Baltasar Garzón: un personaje mediático

Desde el punto de vista mediático, no cabe la menor duda de que varias de sus determinaciones tuvieron gran acogida, como cuando ordenó detener a Augusto Pinochet, puso al descubierto la trama de los GAL, impulsó un proceso por los crímenes del franquismo e intensificó la presión sobre Eta. Pero la motivación de sus decisiones no ha estado libre de cuestionamientos. Los GAL fueron un grupo para-policial dedicado a combatir de manera ilegal el terrorismo, que entre 1983 y 1987 habría asesinado a 27 personas. Nunca ha sido claro por qué Garzón impulsó esa investigación sólo después de que abandonó su breve carrera política en las filas del PSOE, movimiento político por el que en 1993 fue electo diputado y posteriormente designado en un alto cargo del Ministerio del Interior. ¿Acaso cuando ingresó a las filas del PSOE con aspiraciones (al final frustradas) de ser ministro de Justicia no sabía que algunos de sus más altos dirigentes estaban siendo acusados por sus vínculos con los GAL?

También llama la atención que después de la caída del gobierno de Felipe González (en buena parte debido al escándalo de los GAL), Garzón haya intensificado su lucha contra Eta ampliando de manera poco clara el concepto de actividad terrorista. En el ámbito político fueron actuaciones bien recibidas por el gobierno de turno (el de Aznar), pero en lo jurídico se lo cuestionó por no atender las denuncias que por tortura formularon algunos de los acusados, por cerrar medios de comunicación de orientación separatista y por conseguir la ilegalización de Batasuna, partido político afecto a la independencia del País Vasco. Incluso su decisión de iniciar un proceso por los crímenes franquistas inquieta. ¿Por qué si es magistrado de la Audiencia Nacional desde 1988 y los hechos ocurrieron hace 70 años, sólo abrió un proceso en 2010, justamente el año en el que su nombre sonó como candidato al Premio Nobel de Paz?

Pero no todo son suspicacias. Garzón está siendo procesado por prevaricato, por haber fallado una querella a favor del presidente del Banco Santander, después de haber obtenido de él dineros para participar en unos cursos en Estados Unidos. Se le cuestiona por no declarar esos ingresos y por archivar una denuncia contra Emilio Botín, a quien cariñosamente llamaba “querido Emilio” en la carta donde le solicitaba apoyo económico. Otra acción penal por prevaricato avanza en su contra por ordenar la investigación de crímenes del franquismo, desconociendo una ley de amnistía válidamente expedida por un parlamento democráticamente elegido y votada incluso por el partido comunista español. Una tercera acusación contra Garzón tiene que ver con su decisión de ordenar interceptaciones ilegales de abogados defensores, en desarrollo de un proceso a su cargo.

Si la idea del gobierno es designar como asesor a un personaje mediático, no hay duda de que Baltasar Garzón lo es; pero si lo que busca es un verdadero experto en los aspectos jurídicos del derecho penal internacional, ajeno a compromisos políticos, hay mejores candidatos dentro y fuera del país.