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SI SE HA CUMPLIDO EL CRONOGRAma, Guillermo Solórzano, Salín Sanmiguel, Henry López, Marcos Baquero y Armando Acuña, secuestrados por las Farc, hoy estarán de nuevo con sus familias. Deben su liberación al tesón de la exsenadora Piedad Córdoba, que no conoce lo que significa claudicar y quien asegura que en julio quedarán en libertad los demás secuestrados.
La posibilidad de negociar con las Farc vuelve al debate público. Inevitable hacer preguntas: ¿son las liberaciones el principio del fin del secuestro? ¿La cuota inicial de la negociación? La muerte de Jojoy en la ‘Operación Sodoma’ y el fracaso de la estrategia para cercar a Bogotá, ¿golpes que las llevan a pensar en serio en una solución negociada? La invitación que hizo Cano a Santos un mes antes de asumir la Presidencia, ¿señal de disposición al diálogo? ¿O se trata, más bien, de la misma vieja treta para buscar oxígeno, de la baja de un pez gordo más, del mismo trillado discurso pero maquillado con reflexiones sensatas?
Las dudas son muchas, pero, aun así, el presidente no ha cerrado las puertas del diálogo. Pero con condiciones, como lo reiteró el martes pasado cuando dijo que las liberaciones no bastan y exigió pruebas contundentes para “siquiera pensar en una posibilidad de diálogo”: renunciar al terrorismo, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión y a la intimidación.
Las cartas están sobre la mesa, pero la mano no da para definir el juego en el corto plazo. Difícil que las Farc acepten el plante del Gobierno. Querrán forcejear, pero su margen de maniobra es mínimo por la degradación de sus métodos de lucha y su contaminación con el narcotráfico.
El clima social no es favorable, el rechazo es unánime. Malversaron oportunidades únicas e irrepetibles como la Constituyente del 91 y los diálogos del Caguán, y ya nadie les cree. Además, el éxito de operaciones como ‘Fénix’ y ‘Sodoma’, así como el rosario de desmovilizaciones individuales, alimentan la creencia de que es posible su derrota militar. La sola mención del término “negociar” produce alergia generalizada.
Sin embargo, según afirmó este periódico en su edición del miércoles pasado, “Gobierno y Farc tantean el terreno”. Surgen, entonces, más preguntas: ¿qué puede plantearle Cano al Gobierno que sea aceptable? ¿Qué tratamiento les daría el Gobierno a las Farc si el viejo modelo de amnistías e indultos ya no es aplicable? ¿Ley de Justicia y Paz? ¿Cano y el secretariado aceptarían cárcel? ¿Extradición para los comprometidos en narcotráfico?
Al cuadro de incertidumbres cabe sumarle un factor político que también conspira contra la negociación: es año de elecciones y cualquier paso en esa dirección, por minúsculo que sea, sería el pretexto perfecto para que el expresidente Uribe pase de las balas de fisto a la artillería pesada contra el Gobierno, que ya bastantes problemas enfrenta para hacer realidad las leyes de víctimas y de tierras —la gran apuesta de Santos para aclimatar la paz—, que no son bien vistas por su antecesor y los sectores radicales que lo apoyan.
Pero aun si el Gobierno lograra llegar a un acuerdo con las Farc, éste no significaría el final del conflicto. Hoy la mayor amenaza para la sociedad y el más grande desafío para el Estado son las bandas criminales, reciclaje del paramilitarismo y subproducto de un proceso de desmovilización mal hecho. Negociar con las Farc no es prioritario, pese a las puertas abiertas. Mientras llega el momento —si llega—, la consigna del Gobierno es “arreciar, arreciar y arreciar”. Y a juzgar por los atentados de las primeras semanas del año en Huila, Antioquia y Arauca, el propósito de las Farc es “resistir, resistir y resistir”.