” borre todo lo que ha construido desde que cruzó la frontera con US$50 en el bolsillo y “un sueño en el corazón”.
En el ámbito estatal, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, republicano, ha respaldado y firmado leyes que refuerzan aún más el enfoque punitivo contra los migrantes indocumentados. En febrero, firmó los proyectos SB 4C, que introducen medidas severas como la creación de un delito específico para quienes ingresen sin documentos al estado y la ley SB 12A, que obliga a las agencias locales a colaborar activamente con ICE, autorizando a DeSantis a destituir a funcionarios que no cooperen con la aplicación de leyes migratorias.
Las nuevas leyes en Florida eliminan beneficios judiciales, educativos y de movilidad para personas indocumentadas, incluyendo la pérdida del acceso a matrícula estatal para estudiantes de universidades públicas beneficiarios de DACA (Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), a partir del 1 de julio de 2025. Entre otras de las disposiciones, se prohíbe a los gobiernos locales emitir documentos de identidad a personas que no puedan probar su ciudadanía, se exige a los hospitales que aceptan fondos de Medicaid preguntar por el estatus migratorio de los pacientes (lo que, según defensores de derechos humanos, desincentiva la búsqueda de ayuda médica cuando se necesita y ha generado temor a represalias en el personal médico) y se amplía el uso obligatorio de sistemas federales como E-Verify para comprobar el estatus migratorio de los trabajadores, lo que también ha puesto en aprietos a los empleadores, como informa la cadena estadounidense MSNBC.
La política de DeSantis está alineada con el endurecimiento promovido por el gobierno federal y ha convertido a Florida en uno de los estados con mayor presión legislativa sobre la población migrante. Entre otras medidas, también se destinarán cerca de US$300 millones para reforzar el personal y el equipamiento de las autoridades estatales, dice Univisión.
Según Usadata, el 71,2 % de la población de Miami es latina, y en el estado de Florida la cifra alcanza el 26,75 %, dice el World Population Review. Sin embargo, no es posible saber con precisión cuántas personas indocumentadas residen en el estado. A pesar de ser una gran fuerza demográfica, los latinos se han convertido en el blanco principal de la nueva agenda migratoria del presidente Donald Trump.
En sus primeros meses de gobierno, Trump firmó 22 decretos ejecutivos bajo su lema “America First”. Entre ellos destacan la suspensión de la entrada de migrantes indocumentados bajo cualquier circunstancia, el cierre del sistema de asilo en la frontera con México, el reinicio del programa “Quédate en México” y la cancelación de la aplicación CBP One, que permitía a miles de solicitantes de asilo agendar sus citas.
Las consecuencias más profundas han sido el endurecimiento de las leyes, el despliegue militar en la frontera y la amenaza de usar la Ley de Insurrección de 1807 para justificar acciones internas contra migrantes o manifestantes, lo que ha generado un ambiente de persecución.
El ICE ha deportado a miles de migrantes mediante vuelos chárter y comerciales. Según la organización Witness at the Border, con sede en EE. UU., se han registrado más de 350 vuelos de deportación desde el inicio de 2025 hasta mediados de marzo. Estos operativos han trasladado de regreso a sus países a ciudadanos venezolanos, salvadoreños, colombianos e indios, entre otros. Como advierte Laura sobre los latinos en Miami: “Este Gobierno cambia las reglas cada 15 días. Todo el mundo está asustado (…), muchos están escondidos, trabajando bajo perfil, evitando salir en carro, evitando comer fuera. La presión no es solo económica, es psicológica”.
El testimonio de Laura encuentra puntos en común con el de Eliud Azor Díaz, chileno de 60 años, habitante de calle, con residencia permanente en EE. UU. y una titulación en Ingeniería de Sistemas. Con más de tres décadas en el país, y desde el andén frente a un centro de las Misioneras de la Caridad en NW 17th street, denuncia que la nueva política migratoria ha intensificado la discriminación y la persecución a quienes no tienen documentos; lo ha visto en la calle. Él relata su experiencia y las de sus conocidos latinos: “Nos tienen para explotar y después nos sacan a patadas. La Policía y el ICE no están buscando delincuentes. Están cazando a los más vulnerables”.
Las nuevas órdenes ejecutivas se basan en lo que Trump ha llamado una “invasión” en la frontera. Con ese argumento, el Gobierno ha justificado la activación de más fuerza militar en el país. Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), las organizaciones defensoras de derechos humanos temen que estas medidas abran la puerta a violaciones masivas de derechos, detenciones arbitrarias y más deportaciones exprés.
Según una investigación del medio inglés The Guardian, los agentes de inmigración de Estados Unidos arrestaron a más personas en los primeros 22 días de febrero de 2025 que en cualquier otro mes de los últimos siete años, según vieron en datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En caso de ser detenida por autoridades migratorias, toda persona, independientemente de su estatus migratorio, tiene derechos legales que puede invocar. Así lo dicen organizaciones como el Centro Nacional de Leyes de Inmigración de EE. UU., que recomiendan estar preparados para ese momento, ya que “actuar con conocimiento puede marcar la diferencia”.
