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La Corte Constitucional le ha dado vía libre al Congreso en la decisión sobre las objeciones estratégicas del Gobierno para hundir la JEP entre una burocracia de puñales. El plazo será hasta el 20 junio, cuatro meses antes de una jornada electoral que capitalizará una vez más el uribismo para usar el odio y el aturdimiento a su favor. Las discusiones, que no serán más que apuestas internas entre el mejor postor, usarán el contexto hasta que el juego electoral cumpla su ciclo y sus efectos. Después de asegurar otros bastiones en regiones estratégicas para asegurar otros plazos a sus dominios, recurrirán a la siguiente alternativa cuando la Corte Constitucional haya emitido su juicio, que por legalidad será contrario a sus deseos: discutirán entonces la inconveniencia de la Corte, y tendrán el panorama perfecto para proponer la asamblea constituyente que necesitan para asegurar sus riendas sobre este enorme establo de insurgencia indomable.
El delicado presidente del Congreso, Ernesto Macías, lo sugirió esta semana sin temblor: “Si el Congreso le introduce modificaciones, sí regresará a la Corte, de lo contrario, no tiene que ir”. El desacato ya está anunciado y la amenaza está sobre la mesa: si las decisiones del Congreso coordinan con sus deseos, lo tramitarán como una orden, si les afectan lo desconocerán. La Corte sigue siendo ese anatema que nunca olvidan desde los tiempos en que le impidió a su caudillo delirante perpetuarse en el trono por todos los siglos, y la recuerdan como esa institución que nunca se rindió a su poder y que tuvieron que torpedear para ejercer el control que les ordena la naturaleza de la mafia. No lo permitirán otra vez, y para eso cuentan con un bastión electoral que los defiende contra todas las pruebas reinas que los incriminan y contra toda lógica y razón, y pese a toda la historia. Es la última piedra que les impide el absolutismo, y no les quedará más que usarla de nuevo como un fortín infiltrado para proponer una constituyente que les devuelva la solemnidad y la pureza de sus prioridades: absolver a sus héroes condenados y condenar toda disidencia a la oficialidad.
El Congreso estaría cometiendo prevaricato al acceder al nuevo juego de la distracción, pero un delito más en el prontuario no es escándalo. Tienen ahora la ventaja de un nuevo tiempo postergado para opacar la oscuridad de sus alfiles: el fiscal que los defiende a muerte porque de ellos depende su libertad, el senador presidente que sigue distrayendo la atención de su enorme de estela de ejércitos irregulares y bandas atomizadas, y su larga comisión de burócratas que seguirá sosteniendo la conveniencia de la guerra por el bien de sus hectáreas de tierra y el silencio de sus crímenes. Por las buenas maneras diplomáticas o por la fuerza, su única opción práctica para continuar en la historia es la destrucción del orden jurídico que los empieza acorralar. Necesitan una implosión para vivir. La destrucción de todos los suelos para liberarse.