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“A Ómar Carvajal lo conocí cuando éramos niños, compartimos toda la infancia. Toda su vida vivió en Bosa, era un muchacho trabajador, de barrio popular. Su pasión era el Atlético Nacional y pertenecía a una de las barras en la localidad. Como muchos, frecuentaba el Parque de las Artes, en el barrio Laureles. Al parecer, terminó involucrado con bandas de la zona y lo asesinaron por cruzar una frontera invisible, establecida por el poder criminal del sector”.
Así describe el concejal Venus Albeiro Silva a una de las víctimas de la guerra territorial en su localidad y la cual denunció ante el Concejo de Bogotá, donde expuso la compleja situación que viven los vecinos del Parque de las Artes, que el viernes 24 de noviembre fueron testigos del asesinato de Carvajal.
El crimen ocurrió en la carrera 80K, entre calles 72 y 73 Sur, a pocas cuadras del parque donde él creció jugando fútbol y a las escondidas. Sujetos en una moto le dispararon a él y a Brayan Pérez. Ambos murieron en el Hospital de Bosa. Este hecho dejó una tercera víctima, que habría muerto de un infarto fulminante, tras quedar en medio de la balacera.
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Hechos como el asesinato de Ómar y de Brayan, lamentablemente, se han vuelto comunes. “Es increíble que en Bogotá tengamos fronteras invisibles. Hoy, el Parque de las Artes, se ha vuelto el epicentro de los jíbaros y de la delincuencia más brava de la localidad de Bosa. Actualmente, en los límites del parque, existen cuatro líneas de distribución de droga, en menos de seis cuadras”, dijo Silva ante el Concejo, el martes 28 de noviembre.
Las líneas (o bandas) de microtráfico que se disputan el control de las rentas de la zona son, de acuerdo con la denuncia y con testimonios del sector,: la línea de Alameda, la línea Azul, la línea de los venezolanos y la línea del norte. Al parecer, a raíz de los continuos enfrentamientos, como si de un espacio comercial constituido se tratara, los grupos en disputa, de alguna manera, se distribuyeron la zona por cuadras con el fin de no llamar la atención de la policía y traficar tranquilos.
Pero los problemas aumentaron, y los enfrentamientos a cuchillo y las balaceras se empezaron a volver frecuentes. La ley es sencilla: quien pase su frontera, o venda en la zona del otro, puede pagar con su vida. Los sectores donde las bandas establecieron las fronteras invisibles, alrededor del Parque de las Artes, son los barrios Naranjos, la Alameda, Laureles, Primavera, Carlos Albán, Villa Anny y el sector que los residentes de la zona conocen como “el pulguero”.
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¿Qué dice el vecindario?
La denuncia del concejal Silva la ratifican los vecinos de las calles aledañas al Parque de las Artes, quienes indican que el problema con el microtráfico es grande y no es novedad para las autoridades. “Lo sabe la Policía, la alcaldesa local y la mayor, lo sabe todo el mundo, pero nunca pasa nada. No podemos seguir pensando que porque agarran a uno de los jíbaros, con no sé cuántas dosis, entonces ya se solucionó todo”.
Y agregan: “Hay que desmantelar las bandas y eso se logra cogiendo a los jefes. Mientras eso no pase, seguiremos encontrando muchachos muertos en las calles de la localidad”, le contó a El Espectador un integrante de la junta de acción comunal del barrio Laureles, quien prefiere mantener su nombre en reserva por motivos de seguridad.
“Laureles, Naranjos y Alameda, entre otros barrios, se nos están saliendo de las manos. Se están volviendo plazas de compra, venta y consumo, ante la mirada de las autoridades. Es clave aclarar algo, no desconozco el trabajo de la policía, porque la situación podría estar peor, pero no alcanza, ¿Qué logramos con sacar a dos jíbaros, si a la semana llegan cuatro? Es un círculo que no termina mientras no agarren a los duros”, insiste el líder barrial.
Hay factores que estimulan la delincuencia, que no están bajo el control de la comunidad, y por más que los vecinos tengan la voluntad de cambiarlo, simplemente no pueden. Un ejemplo son las obras abandonadas, que facilitan la comisión de delitos. Los crímenes cometidos el pasado 24 de noviembre sucedieron en una obra que, según la junta de acción comunal de Laureles, lleva más de un año abandonada. “Esa obra fue priorizada por la Alcaldía Mayor y la dejaron botada. ¡Qué tal que no estuviera priorizada!”.
