Pacto contra la violencia

La diatriba ha estado traspasada por dos ejes que contienen afirmaciones descabelladas: el ultra uribismo quiere hacer ver que Santos es el padre de la violencia. Y la amalgama que gobierna, cogobierna o medra por gobernar, señala a Uribe como el autor del desorden público. Da grima ver al establecimiento político lanzándose dardos en medio de una algarabía poco constructiva. Lo primero sería fijar los hechos: El positivo legado de Uribe en materia de seguridad es enorme. En reciente intervención, Marcela Prieto, del Instituto de Ciencia Política, recordaba que la tasa de homicidios por 100.000 habitantes bajó de 66 en el año 2002 a 34 en 2010. Y los secuestros pasaron de 2.986 en 2002 a 282 en 2010. No obstante, también es cierto que al final de Uribe se presentó un repunte en la criminalidad. La tasa de homicidios alcanzó 33 en 2008 y subió a 35 en 2009. El secuestro se trepó de 213 en 2009 a 282 en 2010. Las acciones subversivas, que se habían descolgado de 437 en 2003, llegaron a su punto más bajo, 53 en 2008, para remontarse a 161 en 2009 y disminuir de nuevo en 2010 a 128. Y los actos terroristas que en 2007 fueron 316 subieron a 471 en 2020. Luego la violencia en Colombia, pese a los avances, sigue ahí. Uribe no logró concluir su tarea. Pero ni él ni Santos son los “autores” de la inseguridad. Hay un hilo continuo de violencia. Los políticos discuten como si Sucre no hubiese sido asesinado. La Ley de Justicia y Paz rindió frutos importantes: miles de desmovilizados, varios extraditados, dejación de armas en volúmenes gruesos. Pero también es una tarea inacabada. No es de extrañar que paramilitares, desmovilizados o no, sean parte de las bandas criminales, con mayor razón cuando el narcotráfico sigue y la frontera entre éste y el paramilitarismo puro es difícil de establecer. En un escenario de esta gravedad, y ante la percepción del deterioro del orden público, lo sensato no es entrar en un pugilismo verbal inútil, sino aunar fuerzas para continuar una tarea que no ha terminado. Y lo estrambótico es que la reyerta surja en las filas de ardientes defensores del sistema político. Para superar esto, deberían darse tres pasos: examinar la verdad de los hechos de violencia. Precisar qué hay detrás de la alarma social que han producido algunos crímenes recientes. Pero esta es una discusión metódica, con cifras en la mano, oyendo a los gremios, a las regiones, a la Fuerza Pública y, claro, a los políticos. Pero con seriedad y rigor. Segundo, convocar a la nación a deponer divisiones artificiales para continuar enfrentando las graves amenazas, aún vivas. Y, por fin, concluir esta tarea con una especie de Pacto contra la Violencia, a fin de enfrentar sin fisuras la criminalidad. El líder natural de esto es el presidente, lo cual no implica tumbar al ministro, una petición verdaderamente extravagante. Una discusión planteada en los términos de gallinero que hemos visto, sólo les sirve a los delincuentes. Alfonso Cano debe estar muerto de la risa.