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La misma ideología del No al Acuerdo de Paz guía la agenda política del Gobierno. Así como la oposición a la fallida negociación de Pastrana en el Caguán catapultó a Uribe a la Presidencia, la oposición al Acuerdo logrado por Santos en La Habana le permitió elegir a Duque. Santos negoció con las Farc sin permiso de Uribe y ahora Duque tampoco tiene permiso para cumplir lo acordado, aunque haya quedado plasmado en la Constitución.
Su guardiana, la Corte Constitucional, se las tendrá que ver con Uribe si quiere preservar la integridad del Acuerdo de Paz. Uribe anunció, a través de Duque, que presentará los proyectos de reforma a la Constitución necesarios para que la JEP deje de ser el tribunal de cierre del conflicto armado y para que los militares sean juzgados por la justicia ordinaria, si se les prueba que violaron los derechos humanos.
Como para Uribe no hay conflicto armado en Colombia, no podría aplicarse el derecho internacional humanitario, que regula los conflictos internos con base en la distinción entre muertes legítimas de combatientes en acciones militares y asesinatos de civiles ajenos al conflicto. Esa línea divisoria se diluyó durante su gobierno con los falsos positivos.
Al intentar anular la JEP como corte de cierre del conflicto, irrespetando los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, Uribe quiere desmontar la obligación de los militares y policías de contar la verdad a la justicia transicional, para evitar que esa suma de verdades apunte al verdadero responsable de la contrainsurgencia durante sus ocho años de gobierno. Como dijo indignado Rito Alejo del Río, quien fue homenajeado por Uribe como “pacificador de Urabá”, los comandantes recibieron órdenes de los superiores civiles y aguantaron una presión insoportable para entregar resultados. Los sacrificios humanos, igual que los aztecas, se hicieron para aplacar la ira de los dioses.
Muchos oficiales se ocuparon de producir resultados para aflojar la presión, hasta sobrepasar los 5.000 falsos positivos. Ahora se les abandona a su suerte como responsables de violar los derechos humanos porque, se les dice, en Colombia no había el conflicto armado que costó tantas vidas y mutilaciones a sus hombres. No tienen, por tanto, el derecho de cerrar sus expedientes y pasar la página como fruto de la paz con las Farc, pues es preciso desmontar esa falsa paz de Santos acabando la justicia transicional. Al destruir la JEP, Colombia dejaría de hacer justicia interna y abriría la puerta a las sanciones mucho mayores que puede aplicar la Corte Penal Internacional a los máximos responsables de los falsos positivos, como conclusión de las indagaciones preliminares abiertas desde 2004 sobre crímenes de guerra.
Al oponerse a la justicia transicional para los militares y policías, con su carga de verdad para las víctimas, Uribe se protege mientras deja expuestos a los oficiales involucrados a la justicia ordinaria y la internacional, al mismo tiempo que debilita el cumplimiento del Acuerdo de Paz y estimula el retorno de los desmovilizados a las armas.
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