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RAZÓN LE SOBRA AL PROCURADOR para no aceptar la presencia de Baltasar Garzón como asesor de derechos humanos en Colombia.
Garzón, ícono de la ‘izquierda divina’, no es exactamente un cúmulo de virtudes. Según la prensa española, los mismos días en que juzgaba a Emilio Ybarra, presidente del BBVA, el catón ibérico concretaba un patrocinio del mismo banco por US$200.000. Como es obvio, la investigación contra el banquero fue archivada. La periodista Salud Hernández Mora (El Tiempo, enero 30/11), añade: “…el orfón que aclama a Garzón, en lugar de analizar las denuncias, recurre al manido truco de descalificar como ultraderechistas, fascistas a quienes discrepen de su pensamiento monocolor”. Mal hace el Gobierno de traer a Colombia a este juez codicioso y pantallero. En España cuentan que hay varios lisiados que tuvieron la imprudencia de colocarse entre este fantoche y una cámara de televisión.
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La siniestra alianza Farc–Bacrim estaba cantada hace mucho tiempo. Ambas bandas criminales no sólo comparten el narcotráfico a gran escala, armas, rutas de droga, laboratorios de coca y heroína, escuelas de sicarios y oficinas de cobro, sino la misma falta de escrúpulos, de principios, de ética y de moral. Hoy las Bacrim tienen 8.000 hombres y los narcoterroristas, 12.000. Si este diabólico amancebamiento de asesinos no se contiene a tiempo, en los próximos cinco años pueden llegar a ser un ejército de 50.000 bandoleros. No cabe la menor duda de que el país está expuesto al recrudecimiento del secuestro, en donde los integrantes de las Bacrim se encargan de llevar a cabo el plagio para entregarles la víctima a las Farc. Teodora, naturalmente, estará presta a facilitar los intercambios humanitarios, que se prolongarán —con la idiota complicidad de algunos— de manera indefinida. Días aciagos nos esperan si el Gobierno no se amarra los pantalones.
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Excelente la decisión de la Alcaldía de instalar cámaras para la seguridad y el tráfico en los puntos claves de la ciudad. La Policía tiene conocimiento de aquellos lugares donde los raponeros operan con toda impunidad, como la séptima con 34 y la 85. Instalar cámaras en todos los lugares críticos de la ciudad con certeza va a disuadir a muchos cacos y conductores irresponsables. Por otra parte, las multas registradas por las cámaras que le llegan al propietario del vehículo o moto por diferentes violaciones al Código de Tránsito son un disuasivo bastante más eficaz que un agente al que se puede comprar o, en últimas, intimidar. Un reciente estudio en EE.UU. ha demostrado que las cámaras reducen de manera significativa los accidentes de tránsito. Lo que la Alcaldía debe tener en cuenta es que hay multas de cámara inoficiosas, como aquellas a los vehículos que tienen permiso para circular los días de Pico y Placa.
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No puedo estar más de acuerdo con la apreciación del exfiscal Gustavo de Greiff en la columna de El Tiempo (enero 23/11): “La legalización, entendida como regulación de la producción y el consumo de las drogas narcotizantes y psicotrópicas mencionadas, acompañadas de campañas educativas y de salud pública, disuasorias del consumo, les arruinaría el negocio a los narcotraficantes y a los corruptos”.
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Los gobernadores afirman que el 75% del licor que se consume en Colombia es de contrabando. Pero en vez de entender las causas de este fenómeno y buscar soluciones más acordes con los niveles óptimos de tributación y la vigencia —en un mundo cada día más integrado— de los monopolios departamentales, lo que proponen es que el 100% del licor sea de contrabando. Estupidez igual no existe en los anales de la historia patria.