Aprovechando que ni siquiera las motos de policía pueden pasar, porque la calles están destruidas, los delincuentes se adueñaron de las tres o cuatro calles que permanecen en obra negra, las cuales, dicho sea de paso, se volvieron territorio vedado para los vecinos. Un factor no menor que es importante resaltar, es que el CAI de Laureles queda en el Parque de las Artes, mismo espacio que las bandas se disputan a sangre y fuego. ”La sola presencia de la Policía no es garantía. En ese parque venden y consumen con la Policía al lado y no pasa nada. Más que la presencia, necesitamos su intervención”, puntualizó el líder comunitario.
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Las autoridades proceden, pero no alcanza
“En la jurisdicción de Bosa tenemos constancia de la existencia de, al menos, ocho bandas organizadas de microtráfico. Hemos identificado, por ejemplo, que algunos integrantes pasan la frontera con el municipio de Soacha, delinquen acá y se regresan”, le contó a El Espectador el mayor William Moreno, comandante de la estación de policía de Bosa.
“En el caso de los crímenes cometidos el viernes pasado en el Barrio Laureles, en efecto, responden a un tema de ajuste de cuentas y rencillas entre lo que se conoce en el argot callejero como ‘líneas de tráfico’. La acción policial, en lo que respecta a los alrededores del Parque de las Artes, está enfocada a establecer quiénes integran cada organización criminal, además de constatar las fronteras que estos grupos crearon, para dividirse la actividad criminal del sector”, enfatizó el uniformado.
¿Y la solución?
La problemática, como se ve, tiene aristas complejas, que no se pueden resolver en pocos días. El mayor Moreno asegura que las investigaciones están en curso y que el desmonte de varias de estas estructuras criminales se avizora inminente.
Lizeth González, alcaldesa de la localidad, sostuvo, en diálogo con El Espectador, que durante su administración, en materia de seguridad, su gestión consistió en “garantizar operatividad permanente, estar en la calle, en el comercio, generar capturas y operativos en trabajos articulados con la Policía Nacional”. Sin embargo, la comunidad no percibe lo mismo.
Para la Junta de Acción Comunal de Laureles, la intervención debe ser integral: “nos sentimos olvidados por la administración local. No solo es el tema de las obras inconclusas, es una problemática que viene de años y que se agravó con la poca, por no decir nula intervención de la alcaldía local, porque esto no es solo un problema de la Policía. La gente tiene miedo de salir por la noche, o por la mañana a dejar a sus hijos en el colegio. Tiene miedo incluso de mandarlos al colegio. Es necesario recuperar la pertenencia por el barrio, que la gente sienta que es propio y no de los delincuentes.”.
Números negros
De acuerdo con el Análisis General de Delitos de la Secretaría de Seguridad, con corte en octubre, durante el 2023, en Bosa se presentaron 94 homicidios. Cifra que supera en 19 casos los homicidios registrados durante el mismo periodo de 2022, que fueron 75.
Por otro lado, de acuerdo con el último Boletín de seguridad de la localidad de Bosa, la mayor cantidad de homicidios reportados durante el año, con corte en septiembre, sucedieron en los sectores centrales y occidentales de la localidad. Llama la atención que los barrios mencionados en la denuncia del Silva están ubicados entre esas dos delimitaciones.
La alcaldesa Lizeth González se refirió a los índices de crímenes, a la exacerbación de la violencia y a la dificultad que implica lograr reducir esos indicadores: “tenemos cifras bastante difíciles en materia de seguridad. De hecho, todos los indicadores de este año están en reducción, salvo el de homicidio, que ha sido muy difícil de controlar”.
Ante el inconcluso panorama, los residentes de los barrios ubicados en cercanías del Parque de las Artes, solo esperan que sus denuncias sean escuchadas, para que el temor y la zozobra que actualmente les produce caminar las calles de su propio barrio, no sean más que un mal recuerdo.
Durante su intervención, el concejal denunciante solicitó una reunión urgente con el secretario de seguridad Oscar Heredia y con el comando de la Policía de Bogotá. Se espera que esta reunión se concerte en los próximos días para definir la ruta a seguir en los esfuerzos por romper las el circulo vicioso del microtráfico en la localidad.
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