Por ejemplo, si una persona no tiene estatus migratorio válido, pero ha presentado una solicitud de asilo o tiene un proceso abierto en la corte de inmigración, debe portar una copia de los documentos que respalden su caso o apelación. Si su estatus está vencido o es indocumentado, pero ha vivido en el país por al menos dos años, es necesario portar pruebas de residencia continua, como contratos de arriendo, registros escolares o religiosos con su dirección, correspondencia oficial o cualquier documento que incluya su nombre, dirección y fecha.
Presentar estas pruebas ante las autoridades puede evitar una deportación acelerada sin comparecer ante un juez. En varios estados, además, se recomienda tener listo un plan de emergencia en caso de ser detenido, incluyendo a quién dejar al cuidado de los hijos, cómo notificar a un abogado y dónde guardar los documentos importantes.
Camillus House, uno de los refugios más conocidos de Miami para personas en situación de adicción y otros “olvidados por el condado de Broward”, también acoge a personas con estatus migratorio irregular. Aunque el acceso es limitado, quienes logran entrar reciben más que un techo: pueden encontrar orientación legal y apoyo para reconstruir sus vidas y documentos junto a los abogados especializados en inmigración que trabajan en la oficina administrativa del refugio. Un trabajador del lugar, que prefirió mantenerse en el anonimato, explicó que “si alguien logra ser admitido, incluso sin papeles, puede empezar su proceso de regularización desde dentro del refugio”.
Cuenta que ha visto de todo: personas que entran sin rumbo y se quedan estancadas, absorbidas por la lucha diaria de sobrevivir, y también historias de éxito. “He visto casos donde en tres o cuatro meses logran tener todo en regla y salir adelante. No es la mayoría, pero pasa”.
Desde su experiencia, como funcionario encargado de la revisión de todos quienes entran y salen del recinto, ha notado cómo ha crecido sustancialmente el flujo de latinos en el refugio en los últimos meses. “Pero también en toda la ciudad (…), muchos vienen de paso desde otros estados, buscando una última oportunidad para reorganizar su situación migratoria”, agrega.
El espejismo de Miami: no es lo que parece
Joel Castillo, abogado cubano que en sus tiempos libres conduce Uber para complementar sus ingresos ante lo que describe como una muy mala situación económica que vive el país, define a Miami como “un espejismo”. Dice que la ciudad está revestida de promesas, pero vacía de garantías reales. Mientras maneja por las calles del famoso sector de Brickell, señala las edificaciones y explica que todo eso existe gracias al capital extranjero. La realidad, afirma, es mucho menos próspera de lo que parece. La inflación se siente como nunca antes. Para él, los precios suben, la salud pública no funciona, el transporte es deficiente y los adultos mayores deben seguir trabajando porque sus pensiones no alcanzan. “Esto aquí está podrido. Vengo de Cuba, y reconozco cuando un sistema se está pudriendo”. Sobre el trato hacia los latinos en Estados Unidos, concluye: “Esto no funciona por valores, sino por intereses, y el inmigrante es una ficha más”.
Lo paradójico es que Florida fue el único estado donde Trump obtuvo mayoría del voto latino en las elecciones presidenciales. Según una encuesta estatal publicada por Miami Phoenix, el 56 % de los votantes hispanos en Florida eligieron a Trump por encima de Kamala Harris. A escala nacional, Trump fue respaldado por el 46 % del voto latino, superando los registros históricos de Ronald Reagan y George W. Bush, según ese mismo medio.
Las consecuencias económicas de las nuevas leyes migratorias en Florida ya se están haciendo sentir en sectores claves como la agricultura, la construcción y el turismo. Según declaró la representante estatal de Florida, Anna Eskamani, demócrata, en entrevista con MSNBC, estas medidas impulsadas por el gobernador DeSantis están expulsando a las mismas personas que sostienen la base laboral del estado. A pocos días de su implementación, empresas del sector agrícola y de la construcción empezaron a reportar escasez de mano de obra. Eskamani, advirtió que la ley está agravando la crisis de vivienda asequible al dificultar la contratación de trabajadores de construcción. “Necesitamos el apoyo de comunidades diversas para sostener nuestro crecimiento (…), esta política está expulsando a muchos floridanos trabajadores, y bajo el gobierno de DeSantis no estamos viendo soluciones reales a los desafíos migratorios”, concluye.
Para Joel, el apoyo a Trump refleja una desconexión preocupante. “Los latinos pro-Trump son fanáticos. No tienen profundidad. No entienden que están respaldando a alguien que no los respalda a ellos (…), la política aquí es muy sucia, demasiado sucia. Hay mucha corrupción. Los políticos están podridos por dentro” , concluye.
Una de las promesas centrales de la nueva administración ha sido ejecutar una campaña de deportaciones masivas. La idea de utilizar las fuerzas armadas en estas operaciones en los 50 estados preocupa a organismos nacionales e internacionales. Las órdenes obligan a gobiernos locales a cooperar con el ICE. Todo esto implica un riesgo directo para millones de personas en situación irregular, muchas de ellas con familia, empleo y vida establecida en EE. UU. Laura Nataly cuenta historias de redadas en los barrios donde viven sus amigos. “El ICE llega sin previo aviso. Muchos no vuelven al trabajo. Se esconden por semanas. El miedo es real”, concluye desolada.
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Por Alana Barguil
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