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Constituyente, ¿una solución para las reformas más urgentes?

El escándalo del magistrado Jorge Pretelt abre el debate sobre si una Asamblea Nacional Constituyente puede ser útil para reformar a la justicia. Las Farc y el uribismo son partidarios.

Horacio Serpa / Horacio Serpa
Horacio Serpa / Horacio Serpa

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Desde hace unos años solo hay dos voces en Colombia que se han levantado para pedir una Asamblea Nacional Constituyente: la del expresidente Álvaro Uribe, y la de las Farc. Sin embargo, la crisis que vive la Corte Constitucional por cuenta de las presuntas ‘coimas’ que supuestamente habría cobrado el magistrado Jorge Pretelt, ha conseguido que la idea gane adeptos.   Mientras el escándalo del presidente de la Corte crece con nuevas revelaciones, las Farc, desde La Habana (Cuba), donde se adelanta el ciclo 34 de diálogos, sostuvieron que a esta organización guerrillera no se le puede exigir someterse al sistema de justicia colombiano, pues el caso Pretelt, argumentaron, es una muestra del corrupción que lo rodea.  “Colombia demanda un análisis a fondo sobre lo que está ocurriendo con el desacreditado sistema judicial, vergüenza de la nación. Necesita urgentes cambios institucionales que no podrán venir sino de una Asamblea Nacional Constituyente. El país no merece tener un presidente de la Corte Constitucional como el señor Pretelt, corrupto magistrado que refleja la degradación de la institucionalidad colombiana, de un sistema que se autodenomina Estado de Derecho, cuando está plagado de corrupción, sobornos enmermelados, a favor de intereses privados, mafiosos y violentos», expresó el sábado pasado el comandante guerrillero ‘Pablo Catatumbo’, uno de los negociadores de las Farc en Cuba. Y aunque esta era una declaración esperada, lo que no se previa era que algunos sectores políticos apoyarán la idea. Lo hizo, por ejemplo, el senador liberal Horacio Serpa, que fue presidente de la Constituyente de 1991, para quien un proceso en ese sentido puede ayudar a resolver dos situaciones: los eventuales acuerdos de paz con las guerrillas, y la profunda reforma a la Rama Judicial. Para lo primero, explicó el congresista, se podría incluir en la refrendación de los acuerdos con las Farc una pregunta para saber si los colombianos quieren una constituyente y que esta se haga cinco años después de firmado el acuerdo de paz. Y en cuanto a la reforma a la justicia , Serpa cree que se necesitan cambios de fondo. “No es solamente la reforma de la justicia, sino la reforma del Estado, pero pienso que eso debe hacerse cuando en esta materia de la paz se tranquilicen las aguas. La constituyente que yo planteo es para que haya una nueva Constitución Nacional, ya que la del 91 está terminando de cumplir sus objetivos, ha sido reformada 40 veces”, expresó el político santandereano.  Desde la orilla del uribismo, el excandadidato a la vicepresidencia Carlos Holmes Trujillo, también se mostró de acuerdo con convocar a una asamblea constituyente para lograr la reforma a la justicia que el país necesita. “Aquí no estamos frente a la necesidad de apenas una reforma, ni de acciones de índole administrativa, sino frente al requerimiento, porque así lo demuestra el estado de la opinión pública, de darle una nueva legitimidad al poder judicial”, explicó. Por parte del Gobierno, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le salió al paso al debate y descartó de plano la opción. “No es conveniente hablar de una constituyente. El Gobierno cree que a través de los mecanismos ordinarios del Congreso de la República, como se está haciendo con la reforma al equilibrio de poderes, se pueden hacer los ajustes que necesita la justicia. Este no es el momento de la creatividad y las propuestas improvisadas, es el momento de actuar con mucha serenidad, profundidad, para atacar el episodio coyuntural en la Corte Constitucional”, precisó Cristo. Por ahora, la constituyente es una propuesta marginal, pero a juzgar por el clima político del país, en el que avanza un proceso de paz con las Farc, al ritmo en que fuertes escándalos de corrupción salpican a magistrados, miembros de la Fuerza Pública y funcionarios de las entidades nacionales y municipales, es previsible que la propuesta seguirá escuchándose en uno que otro escenario. Y quizá en un futuro no tan lejano tenga más adeptos y sume  lo suficiente como para poder hacerse realidad. 

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