Crónica de una polémica anunciada

Pero más tardó la Comisión en dar a conocer las decisiones, que los expertos en señalar las inconsistencias en el proceso, los actuales concesionarios en manifestar su malestar y el Gobierno en interceder y solicitar la revisión del proceso por parte de un tercero.

El martes 2 de diciembre, la junta directiva de la CNTV, en cabeza de María Carolina Hoyos Turbay, y la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, anunciaron que, de acuerdo con el estudio realizado por las bancas de inversión contratadas, en Colombia sería aprobada únicamente una licencia para un tercer canal privado, cuyo precio estaría oculto, por haberse escogido el mecanismo de subasta pública para adjudicarlo, y que los actuales concesionarios deberían pagar como prórroga un valor fijo de US$82 millones y uno variable, equivalente al 7,5% de los ingresos brutos del canal durante el tiempo de operación de la concesión.

Las críticas empezaron a llover y los llamados de atención no tardaron en llegar. El principal foco de polémica fue la no publicación del precio base de la subasta de adjudicación del tercer canal, pese a que el valor de las prórrogas sí se había anunciado. El procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, pidió entonces a la CNTV que estableciera un precio y lo hiciera público, mientras que el Gobierno, a través de la ministra de Comunicaciones, anunció que Alberto Carrasquilla, ex ministro de Hacienda, sería encargado de revisar en profundidad el estudio de las bancas de inversión.

María Carolina Hoyos hizo frente a las críticas y públicamente garantizó la transparencia del proceso, fundamentada principalmente en la contratación de dos bancas de inversión independientes Correval y Esfinanzas. Sin embargo, la independencia de las dos firmas quedó en entredicho cuando Jaime Lombana, abogado de Caracol y RCN, hizo público que José Roberto Vaca, socio de Esfinanzas, también tenía participación en Correval.

De inmediato la Comisión solicitó las explicaciones respectivas, tanto a las bancas de inversión como a las dependencias de Planeación y Asuntos Legales, y el señor Julio Roberto Vaca explicó que su participación del 1,7% en Correval corresponde a unas acciones que adquirió hace cinco años, cuando era empleado de esa firma, y que esa información se puso en conocimiento de la Comisión.

No obstante, Caracol y RCN insisten en que el proceso ha carecido por completo de transparencia. Más aún cuando de forma extraoficial, el pasado lunes se conoció que Alberto Carrasquilla dio su aval al estudio de las bancas de inversión y, de otra parte, a oídos de Jaime Lombana llegaron rumores de que el valor de la licencia del tercer canal podría oscilar alrededor de los US$7 millones, precio que no guarda ninguna proporción con el fijado para la prórroga que deberán pagar Caracol y RCN. Lombana señaló que, de ser cierto ese rumor, los concesionarios podrían entablar una demanda contra el Estado por desigualdad.

Eduardo Noriega, ex comisionado de la CNTV, señala frente a todo este debate que no sólo son ilegales algunas de las conclusiones a las que llegó el estudio de las bancas de inversión (como la escogencia del mecanismo de subasta pública para la adjudicación del tercer canal), sino que la intromisión del Gobierno, al anunciar la contratación de Carrasquilla, es inconstitucional, pues interfiere con la autonomía de la CNTV. Noriega también cuestionó la designación de Carrasquilla para revisar los aspectos jurídicos del estudio, sin ser abogado, sino experto economista.

Paulo Laserna y Gabriel Reyes decidieron entonces apelar “a los buenos oficios del presidente Álvaro Uribe”, con quien se reunieron en Palacio el pasado jueves para reiterarle su solicitud de transparencia en el establecimiento del costo de la

prórroga para ambos canales. Asimismo, solicitaron celeridad en el proceso, teniendo en cuenta que el contrato de adjudicación inicial vence el próximo 10 de enero. Pidieron también un trato más equitativo, como empresas nacionales que han trabajado por el país, frente a las extranjeras que buscan la licencia del tercer canal.

Pero en palabras de Tulio Ángel, presidente de Asomedios, el problema de fondo va más allá de las decisiones de la CNTV y tiene que ver con las dimensiones que ha adquirido la televisión pública y la dificultad para hallar fuentes de financiación distintas a la televisión privada. Ángel comparte que el valor fijado por la Comisión para las prórrogas acabaría con la industria, como lo manifestó oficialmente Caracol Televisión, cuando dijo que el pago de una prórroga como la planteó la CNTV haría inviable su negocio.

Entre tanto, el viernes pasado la Junta Directiva de la CNTV llevó a cabo una reunión extraordinaria en la que exploraron los distintos mecanismos jurídicos que existen para firmar la prórroga con los canales, a pesar de no haber llegado a un acuerdo todavía en cuanto al precio. Una de las posibilidades exploradas es la de firmar los puntos del contrato en los que hay consenso, pues desde hace cuatro meses la CNTV trabajaba en el documento con los directivos de los canales y diferir, en el plazo que se convenga, los puntos en los que persisten las diferencias, es decir, el precio y las cláusulas de riesgo.

No obstante, al cierre de la sesión del viernes no se había definido nada. “Ojalá antes de Navidad se puedan firmar las prórrogas”, declaró el comisionado Ricardo Galán al final de la jornada. Así las cosas, el debate sigue en aumento, mientras el tiempo se reduce.

Comunican S.A. hace parte del grupo de medios al que pertenece Caracol TV.

Proponentes piden la palabra

Los proponentes para el tercer canal, Planeta, Prisa y Cisneros, quienes hasta el momento habían mantenido reserva frente a la polémica desatada por los anuncios de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), entraron en escena el jueves de la semana pasada, cuando se reunieron con la Junta Directiva del ente para conocer a fondo los resultados de los estudios presentados por las bancas de inversión Correval y Esfinanzas.

Según el comisionado Juan Andrés Carreño, los proponentes, además de manifestar su interés en tener mayor participación dentro del debate, comunicaron sus observaciones frente a las conclusiones del estudio

Para los representantes del grupo Prisa, las cifras en las que se basó el estudio fueron “muy conservadoras”, puesto que, para el conglomerado español, sí habría espacio para un cuarto canal. Por el contrario, el Grupo Cisneros, de Venezuela, estuvo de acuerdo con que, teniendo en cuenta el contexto económico mundial, sólo es viable la licencia para un tercer espacio.

Varios puntos para revisar

Además de solicitar que se haga público el valor del tercer canal, para garantizar equidad en el proceso, Caracol Televisión y RCN Televisión también piden que se revisen datos en el estudio de las bancas de inversión, como el valor de la pauta y la estructura de costos de los canales.

En los estudios se estipula como base de las proyecciones para 2008 un crecimiento del 12,7% en los ingresos por pauta de los dos canales, sin tener en cuenta que, a diciembre, se percibió una caída del 1,0%.

De otra parte, proyectan un margen de utilidad operativa que equivale al doble del real. Los canales insisten en que, al no conocer el modelo de proyección utilizado, desconocen qué otras imprecisiones contiene el documento.